Hace 3 años que Amelia se fue a vivir con Arturo. Ella es profesionista, él es abogado. Juntos habían decidido integrar una pareja para dentro de varios años empezar a formar una familia.
Sin embargo, y sin que Amelia supiera cómo pasó, en pocos meses ella empezó a sentir que él la obligaba a hacer algunas cosas, como que es mi obligación por ser su mujer.
Ella trató de explicarle que no estaba cómoda con la situación y ese día, con solo tres meses de vivir juntos, la golpeó por primera vez y la violó.
Ella muy desconcertada trató de ponerse de pie, pero lo que sentía por Arturo ya no era amor, sino miedo.
A los pocos días, cuando ella estaba tratando de decidir si lo dejaba antes de que fuera demasiado tarde, se enteró que se había embarazado. Claro, fue ese día que Arturo la violó y no usó un condón.
Si bien es cierto que las golpizas han sido esporádicas, la violencia emocional y económica ha ido en aumento. Por eso llegó a la oficina de atención externa de una organización civil que puede ofrecerle todos los servicios necesarios para lograr una separación sin que Arturo logre hacerle más daño.
Ahora, después de varios años de vivir juntos y con una niña de 2 años, Amelia llegó al Centro de refugio para mujeres para pedir información, pues quiere dejarlo pero tiene mucho miedo de que Arturo cumpla con sus amenazas: quitarle a la niña, dejarla en la calle, matarla antes de que lo deje, solo por mencionar algunas.
Amalia comenta en el grupo de reflexión con otras mujeres refugiadas, que de haber sabido de este lugar, seguramente hubiera llegado hace varios años. Las otras mujeres coinciden con ella.
Y es que son pocas las mujeres que se enteran que tienen derecho, según la ley, a recibir servicios de protección y atención multidisciplinaria para defender su derecho a vivir libres de violencia.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Atención a Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, la Constitución mexicana y otros tantos convenios internacionales firmados por nuestro país, avalan este derecho para Amalia y para 3 de cada 5 mujeres que en nuestro país viven alguna forma de violencia solo por el hecho de ser mujeres.
¿Qué pasa pues que no se han logrado aplicar estas leyes? ¿Será falta de voluntad política?
¿Será que pocas personas entienden que este problema social, que ahora es un delito, requiere de la actuación decidida de todos los actores sociales?
Los Centros de Refugio para Mujeres que viven violencia empezaron a funcionar en este país a partir de 1996, apenas hace 11 años, por iniciativa de organismos civiles de mujeres dispuestas a salvar la vida de otras mujeres.
Las mujeres que en ellos trabajan han estado exponiendo por más de 8 años la urgencia de crear estrategias que les permitan cumplir cabalmente con su vocación, y coadyuvar con el gobierno mexicano para dar los servicios que permitan a las mujeres el acceso real a la justicia y a las oportunidades de desarrollo humano que les corresponden como ciudadanas.
Las activistas y fundadoras de los Centros han dejando muy claro que sin la actuación determinada y eficiente de las instancias públicas, es muy complicado reformar la cultura que permite y promueve la violencia contra las mujeres.
Este año, vuelven nuevamente a gestionar ante el Congreso de la Unión, en la Comisión de Equidad de Género y en la Comisión de Salud, así como en el Senado, la urgencia de definir presupuestos etiquetados que solo puedan ser destinados para garantizar los servicios en dichos Centros.
Haciendo uso de la nueva Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, han solicitado recursos por 275 millones de pesos para los 56 Centros de Refugio existentes en el país. En la Comisión de Equidad de Género se tomó el acuerdo la semana pasada de etiquetar 200 millones para este fin.
Pero falta que este acuerdo pase a la Comisión de Presupuesto. Ellas confían en que ya no se bajarán más los recursos, pero siempre hay ajustes de última hora que dependen de negociaciones políticas les han comentado.
Los servicios que se ofrecen el los Centros de Refugio son, a veces, la última puerta abierta para las mujeres cuya vida está en riesgo. Pero pueden ser la primera puerta para evitar que la violencia deje en las mujeres y sus hijos e hijas secuelas que les incapaciten de por vida o que lleven a los y las niñas a replicar estas dinámicas de violencia en su vida adulta.
Los recursos aplicados en Centros de Refugio para mujeres que cumplen con el Modelo de Atención documentado y probado como exitoso, son recursos que realmente previenen la violencia y van sentando las bases para construir familias y comunidades pacíficas y productivas.
Si a esto sumáramos el que las instituciones públicas cumplieran también con su trabajo de forma consistente y suficiente, muy probablemente este país empezaría a cambiar.
* Fundadora de la Red Nacional de Refugios y de Alternativas Pacíficas, AC.
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