Dentro del problema migratorio, la explotación de niñas guatemaltecas en todo el sureste mexicano es uno de los hechos más dramáticos, ante el cual la sociedad civil mexicano permanece en una indiferencia «casi increíble», señaló el doctor Jorge Bustamante, relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes.
Estas niñas, dijo el ex director de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), son buscadas por señoras que viajan de la Ciudad de México a Tapachula para que realicen trabajo doméstico y se las somete a condiciones «muy cercanas a la esclavitud», sin que el Gobierno haga algo para protegerlas, como es su obligación, de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias de Naciones Unidas, de la cual México es signatario.
En la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el doctor Bustamante dictó ayer la conferencia Las migraciones de las grandes urbes: Retos y obstáculos para la defensa y promoción de los derechos humanos, en la cual afirmó que vemos a las y los inmigrantes centroamericanos «como inferiores a nosotros», lo cual es racismo, «un racismo a la mexicana, es un cáncer respecto al cual no hacemos nada».
Eso, detalló, debería enseñarse en las escuelas primarias para desarraigarlo de nuestra cultura, para combatirlo. Pero hay impunidad porque a nadie le interesa modificar las condiciones de explotación y racismo, lo cual provoca que las violaciones a derechos humanos sean menos castigables.
Sin embargo, consideró que llegará un momento en que la comunidad internacional reaccione por las violaciones a derechos humanos que se cometen en México en contra de los propios mexicanos, pero también de los extranjeros, que son iguales o incluso peores a las que ocurren en contra de las y los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.
REDADAS
El funcionario de Naciones Unidas criticó también el hecho de que ni la sociedad ni el Gobierno hayan hecho algo para neutralizar o evitar las redadas policiales contra inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, iniciadas de manera sistemática y continua en mayo de 1996 hasta la fecha.
Dijo que estas redadas dan lugar a violaciones a derechos humanos básicos, como separación de las familias, abusos y arbitrariedades al ingresar a domicilios en los barrios donde reside la mayor parte de esta población. «La resistencia de Estados Unidos a reconocer la demanda de la fuerza laboral de las y los migrantes mexicanos está conectada con el crecimiento de la xenofobia y de las propuestas antiinmigrantes, incluyendo las redadas policiales», apuntó.
Remarcó que las marchas de protesta realizadas hace dos años por más de 2 millones de personas en más de cien ciudades en Estados Unidos, que constituyeron el fenómeno más importante a favor de los derechos de las y los inmigrantes, la primera vez en la historia de ese país, no provocaron ninguna reacción pública en México, «a pesar de que se trata de mexicanos que mantienen la economía del país con el envío (en 2007) de más de 23 mil millones de dólares».
Bustamante expuso que la política de inmigración de Estados Unidos, basada en una ideología errónea que caracteriza a México como un enemigo y los migrantes como criminales, que comparten muchos grupos en Estados Unidos, ha derivado en acciones arbitrarias, violatorias de los Derechos Humanos. Pero «no podríamos al mismo tiempo ser un país enemigo y el tercer consumidor de productos de Estados Unidos en el mundo», acotó.
Bustamante comentó que las y los migrantes mexicanos subsidian a la economía más fuerte del mundo y esto no es reconocido por la mayoría de la población estadounidense, «en esta resistencia está el origen de la xenofobia, los sentimientos antiinmigrantes, las prácticas de las redadas policiales que han sido propuestas como una solución de largo plazo como base de la política migratoria».
En 2007 se expulsaron a cerca de 250 mil mexicanos, «una estrategia que ha tenido amplia aceptación y apoyo por la población en Estados Unidos», indicó el Relator.
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