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Pretende PAN imponer titulares de Equidad y Feminicidio

Por Carolina Velásquez

En la Cámara de Diputados continúan sin representación dos instancias fundamentales para atender las inequidades y desigualdades que afectan a las mujeres en México: el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género y la Comisión Especial del Feminicidio.

El obstáculo, a decir de la diputada federal Martha Tagle, es la falta de un acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios respecto a quién debe presidir el Comité del Centro y la presidencia de la Comisión, dos plazas que el Partido Acción Nacional (PAN) considera «le corresponden» por ser el partido mayoritario en la Cámara.

El alegato de las diputadas del PRD, PRI, Convergencia y Alternativa, fundamentalmente, es que «atendiendo a la pluralidad» y al tipo de temas que se tratan, Acción Nacional no debe estar al frente, aunque tenga mayoría en la Cámara.

«El PAN no ha sido uno de los principales impulsores del tema ni coincide con lo que se ha señalado es el feminicidio. No ha compartido esta lucha. Es preciso generar contrapesos y equilibrios en los espacios para que otras fuerzas políticas presidan la Comisión y el Comité.

«Hay que dar una imagen a la sociedad de que hay contrapesos. No se puede ser juez y parte: el PAN ya preside el poder ejecutivo», señala Marta Tagle, de Convergencia, y autora del punto de acuerdo que propuso se nombre en esta legislación una Comisión Especial del feminicidio.

COMISIÓN ESPECIAL

En la legislatura pasada, la Comisión Especial del Feminicidio jugó un papel fundamental con relación al reconocimiento de la existencia de este fenómeno en México, con la primera investigación global sobre violencia feminicida, integrada en doce libros y un inmenso acervo documental que prueban que solamente en 2004, mil 205 niñas y mujeres fueron asesinadas en todo el país.

Cuatro niñas y mujeres fueron asesinadas cada día.

Realizada a fondo, con una metodología empírica, documental, con gestiones directas en las procuradurías de justicia y otras instituciones, la investigación arrojó que los crímenes contra las mujeres tienen un origen de género y están vinculados con las relaciones desiguales entre los hombres y las mujeres.

Se levantaron más de mil entrevistas, se firmaron acuerdos, que aún son vigentes, con seis gobiernos estatales –Guerrero, Distrito Federal, Oaxaca, Morelos, Estado de México y Chiapas- para realizar diversas averiguaciones; además de que se buscó que los gobiernos estatales se comprometieran a enfrentar el problema.

En el proceso se involucraron organizaciones civiles y sociales, algunas de ellas continúan el seguimiento de casos y hechos. Esto permitirá a la actual legislatura contar con el apoyo social para erradicar la violencia contra las mujeres y exigir las acciones que deberán emprenderse.

La irrefrenable violencia feminicida contra las mujeres, la persistencia de la impunidad, la indiferencia oficial y la urgente necesidad de actuar, es lo que animó a la diputada del Partido Convergencia, Martha A. Tagle Martínez a proponer en la LX Legislatura que se instale nuevamente una comisión especial para atender, legislar y crear política pública para enfrentar la violencia contra las mujeres, que llega a ocasionar hasta el asesinato de algunas.

Sólo en los primeros 10 meses de 2006, fueron identificados 13 homicidios dolosos contra las mujeres en Chimalhuacán, Estado de México y, al hurgar entre 790 causas abiertas de asesinatos en Toluca, fueron identificados 10 como homicidios de mujeres.

CENTRO DE ESTUDIOS

Las diputadas de la 59 legislatura impulsaron la creación del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, primero en su tipo de América Latina.

La idea de crear este Centro de Estudios surgió de la Conferencia en Pekín, que obliga a todos los gobiernos del mundo a implementar mecanismos que garanticen la resolución de la inequidad y desigualdad por género.

Para su funcionamiento, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género está integrado por legisladoras y legisladores de la Cámara de Diputados de manera proporcional, con la representatividad de cada fracción parlamentaria conformando el Comité del Centro de Estudios, su órgano de gobierno.

Este Comité es el encargado de fijar las políticas para elaborar el programa anual de trabajo, del nombramiento del director general, aprobar el reglamento interno que rija el trabajo técnico y científico, y gestionar el presupuesto del Centro.

Promover líneas de investigación, evaluación y análisis sobre la perspectiva de género que no hayan sido abordados por ninguna institución y permitan identificar acciones legislativas que promuevan el adelanto de las mujeres y la equidad es una de las funciones del centro de Estudios.

Entre sus metas están: dar seguimiento y evaluar la ejecución de las políticas públicas y los programas orientados a asegurar el desarrollo y adelanto de las mujeres, el ejercicio y el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales, que permitan mejorar la asignación de recursos públicos con transversalidad.

Proporcionar, además, a los órganos legislativos información bibliográfica, hemerográfica, histórica, jurídica, documental y estadística en materia de equidad de género y sobre salud, educación, situación laboral, participación política, migración, pobreza, ciudadanía y violencia contra las mujeres, e información de otras naciones.

También desarrollar mecanismos de clasificación y evaluación de información sobre temas relacionados con la problemática de género, difundir los estudios, investigaciones y acciones realizadas por el Centro de Estudios e instituciones afines.

Y, por último, participar en las actividades de capacitación del personal de las diversas áreas de la Cámara de Diputados y, ofrecer asesoría a los y las diputadas en temas relativos al adelanto de las mujeres y la equidad de género.

Los programas de trabajo del Centro deberán ser diseñados anualmente, analizados y aprobados a más tardar en el mes de noviembre de cada año y deben contener las actividades necesarias para proporcionar a los trabajos legislativos un registro permanente de información acerca de la problemática de equidad de género y su impacto en la situación social.

07/CV/GG

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