Ya no sólo será un asunto de mera voluntad política. Ya no sólo será un asunto de contentillo o de discursos bonitos durante las campañas políticas. Para combatir la violencia contra las mujeres se cuenta ahora con una nueva ley que puede significar un avance sustancial en la solución de tan grave problemática.
El pasado viernes fue publicada, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Esta nueva ley trae varias novedades en la materia y no pocas buenas noticias para las mujeres que padecen violencia.
Para empezar, tipifica todos los tipos de violencia: física, emocional, económica y sexual. Apunta, asimismo, que la indiferencia, el desamor y los celos extremos también son agresiones contra la mujer. Además, añade un tipo más que no figuraba en ningún código penal o civil: la violencia patrimonial, a la que define como cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima.
Hay más. En la ley se reconoce la violencia feminicida. Este concepto -de acuerdo con la antropóloga feminista Marcela Lagarde, quien acuñó el término- se refiere al «genocidio contra mujeres, y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres…»
De acuerdo con la también ex diputada federal, componentes fundamentales del feminicidio son la negligencia, omisión y colusión de autoridades encargadas de prevenir y combatir esos crímenes; un Estado que no da garantías a las mujeres ni crea condiciones de seguridad para sus vidas; y un ambiente ideológico y social de machismo y misoginia.
La nueva ley no sólo reconoce la violencia feminicida sino que señala que la Secretaría de Gobernación podrá declarar una «alerta de violencia de género» cuando en un territorio determinado los delitos contra las mujeres «perturben la paz social».
Y en este punto bien podemos acordarnos de Ciudad Juárez, claro, pero no únicamente. Según la Comisión de Feminicidios de la pasada Legislatura federal, en el Estado de México se registran uno de cada cuatro del total de asesinatos de mujeres en el país. Y en grado de riesgo le siguen los estados de Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Quintana Roo y el Distrito Federal.
Por otra parte, la nueva ley faculta a los ministerios públicos para ordenar la protección de las mujeres cuando esté en riesgo su integridad física y emocional. Y esto incluye que el agresor desocupe el domicilio y la prohibición para que se acerque al hogar, empleo o escuela de la víctima.
Asimismo, se establece la creación de un Banco Nacional de Datos sobre Casos de Violencia contra la Mujer, que tendrá que elaborar la Secretaría de Seguridad Pública, y la creación de Refugios seguros y gratuitos donde las víctimas con sus hijos e hijas puedan recibir albergue, protección, atención médica, asesoría legal y psicológica.
Para que esta ley –que prevé la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios- sea de carácter nacional, las legislaturas estatales deberán promover las reformas necesarias en un plazo de seis meses. Además, en 90 días, el presidente Calderón emitirá el Reglamento de la ley.
La nueva ley, como se puede apreciar, está llena de novedades para nuestro país. En palabras de Marcela Lagarde, principal impulsora de la legislación junto con organizaciones de mujeres y las redes feministas, «es la primera ley hecha con una perspectiva de género, donde las mujeres somos sujetos de derecho y que contiene una política de Estado que lo obliga a abatir, enfrentar, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres».
Total, esta nueva norma parece que viene cargada de esperanza. Tanto, que cuando la antropóloga Lagarde estaba impulsándola afirmó que, «Si diéramos este enorme paso, podríamos continuar construyendo mecanismos más eficaces que los que hemos tenido hasta ahora y dar un salto cualitativo para erradicar la violencia de género contra las mujeres».
Eso representa pues esta nueva ley, ni más ni menos que la posibilidad de dar un salto cualitativo en la lucha contra la violencia de género.
Falta un largo trecho, desde luego. La promulgación de una ley no garantiza, bajo ninguna circunstancia, su aplicación, ya no digamos eficiente y eficaz, sino su aplicación a secas.
Pero el primer gran paso se ha dado. En la violencia contra las mujeres hay una enorme impunidad, entre otras razones porque muchos aspectos no estaban previstos en la ley. Bueno, ahora ya están. Toca vigilar de cerca y trabajar para que no se convierta en letra muerta.
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07/CL/GG
