Amnistía Internacional (AI) determinó que por el amplio historial de abuso de los derechos humanos de la policía mexicana y las fuerzas militares –entre ellos las demandas no resueltas de 26 mujeres que acusan haber sido violadas y golpeadas por la policía en San Salvador Atenco en 2006– la ayuda de Estados Unidos a México debe incluir estrictos mecanismos de responsabilidad para las fuerzas de seguridad y el sistema judicial de México.
De acuerdo con un comunicado de Amnistía Internacional Estados Unidos (AIUSA), difundido ayer por Cencos, el organismo defensor de los derechos humanos informa que la Cámara de Representantes de Estados Unidos evaluará y votará esta semana la legislación para la Iniciativa de Mérida.
Esta consiste en un paquete de $1.4 billones de dólares solicitado por el gobierno de George Bush para ayudar a México y Centroamérica a combatir los carteles de drogas y el crimen organizado. Se trata, dice AI, de una legislación que autoriza la financiación pero que incluye insuficientes salvaguardas de los derechos humanos.
La ayuda para México no debe ser un cheque en blanco para las fuerzas de seguridad mexicanas, las cuales han estado involucradas en crímenes como violaciones y tortura, dijo Larry Cox, director ejecutivo de AIUSA.
Si la ley de autorización no incluye fuertes salvaguardas para los derechos humanos, Estados Unidos estaría enviando el mensaje equivocado a las fuerzas de seguridad mexicanas en un primer momento al crearse esta asociación, lo cual puede llegar a tener graves consecuencias. Estados Unidos debe estar seguro de que su ayuda esté apoyando la justicia y el Estado de derecho en México y no permitiendo los abusos de derechos humanos, señaló Cox.
Amnistía Internacional dijo que permitir cualquier tipo de exención de las salvaguardas de los derechos humanos dentro de la legislación perjudicaría a esas protecciones.
Y pidió a los miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que tomen en consideración, cuidadosamente, las consecuencias para Estados Unidos y México al autorizar las iniciativas que podrían exacerbar los abusos a los derechos humanos en México.
ATENCO, EJEMPLO PREOCUPANTE
Un ejemplo de la preocupación que existe sobre los derechos humanos y las fuerzas de seguridad de México y su sistema judicial es el caso Atenco, pues las autoridades no han podido denunciar a aquellos responsables por los ataques a civiles en mayo de 2006.
Ayer, 96 Representantes de Estados Unidos enviaron una carta bipartidista al Procurador General de la República Mexicana y al Gobernador del Estado de México, expresando preocupación sobre la falta de justicia en estos casos.
En el incidente de Atenco, la policía respondió a las protestas de los activistas de una organización campesina local y arrestó a 47 mujeres durante el acto de violencia que tuvo lugar a continuación, recuerda el comunicado.
Bárbara Italia Méndez fue una de las 26 mujeres que denunció haber sido sujeta a abuso físico, sexual y psicológico por parte de la policía. Ella declaró ante las autoridades federales y estatales que fue golpeada y violada repetidas veces por tres oficiales de la policía mientras otros oficiales uniformados los alentaban. Y ninguno de los oficiales involucrados ha sido enjuiciado.
La carta, iniciada por la representante Hilda Solis (D-CA) y el representante James McGovern (D-MA) y apoyada por Amnistía Internacional, le pide al Procurador General federal de México que asuma jurisdicción sobre la investigación y se asegure que los testimonios hasta ahora recolectados sean utilizados para identificar y presentar cargos contra los responsables.
FALLAS EN SISTEMA JUDICIAL
Las investigaciones de Amnistía Internacional han puesto en evidencia serias fallas en el sistema judicial de México, señala el comunicado. Entre ellas: la detención arbitraria, tortura, juicios injustos e impunidad.
Sobre la detención y prosecución de activistas sociales y políticos y defensores de los derechos humanos, AI señala que se realizan «para silenciar a aquellos que hablen sobre las violaciones de los derechos humanos y corrupción». Además, afirma, los informes de tortura son descartados o ignorados por los jueces, reforzando así la impunidad.
Amnistía Internacional recomienda que la ayuda de Estados Unidos sea utilizada para asistir a México para que resuelva importantes fallas del sistema judicial y de las instituciones de seguridad pública, las cuales han permitido el desarrollo de violentos crímenes y la impunidad de la violación de los derechos humanos.
Si no se tratan estos temas con efectividad, estas preocupaciones tendrán como consecuencia la continua violencia relacionada con la droga y abusos por miembros de la policía, militares y ofíciales de la justicia, dijo la organización de los derechos humanos.
Autorizar la asistencia de las fuerzas de seguridad sin requerir que se castigue a los violadores de los derechos humanos y sin asegurar que las libertades básicas estén protegidas, perjudicará el estado de derecho en México, dijo Renata Rendón, directora de incidencia para las Américas en AIUSA.
Los contribuyentes de América no deberían pagarle a las fuerzas militares y de la policía que cuentan con un historial de abuso si no se garantiza que estas fuerzas se están reformando radicalmente, agregó Rendón.
AI dijo también que cualquier iniciativa que apoye la lucha de México contra los carteles de droga y crimen organizado se debe concentrar en el Estado de derecho y debe además presentar cargos judiciales contra los asesinatos no resueltos del periodista estadounidense Bradley Roland Will y otros civiles, en Oaxaca en 2006.
RECOMENDACIONES
AI realizó algunas recomendaciones para la financiación de la Iniciativa Mérida, como el entrenamiento del personal de las fuerzas de seguridad bajo estándares de los derechos humanos, particularmente en el uso de la fuerza.
También, investigar a todos los destinatarios de ayuda para asegurar que no hayan estado implicados en violaciones a los derechos humanos. Transferir la investigación de los casos de derechos humanos, que implican a personal militar, de la jurisdicción militar a la jurisdicción civil, de acuerdo a los estándares internacionales.
Así como establecer un fuerte mecanismo independiente para monitorear la ejecución de la Iniciativa Mérida y su impacto en los derechos humanos en México. Apoyar a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México. Y monitorear los esfuerzos del sistema judicial para eliminar el uso de la tortura como forma de extracción de información y confesiones.
08/GG
