La visita que hicieran a la Ciudad de México las esposas de los cinco integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Me´phaa (OPIM) el pasado 13 de mayo a la Cámara de Diputados y la visita a ocho distintas embajadas, a través de las Brigadas de Paz Internacional y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, parece rendir frutos.
El día de ayer 15 de mayo, declara un comunicado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, los 5 integrantes de la OPIM, que fueron encarcelados por el asesinato de un informante del Ejército ocurrido en la comunidad de El Camalote, pudieron por primera vez, a casi un mes de su detención rendir su declaración ante el juez Mixto de Primera Instancia con sede en Ayutla de los Libres, Alfredo Sánchez Sánchez, luego de que en dos ocasiones se les había negado ese derecho.
El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra recordó que el lunes 12 de mayo «solicitamos por tercera ocasión que se les tomara su declaración ya de manera verbal, pero que hubiera un traductor de la lengua Me´phaa. Finalmente la petición fue aceptada por el juez y fijó como fecha el jueves 15 de mayo».
El diputado Marcos Matías, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, se puso en contacto con el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (SAI) para nombrar a un intérprete me’phaa para poder esclarecer todo el proceso y se pudieran tener una clara y justa comunicación entre los inculpados y las autoridades.
OBSTÁCULOS
Recuerda el comunicado que desde su detención, los cinco inculpados buscaron rendir su declaración por escrito ante el Juzgado Mixto, pero que en dos ocasiones (el 23 de abril y el 1 de mayo) se les negó, argumentado que los documentos estaban redactados en español y no en la lengua Me´phaa.
Como parte de una serie de irregularidades que se han venido presentando en el proceso que se desahoga, el Ministerio Público adscrito al juzgado de Ayutla intentó poner como perito a Romualdo Remigio Cantú, quien colabora con el Ejército, según ha denunciado públicamente la OPIM y «además es en el expediente aparece como una de las personas que señalan a los 5 indígenas por la muerte de Alejandro Feliciano García».
Rosales Sierra destacó que el MP buscó poner «de manera tendenciosa a Romualdo Remigio Cantú como traductor» e indicó que ante esto «objetaron la decisión ante el juez en razón de que Romualdo Cantú no puede ser un intérprete con imparcialidad e independencia ya que tiene un interés muy marcado en el presente asunto.
Esto indica el comunicado, se debe a que el nombre de Romualdo Remigio Cantú aparece en varias diligencia que forman parte del expediente como coadyuvante de la parte acusadora, pues fue quien dio parte del homicidio e incluso sin datos aparece dando nombre de quienes a su juicio muy subjetivo cometieron el delito».
Menciona que bajo estos argumentos el juez Mixto «acordó finalmente revocar a Romualdo su nombramiento de intérprete y respeto al intérprete que asignó la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), Lauro Cruz Sabino».
DECLARACIÓN
Durante seis horas (de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde), sostiene el comunicado, los cinco indígenas me’phaa detenidos (Orlando Manzanarez Lorenzo, Manuel Cruz Victoriano, Natalio Ortega Cruz, Romualdo Santiago Enedina y de Raúl Hernández Abundio) rindieron su declaración por ante el juez.
Durante todo momento se declararon inocentes de las acusaciones que los involucran con el asesinato de Alejandro Feliciano, porque los testigos que los señalan «son falsos», ya que el día y la hora en que ocurrió el homicidio todo se encontraban en lugares distintos en compañía de sus amigos y familiares.
El comunicado manifiesta que Orlando Manzanarez, a través del intérprete, precisó que no era cierto que los señalarán como autor de la muerte de Alejandro Feliciano, ya que el 1 de octubre del año 2007 se encontraba en la comunidad de Barranca de Guadalupe, trabajando en la construcción de la comisaría».
Agregó que es falso también que el primero de enero hayan sostenido una reunión, en la que uno de los testigos señala que planearon y confirmaron la muerte de Alejandro Feliciano, pues ese día ellos asistieron a una reunión a la comunidad de Barranca de Guadalupe en la que se acordó que el día 9 de enero se manifestarían contra el presidente municipal de Ayutla por las obras públicas inconclusas en el año 2007 y para solicitar la rebaja del fertilizante».
Por ello, advirtió Orlando Manzanarez, su detención y encarcelamiento «el asunto es de carácter político y que lo que pretende el gobierno con su encarcelamiento es destruir la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa».
Rosales Sierra consideró que ante las «anomalías que se presentaron hoy queda evidenciado que los indígenas detenidos no tienen nada que ver con el homicidio que de manera dolosa se les imputa y que tal declaración permitirá ofrecer toda una serie de pruebas para demostrar su total inocencia».
Finalmente el comunicado menciona que «en los próximos días se presentarán una serie de pruebas para corroborar las declaración que hoy rindieron y demostrar así su inocencia». No obstante pidió al juez que «se apegue a los principios de imparcialidad e independencia en lo que falta del proceso que se sigue a los indígenas me’phaa y que no se deje presionar por el Poder Ejecutivo, ni por ningún otro actor político».
08/STP/GG
