Los delitos sexuales son de carácter común en toda la legislación penal del país. Sin embargo el fuero militar, que es violatorio de los derechos humanos y contrario a la Constitución de la República Mexicana, ha impedido la justicia al menos en 9 denuncias documentadas en los últimos 13 años.
Los militares y su extraterritorialidad gozan de impunidad absoluta. El Ejército Mexicano no ha informado sobre el destino jurídico de los involucrados en hechos de violencia sexual contra las mujeres. La justicia civil no ha intervenido eficazmente nunca. Tampoco existe uno sólo de estos delincuentes purgando penas en las cárceles civiles.
No se rinde cuentas en caso de que «la justicia militar» haya actuado. Eso sucede al menos desde 1968.
En estos días oscuros de balance sobre los cien días de actuación del señor Felipe Calderón, es claro que este individuo está usufructuando el papel de Ejecutivo, sólo porque su garante son las fuerzas armadas.
Estamos viviendo una política autoritaria y patriarcal como no imaginamos, a pesar de los discursos de seguridad y paz.
Lo cierto es que se ha sembrado el miedo. A cada paso con los militares, en todos los actos sociales, en todas las comunidades y ciudades. Las vallas metálicas impiden a todas y todos el libre tránsito, una garantía de la Constitución.
Existe una diáspora de derrota. Hay quien piensa que no es posible esperar ninguna solución civil a los casos de mujeres violadas, golpeadas, maltratadas por los solados.
Sobre el asesinato de doña Ernestina Asensio Rosario, una indígena nahua avecindada en la sierra de Zongolica, Veracruz, el gobierno de Fidel Herrera se ha mostrado blandengue y asustadizo.
Hasta ahora no han valido ni recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni de organismos como Amnistía Internacional. Las recomendaciones se amarillentan en los archivos.
En Chiapas el seguimiento de organismos de derechos humanos habla de qué significan los solados apostados en pueblos y comunidades para las mujeres. Ahí a lo largo de más de una década, como seguro sucede en otras partes del país, los militares son fuente de toda clase de abusos, imposiciones y arbitrariedades. Las mujeres son las primeras en peligrar.
De Luis Echeverría, que usó al Ejército durante la guerra sucia, a Vicente Fox, el ejército es usado como policía. No vale ninguna intervención del Congreso.
Así que el reclamo de doña Rosario Ibarra, hecho el 8 de marzo en el Senado, por el asesinato de doña Ernestina, quedó en el anonimato en los medios de comunicación.
La cronología de los delitos sexuales que relató en agosto pasado la periodista Soledad Jarquín es sobrecogedora.
El 4 de junio de 1994 militares violan a tres indias tzeltales en un retén del ejército en Altamirano, Chiapas. A casi 13 años de los acontecimientos, las entonces jóvenes de 12, 15 y 17 años de edad, esperan alguna respuesta.
El 3 de diciembre de 1997, Delfina Flores Aguilar, de 28 años, y Aurelia Méndez Ramírez, de 31, indígenas tlapanecas, de Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero, fueron violadas por cinco soldados. No pasó nada.
En 1997, un organismo de derechos humanos de Oaxaca recibió la denuncia de 12 mujeres que habían sido violadas por soldados del Ejército Mexicano en la zona Loxicha. El caso no prosperó, hubo intimidación. Se alegó seguridad nacional.
El 21 de abril de 1999, Victoriana Vázquez Sánchez, de 50 años, y Francisca Santos Pablo, de 33, de Barrio Nuevo San José, Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, fueron interceptadas y violadas por solados en casas abandonadas.
El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo Cantú también fue agredida sexualmente por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería, en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero.
El 22 de marzo de 2002, en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero, Inés Fernández Ortega, de 27 años, fue violada en su casa por 11 soldados.
Todos estos casos los atrajo la «justicia militar», pero no informó el resultado. Se sospecha que los solados solamente fueron cambiados de batallón.
El 11 de julio de 2006, más de 20 soldados asaltaron la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, violaron a 13 mujeres.
Están presos y en proceso 8 militares. Se trata del único caso, con pronóstico nebuloso. El próximo 26 de marzo el juez pretende «reconstruir los hechos» o «hacer una inspección», no se sabe bien, pero el temor es que puedan ser entregados a la Justicia Militar.
El 25 de febrero fue violada, torturada y asesinada una mujer nahuatl en la comunidad de Aculzinapa, municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica, Veracruz. Los sospechosos, señalados por la difunta, sólo fueron arraigados y se espera el dictamen de los militares.
Si una piensa un poco, esto revela claramente que aunque el gobierno firme Convenciones Internacionales, se interese en el discurso, haga algunas políticas para evitar la violencia contra las mujeres, en los hechos no tiene interés por dar seguridad a las mexicanas, ni por hacer justicia.
La ley es clara desde 1929: la violación sexual es un delito, se paga con cárcel, requiere de investigación, debido proceso y resultados.
En esta lógica podemos concluir que los gobiernos civiles se convierten en cómplices y encubridores de delincuentes que, por pertenecer a las fuerzas armadas, gozan de impunidad. No hay Estado de Derecho.
El caso de Castaños, Coahuila, es el único, en el primer tramo, donde se impuso el gobierno de Coahuila a la zona militar. Sin embargo las presiones y amenazas a las afectadas, el dinero, la debilidad de los Tribunales y la ausencia de una protesta civil, podría anunciar una nueva impunidad.
El señor Felipe Calderón, protegido de los militares, no es garantía de nada, su gobierno es débil, sin reconocimiento de la mayoría de los mexicanos y sin autoridad moral.
Lo único que podría cambiar el curso de la historia es que, un día, muchas personas tuvieran el coraje de no dejar pasar la injusticia.
Una amiga me decía que cada vez que agregamos a la lista el nuevo asesinato de una mujer, espera y sueña en la posibilidad de que se junte la gente en todas las plazas, en todos los espacios del país, que reclame en los tribunales, que obligue a hacer justicia. Entonces las cosas cambiarían.
El autoritarismo generalizado, la militarización y la violencia contra las mujeres son una sola cosa. Es la mejor muestra de nuestra crisis social y política.
07/SL/GG
