La tragedia con que nos levantamos este lunes, en que hubo un choque de un trailer, en la que llevan contados poco más de 22 muertos y más de 100 lesionados, es producto de la inseguridad, una palabra que ha cubierto de luto a decenas de familias hace más de 100 años a la región carbonífera e industrial del norte de Coahuila.
Es la inseguridad en todos los tonos. La empresa Orica se instaló en 1959 en Cuatro Ciénegas, una fábrica de explosivos que transporta desde hace 48 años dinamita a la frontera, a Piedras Negras, a las zonas de minas de carbón en una región de más de 100 kilómetros a la redonda; que lleva dinamita a Tanaka, una empresa de bolsas de aire en Monclova y que nadie, absolutamente nadie, conoce la cuantía de lo transportado, el horario, la información para tener medidas de previsión.
Orica, de origen japonés, ¿quién la vigila? Empresa de explosivos que alegremente se instaló en una de las zonas de reserva ecológica más preciada del país, precisamente en Cuatro Ciénegas, donde viven hombres y mujeres campesinos y obreros, los más pobres, para los que nunca alcanzan los presupuestos, los que tienen viviendas miserables.
Y la carretera 30, de doble vía, a cargo de las autoridades de la entidad, no tiene señalamientos de peligro, ni hace cumplir con el horario de que sólo se puede circular de día con explosivos, habría que circular por esa carretera para saberlo, una carretera solitaria, sin suficiente luz, antigua, sin vigilancia.
Ahora, me dijo el padre Alejandro Castillo, todo mundo se lava las manos. Ya está el gobernador Humberto Moreira confundiendo al público, preguntando ¿quién dio el permiso de circulación? O sea, manipula inmediatamente y es que cree que nos tardaríamos mucho en saber que la empresa está ahí, desde hace casi cinco décadas.
Los muertos ¿habrán dejado nuevas viudas? ¿De cuántos huérfanos hablamos? ¿De cuántos mutilados? Y por lo pronto sabemos de 3 periodistas que se fueron en la sombra de la noche a reportear y ahí, en una segunda explosión, quedaron inertes.
¿Para dónde iba el trailer, para el norte o para el sur?, ¿quién lo sabe? Y, según los reportes, desapareció, se hizo añicos y su estructura es ahora un verdadero carbón, ¿le echarán la culpa a los choferes? ¿Será que solamente son culpables los trabajadores? Tal vez no tenían extintores para evitar la segunda explosión, entonces ¿de quién será la responsabilidad?
La muerte acecha a los pueblos de Coahuila, por la dejadez histórica de los industriales, que nuevamente, como hace años, gozan de medidas especiales en la aplicación de impuestos, en cómo se hacen dueños de las tierras, en cómo consiguen servicios de luz, agua, urbanos para operar.
Y la inseguridad de la gente. De las mujeres, sus hijos y maridos, de ellos y ellas, me pregunto ¿quién se ocupa? ¿Cada cuánto circulan esos traileres, sin previsión, hasta con 22 toneladas de explosivos?
Orica, de capital japonés, produce explosivos. ¿No lo sabe Moreira? Todo mundo lo sabe en Monclova, en los pueblos carboneros, en la zona industrial de Altos Hornos. Los explosivos son necesarios para abrir tajos, que contaminan en la zona, para abrir los pozos de extracción de carbón, para las maniobras mineras, y son de alta peligrosidad. ¿A quién le echarán la culpa?
En la madrugada, según mis informes, para allá se fueron brigadas de ayuda, primero del pueblo, de la gente de iglesia, de las personas de los cada vez más escasos ejidos, y claro, luego del gobierno estatal, diciendo ¿quién daría el permiso de circular, como son explosivos, es el gobierno federal? Qué sencillo parece todo.
La inseguridad industrial está en manos de las autoridades de los tres niveles de gobierno, el cuidado de la carretera 30, su debido mantenimiento de las autoridades del estado; las empresas transportistas en manos de Comunicaciones, la operación de Orica de Economía. En fin, se trata de un enjambre de responsabilidades múltiples de gobiernos que actúan al unísono en medio de la corrupción, de complicidades y normas no cumplidas.
La muerte de 65 mineros en la carbonífera de Pasta de Conchos hace 18 meses sigue en la impunidad más absoluta, porque ningún gobierno se hace cargo, y nadie aplica la ley a empresarios ahora metidos en política, defendiendo a consejeros electorales que les hicieron la chamba de poner a su marioneta principal en la administración pública para que los proteja.
Ahora, de manera inmediata es urgente, necesario, que la sociedad no se deje manipular. Hay que atender a los lesionados, a las familias deudas de las víctimas, a nuestros compañeros periodistas una sepultura digna. Pero, quién se ocupará de reordenar la seguridad de esta empresa fabricante de explosivos, que transporta dinamita por la carretera, alegremente, continuadamente desde hace tantos años. Y ¿quién se encargará de las indemnizaciones?
Me temo que si no actúan rápido, nuestros representantes en las cámaras, local y federal, si no se aclara cómo opera Orica, estaremos en presencia de nuevas impunidades, nuevas injusticias en un sistema donde lo principal es quién tiene o retiene el poder, a costa de los que sea, sobre la vida y la seguridad de las personas.
* Periodista y feminista mexicana, fue reportera en los periódicos El Día, unomásuno, La Jornada y directora del suplemento Doble Jornada, directora fundadora de Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC).
07/SL/GG
