Hay voces de preocupación. Y no son pocas. Y no es para menos. El próximo martes 26 está prevista en la Cámara de Diputados la aprobación de las reformas constitucionales en materia de justicia penal y seguridad pública. ¿Para bien o para mal?
Para mal, al menos en algunos puntos, dicen instituciones y organizaciones civiles defensoras de derechos humanos. Y es que hay reformas que fácilmente pueden dar lugar a la violación de los derechos humanos, una materia en la que México tiene muchas deudas.
Entre las medidas cuestionadas se encuentran la disminución de requisitos para que la policía allane domicilios sin orden de cateo, arraigue a personas sospechosas de cometer un delito, intervenga sistemas de comunicación y detenga personas casi sin pruebas en su contra.
Dígame si eso, en un país en el que los derechos humanos de la ciudadanía se pueden cometer incluso con la venia de la Suprema Corte de Justicia, no es como para preocuparse.
Por ejemplo, uno de los párrafos de la reforma dice que «La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio, cuando exista amenaza actual o inminente a la vida o integridad corporal de las personas, así como en caso de flagrancia…»
Este párrafo lo suavizó el Senado a mediados de diciembre cuando las reformas pasaron por sus ojos. Originalmente permitían que la policía allanara un domicilio sin orden de cateo sólo con la información o conocimiento de una amenaza de peligro.
Pero, aun así, deja muchos resquicios para que la policía allane un domicilio sin requerir la orden de un juez.
Otro de los párrafos polémicos tiene que ver con la reforma que permite el arraigo de quien presuntamente ha delinquido, hasta por 80 días.
Ciertamente, sólo podrá hacerlo la policía federal y en casos de delincuencia organizada, pero casi sin pruebas cualquier persona puede ser privada de su libertad durante cerca de tres meses, en lo que averiguan si es o no responsable de un delito.
Varias ONG sostienen que estas reformas tienen elementos contrarios a las garantías del debido proceso y el respeto pleno a los derechos humanos en México. Incluso presentaron información calificada de «urgente» ante la Comisión Interamericana de los Derechos humanos (CIDH) y ante relatores de la ONU para que pongan los reflectores en México.
Patricia Olamendi, experta en derecho por la UNAM, dijo que de aprobarse estas reformas «quedaremos en estado de indefensión», porque dan más poder al Ministerio Público (MP) y a policías que son más corruptos que antes.
Asimismo, sostuvo que antes de llevar a cabo las reformas constitucionales, debieron revisarse las más de 400 recomendaciones que organismos internacionales han hecho en materia de derechos humanos, específicamente en la actuación de policías, agentes del MP y jueces (CIMAC, febrero 21).
El meollo de los cuestionamientos evidentemente se encuentra en la enorme desconfianza que tiene la ciudadanía hacia sus cuerpos policíacos, llámense como se llamen y lleven los uniformes que lleven.
Los resultados de la Tercera Encuesta Nacional Sobre Inseguridad, publicados en octubre de 2005, señalaban que 9 de cada 10 delitos en México no eran denunciados porque las víctimas lo consideraban una perdida de tiempo. Es decir, no confían en ningún elemento responsable de procurar justicia.
Esa desconfianzaza no ha variado. Las encuestas que realiza desde hace varios años Consulta Mitofsky con respecto al nivel de confianza en las instituciones, invariablemente colocan a la policía entre los últimos lugares. Eso sí, casi siempre por encima de senadores, diputados y partidos políticos.
Varios especialistas en materia penal, afirman que los puntos polémicos han opacado los muchos avances que tiene esta reforma constitucional, la más importante en materia penal que se ha hecho en las últimas décadas.
Pero las preocupaciones no son menores, porque en aras del combate al crimen organizado se pueden incrementar gravemente las violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía.
Dice bien el periodista Eduardo Aguilar: Son reformas de primera para unas policías y un sistema de procuración de justicia de quinta.
También dice bien Sergio García Ramírez, presidente de la CoIDH. Las reformas «se pueden comparar a un vaso con agua potable en el que alguien hubiese depositado unas gotas de veneno» (Un cambio con sabor a veneno. El Universal, febrero 28).
Y a mi me parece que nuestro país ya está lo suficientemente envenenado como para que le pongamos una gotitas más al vaso ¿no cree?
* Periodista y feminista en Quintana Roo, integrante de la Red Internacional con Visión de Género.
08/CLV/CV
