Las declaraciones de este lunes del médico Pablo Mendizábal, el forense que practicó la primera necropsia a Ernestina Ascencio Rosario dejó en claro el carácter manipulador de la camarilla que se hizo del poder en México.
La indígena nahua, de 73 años murió por golpes y una hemorragia, y se encontró líquido seminal, ratificó el forense al diario La Jornada este domingo 24 de febrero de 2008.
Felipe Calderón, en una entrevista a Elena Gallegos, sin que nadie le preguntara, a finales de abril de 2007, dijo que Ernestina había muerto de «gastritis», así el caso dio un vuelco inexplicable a finales de mayo.
En este crimen fueron señalados como responsables un piquete de soldados y éstos fueron encubiertos por el aparato judicial, el de Derechos Humanos y por el Ejecutivo.
El asesinato de Ernestina ratifica que José Luis Soberanes, miente, manipula pruebas y sirve al poder sistemáticamente. Amnistía Internacional ya ha valorado las insuficiencias de quien debiera ser el defensor del pueblo.
Hay que recordar que nunca se conocieron los resultados de la necropsia realizada por el Ejército. En el encubrimiento participó activamente el secretario de gobernación en turno, que se encargó de atemorizar, perseguir y finalmente comprar a la familia de doña Ernestina.
Las crónicas de la región dicen que el mayor de los hijos de Ernestina se la pasa de cantina en cantina. Los reporteros acuden a la casa de sus hijas y nadie les abre. La gente del pueblo se pregunta de que y cómo viven. Las crónicas de los corresponsales, la investigación de Blanche Petriche, la que hace Regina Martínez, desde Proceso y el seguimiento que hizo Laura Castro a través de Cimacnoticias, hace tiempo que nos dejaron claro qué sucedió.
Por eso es importante que Mendizábal, un año después, sostenga su dicho, a pesar de que está bajo la amenaza de una investigación judicial porque practicó la necropsia en un lugar inadecuado.
En el entuerto hubo otros actores encubridores, como algunos dirigentes campesinos de la región, y, por supuesto el Ejército.
Pero el peor, por sus contradictorias declaraciones, desde el principio de la investigación, ha sido Fidel Herrera, gobernador de Veracruz, a quien se le hizo callar de tajo, como se hace entre mafias, probablemente por su relación en el encubrimiento inicial a Kamel Nacif, y la amistad que sostiene con Miguel Angel Yunes, director del ISSSTE claramente relacionado con el empresario que fue denunciado por Lydia Cacho y toda la estela pestilente que arrastra la red de pederastas, que ahora sabemos tampoco investiga la Procuraduría General de la República que encabeza Medina Mora.
La operación entre unos que denuncian y otros que encubren, es como el funcionamiento de las mafias, según la pedagogía que todos los días vemos en las series policíacas de la televisión.
Y como quienes se han hecho del poder funcionan como mafia en todo sentido, es posible que a Herrera Beltrán lo presionaron para que no contradijera a Felipe Calderón, y como colofón fue separada de su trabajo periodístico Carmen Aristegui, ya que la evidencia y las contradicciones del caso fueron sustanciado en el noticiero que conducía la periodista en una radio nacional como la W.
Hay quienes todavía nos preguntamos qué fue lo que se encubrió en el caso de Ernestina o simplemente es la comprobación de que en el autoritarismo patriarcal no es posible nada y que como Antígona se opuso a la voluntad del padre, pagando bien caro el desacato, quienes defienden a las mujeres de sus modernos verdugos, son imperdonables.
Medina Mora, Soberanes, Calderón, son los nuevos actores de esa historia clásica en que las mujeres fueron colocadas en un sitio subordinado y dependiente. Ni las que obtienen los favores del poder se salvan.
Por eso no son extrañas las declaraciones de la ex fiscal en delitos contra las mujeres, Alicia Elena Pérez Duarte en el sentido en que Eduardo Medina Mora le ordenó, a finales de 2007, que detuviera la consignación de cinco policías judiciales que presuntamente torturaron a la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Hay que recordar el protagonismo de Eduardo Medina Mora en la represión de Atenco donde fueron violadas 22 mujeres. Y no es posible obviar que se trata de un personaje ligado a uno de los grupos político/empresariales del México del PRI, el del Estado de México.
Los hechos que se comentan dan una imagen tenue del grado de encubrimiento a los delincuentes de género en México. Donde salen sobrando los pomposos reglamentos que crean agencias o fiscalías especiales, verdaderos elefantes blancos para nada resolver.
Otro ejemplo los es el contubernio entre procuradurías, el gobierno local de Coahuila y la administración federal en el caso de los 11 soldados que violaron a mujeres en el municipio de Castaños, en julio de 2006, dejando libres a la mayoría de los violadores y encubriendo a un militar de mayor rango.
El caso Castaños, es simplemente otra cereza de un pastel inacabable, en el que corre peligro quien denuncia y se sostiene, tal como sucede a Lydia Cacho de cara a la red de pederastia y ahora, con su nuevo libro, los entretejidos de la mafia.
En Castaño se ha amenazado y perseguido al obispo Raúl Vera, y corre peligro obispado y vida, tal como la integridad de Alicia Elena Pérez Duarte que no deja de hablar de su horrenda experiencia en el aparato judicial.
Todo esto que acaba por ser el cotidiano en los medios, la sistemática comprobación de hechos, la denuncia al día, debieran obligarnos a revisar la conducta de quienes queriendo modificar el estado de dominación de las mujeres, se suman al poder ilusionadas.
Ni la tinta y papel de innumerables reglamentaciones y leyes, ni la palabrería inútil, nos servirán mientras no pongamos en primer sitio convicciones, dignidad y capacidad para ir a donde sea a organizarnos.
* Periodista y feminista mexicana, fue reportera en los periódicos El Día, unomásuno, La Jornada y directora del suplemento Doble Jornada, directora fundadora de Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC).
08/SLL/CV
