Tal y como lo vaticinó Lydia Cacho en reciente entrevista con la periodista Catalina Gayà Morlà de la Revista–Blog Mundo abierto, la autoridad judicial mexicana, en una estrategia para evitar que denuncie su caso ante instancias internacionales de derechos humanos, giró ayer órdenes de aprehensión contra 4 policías judiciales poblanos, que la detuvieron y trasladaron de Cancún a Puebla el 16 de diciembre de 2005.
Lydia Cacho, autora del libro Los Demonios del Edén, había dicho durante su estancia en Barcelona a Gayà que la actuación de la Procuraduría General de la República «era una burla» y vislumbró que en su proceso judicial, que lleva ya dos años en los tribunales de Cancún, Quintana Roo: «revisarán los 21 tomos en su poder y llevarán a juicio a los policías que me detuvieron y me torturaron durante el traslado a Puebla». (16/abr/08 Cimacnoticias)
Y así fue, pues, según trascendió en medios nacionales y locales, que retoman información del abogado de la periodista, Javier Olea Peláez, ayer el Juez primero de lo penal con sede en Cancún giró órdenes de aprehensión contra Verónica Chávez Cruz; Irene Arteaga Rangel; Jesús Pérez Vargas y José Montaño, policías judiciales de Puebla implicados en la detención y traslado de Lydia Cacho el 16 de diciembre de 2005.
Con dicha acción, la periodista estaría impedida de llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que para que esto suceda, tiene que haber agotado todas las instancias de justicia en el país.
El abogado Olea Peláez, dijo a diversos medios que «de ser capturados» los policías no alcanzarían libertad bajo caución debido a la «gravedad de los delitos».
NACIF, INTOCADO
Lydia Cacho presentó dos denuncias en marzo de 2006: ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (Fevim) y la Especial para delitos cometidos contra periodistas, ambas de la Procuraduría General de la República (PGR).
Las denuncias fueron contra el gobernador priista de Puebla, Mario Marín, y el empresario textilero Kamel Nacif, contra la procuradora de Justicia de Puebla, Blanca Alicia Villeda; la jueza Rosa Celia Pérez González, y los policías judiciales que participaron en su detención y la torturaron durante el traslado de Cancún a Puebla.
Las acusaciones fueron por cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación y falsedad de declaraciones.
Sin resultados evidentes, el caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2006, donde permaneció un año, al término del cual la Corte determinó que no existieron violaciones graves a las garantías individuales de la periodista.
Sin embargo, ayer la PGR giró órdenes de aprehensión sólo cuantro cuatro policías, sin que se incluyera a Kamel Nacif, igualmente demandado.
08/LGL/GG
