Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestaron su preocupación ante lo que calificaron como «la exhibición pública» de las mujeres víctimas de asesinato en Chihuahua y Ciudad Juárez y de familiares, a quienes ofendieron en su dignidad por denunciar los hechos, y adelantaron que visitarán México a principios de 2008.
Durante la audiencia realizada la tarde de ayer en Washington, las organizaciones chihuahuenses Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos para las Mujeres expusieron por su parte ante la CIDH la situación que viven las mujeres de Chihuahua.
Este organismo internacional puntualizó que ha estado en coordinación con el gobierno de México para agendar la visita de sus expertos al país a principios del 2008 donde abordarán el tema indígena, los derechos de las mujeres, situación de las prisiones, entre otros.
En diciembre de 2003, la CIDH recibió dos casos del feminicidio: el de la desaparición de Silvia Arce, quien en 1998 fue secuestrada presuntamente por policías federales, y el de Paloma Angélica Escobar, asesinada en Chihuahua en marzo de 2002.
La CIDH admitió ambos casos en marzo de 2006 y el día de ayer recibió en audiencia general a una de las madres y a una abogada del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.
Los integrantes de la CIDH se comprometieron a dar seguimiento a estos dos casos del feminicidio en Chihuahua y a que el Relator Especial para los Derechos de la Mujer, Víctor Abramovich, visite México el próximo año para conocer la situación actual de Chihuahua.
Las activistas Hortensia Enriquez y Alma Gómez señalaron que después de 14 años de asesinatos contra mujeres, tanto en Chihuahua como en Ciudad Juárez, aún no hay responsables.
No hay sanciones para los asesinos, no hay credibilidad y los funcionarios públicos que incurrieron en negligencia, omisión e incluso complicidad, tampoco han recibido ningún tipo de sanción, acusaron.
Enriquez y Gómez señalaron que durante estos años han contribuido a través de distintas organizaciones a denunciar el feminicidio en el estado de Chihuahua y han coadyuvado en las investigaciones, lo que les ha valido hostigamiento y desacreditación por parte las mismas autoridades.
Actualmente, puntualizaron ante la CIDH, están impulsando que la Procuraduría de Justicia del estado contrate a expertos criminólogos con perspectiva de género y que puedan tener acceso a los expedientes, tal como ocurrió con el equipo de forenses argentinas.
Al respecto, los expertos de la CIDH, entre los que se encontraba el Relator para los Derechos de la Mujer, Víctor Abramovich, cuestionó cuál era la situación actual que guarda la investigación y si hay una coordinación de investigación penal de los distintos homicidios, «qué puertas han tocado» las organizaciones civiles para el esclarecimiento de los asesinatos y qué respuesta obtuvieron de las autoridades federales.
Las activistas recordaron que en 2004 hubo una reunión de las madres de las víctimas con el entonces presidente del «cambio» Vicente Fox en los Pinos, donde se «comprometió» a atender los casos de Chihuahua.
También, en 2005, pidieron al subprocurador de Chihuahua, Oscar Valadés Pérez, que las unidades de desaparecidas y de homicidios trabajaran conjuntamente, pero a la fecha no hay una coordinación entre ambas.
Sin embargo, denunciaron la falta de coordinación entre las distintas instancias que investigan los casos y entre las mismas investigaciones.
«Cuando nosotros estudiamos los expedientes es cuando empezamos a ver líneas comunes y desde entonces les estamos diciendo ?investiguen a la escuela Eco, investiguen a la comandante Cobos?, ha sido una constante frente a los Ministerios Públicos, (pero) no salen del entorno familiar y de las amistades, no han dado el siguiente paso», señalaron.
Luego de que las activistas manifestaran su intención de presentar cinco casos más del feminicidio, los expertos de la CIDH señalaron que estarán abiertos, «cuando ello sea procedente», a escuchar, a abrir casos, previo agotamiento de los recursos internos, así como a la solicitud de medidas cautelares para que sean valoradas por la CIDH.
07/LGL/GG
