El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y el gobierno de Perú esperan hoy el retorno del ex presidente de Perú Alberto Fujimori, cuya extradición aprobó la Corte Suprema de Justicia de Chile.
La extradición de Alberto Fujimori, aprobada por la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia de Chile, obedece a las acusaciones que sobre él pesan por seis casos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas durante su mandato, de 1990 a 2000.
La justicia chilena tomó en consideración los estándares internacionales de normas de derechos humanos, así como volúmenes de evidencia compilados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación Peruana y los testimonios de ex-oficiales militares y de inteligencia que demostraron la participación activa de Fujimori en la dirección y supervisión de acciones que constituyen violaciones graves de derechos humanos.
Concretamente, en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, los cuales contienen hechos probados de las violaciones sistemáticas y generalizadas que caracterizaron al gobierno de Fujimori, explica Cejil.
La masacre de Barrios Altos se llevó a cabo en noviembre de 1991, cuando 15 personas fueron ejecutadas y cuatro más fueron heridas. Las desapariciones y ejecuciones de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, en el caso La Cantuta, tuvieron lugar en julio de 1992.
Ambas acciones fueron llevadas a cabo en una operación «ejecutada en forma coordinada [?] por el Grupo Colina, con el conocimiento y órdenes superiores de los servicios de inteligencia y del mismo Presidente de la República», dice la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 29 de noviembre de 2006.
EL JUICIO
Una vez en territorio peruano, el ex presidente Fujimori será sometido a juicio oral y público en prisión, confirmó la Fiscalía General de Perú.
Informó también que podría ser procesado por siete casos, por los que se pedirían penas de prisión entre 10 años (por corrupción) y 30 años (por violación a los derechos humanos).
07/GG
