La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los derechos para todas y todos» denunció amenazas de las que ha sido objeto Consuelo Morales Elizondo, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), por oponerse junto con otras Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en Monterrey, Nuevo León, a la ejecución de proyectos inmobiliarios y de infraestructura urbana.
Estos proyectos son considerados por las OSC como «depredadores del ambiente» y, según informan en un comunicado, en ellos participan empresas estrechamente ligadas, con el Gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás.
En un boletín de prensa, la Red denuncia una serie de amenazas de las que ha sido objeto en los últimos días Consuelo Morales Elizondo, y externa su preocupación por la seguridad e integridad física de la defensora de derechos humanos.
A decir de las y los activistas, dichas intimidaciones se dan en el contexto de la participación de la organización que preside, junto con otras ONG locales, en movimientos en defensa del medio ambiente y contra proyectos inmobiliarios y de infraestructura urbana, considerados por especialistas como depredadores del medio ambiente.
Informa que dichos proyectos son: el desarrollo urbano «Valle de Reyes»; un arco vial que incluye un túnel a través del Cerro de la Silla, y el conflicto por el predio denominado «Nueva Castilla», en Escobedo, Nuevo León.
El Cadhac, integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, ha participado en el acompañamiento a las organizaciones ecologistas y al movimiento social que exige la protección de la reserva ecológica de Valle de Reyes, donde se pretende construir un fraccionamiento de lujo, y en el apoyo que ha prestado a las y los habitantes del Fraccionamiento de «Nueva Castilla» quienes luchan por la defensa de los terrenos mencionados.
El común denominador de Valle de Reyes y «Nueva Castilla», denuncia la Red, es que ambos cuentan con la participación de empresas estrechamente ligadas, incluso familiarmente, con el Gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás. E, incluso, en el arco vial es el mismo gobierno del estado quien promueve el proyecto, dicen.
La Red destaca que en el caso Valle de Reyes, «el gobierno estatal ha apoyado en todo momento a los desarrolladores, en tanto que la prensa local ha puesto en evidencia que un hermano del Gobernador, Luis Francisco González Parás, es integrante de Metro Financiera, filial de Banorte».
Por ello, señalan que existe también preocupación por la seguridad de las personas que participan en ambos movimientos y las y los integrantes de los grupos ecologistas que exigen la protección del área natural protegida.
Ante estos hechos las organizaciones enviaron una carta dirigida al Gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, y a las autoridades de esta entidad federativa para que se garantice la seguridad e integridad de Consuelo Morales Elizondo y de todas y todos los integrantes de Cadhac, así como de integrantes de las organizaciones ecologistas y de las personas que participan en ambos movimientos sociales.
También solicitan se garantice la libertad de expresión, manifestación y asociación por parte de las autoridades estatales.
AMENAZAS
Las intimidaciones iniciaron cuando, el pasado sábado 17 de mayo, a las 9:30, en la calle de Fletes, en Monterrey, un grupo de personas que viajaba en el automóvil de Consuelo fueron rebasadas por una camioneta que los obligó a detenerse, del vehículo bajaron dos personas que se acercaron al carro y se retiraron en cuanto se dieron cuenta que la defensora de derechos humanos no se encontraba auto, relataron a Cimacnoticias integrantes de la Red.
Más tarde, a las 15:30 de ese mismo día, la activista recibió una llamada en las oficinas de Cadhac. Una voz desconocida le dijo: «Pinche monja, ni te acerques».
Las amenazas, continuaron el lunes 19 de mayo, cuando por la mañana de ese día Consuelo observó una camioneta Van blanca con vidrios polarizados, en la que había personas que vigilaban su casa.
Al día siguiente, martes 20 de mayo, cerca del domicilio de la defensora de derechos humanos, en el estacionamiento de una tienda OXXO, una persona que comparte su vivienda con ella identificó a un grupo de policías observando su casa con binoculares.
Estos hechos, señala la Red, constituyen un obstáculo al trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos de las y los defensores de derechos humanos, reconocidos como un derecho fundamental en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, aprobada por Naciones Unidas el 9 de diciembre de de 1998.
DEPREDADORES DEL AMBIENTE, LOS CASOS
Según información difundida por la Red, desde hace varios años las empresas constructoras Maple y Dos Carlos, a través de un fideicomiso a cargo de Metro Financiera, dependiente del Grupo Banorte, impulsan un desarrollo urbanístico denominado «Valle de Reyes».
El objetivo es realizar este desarrollo en un lugar que ha sido declarado Zona Natural Protegida a nivel federal y Reserva Mundial de la Biósfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), la cual se ubica en La Huasteca, del Cañón de Ballesteros, dentro del Parque Nacional Cumbres.
A decir de las y los especialistas, la Huasteca es la más importante zona de captación de agua para el área metropolitana de Monterrey, ya que aporta aproximadamente el 30 por ciento del agua potable que ahí se consume.
Con el fin de detener el proyecto, diversos sectores de la sociedad civil como Cadhac han desarrollado movilizaciones y diversas estrategias jurídicas, presión ciudadana que ha contribuido a que hasta el momento este desarrollo urbanístico no haya empezado a construirse, señala la Red.
Nueva Castilla es una colonia ubicada en el municipio de Escobedo –conurbano al área metropolitana de Monterrey– dentro de un terreno que cuenta con una larga historia de disputas legales por su propiedad y posesión.
Dentro de estas disputas, un grupo de 70 vecinas y vecinos, solicitó el apoyo de Cadhac, organización que preside Consuelo Morales Elizondo, para fungir como observadores ante el hostigamiento y ataques sistemáticos que sufren por parte de guardias de seguridad privada que se ostentan como contratados por el Instituto Estatal de la Vivienda, quienes hace dos semanas aproximadamente derribaron las viviendas de la colonia, excepto cinco, sin contar con ninguna autorización judicial.
Así, se explica en un comunicado, protegidos con una suspensión provisional conseguida mediante un amparo, el pasado 15 de mayo las y los vecinos afectados ingresaron a estos terrenos. Al día siguiente, por la mañana, en un operativo ilegal y arbitrario, detalla la Red, policías de Seguridad Pública del Estado y del municipio de Escobedo, irrumpieron en el predio.
Arrestaron a 30 personas, incluido un integrante de la Red, Alonso Aguirre, quien se encontraba en el lugar como observador de derechos humanos. Tanto Aguirre como 24 personas más, ya recuperaron su libertad. Los cinco restantes enfrentan el cargo de despojo de inmueble, que en Nuevo León es un delito grave que no alcanza fianza.
«Estos terrenos están siendo reclamados por el Instituto Estatal de la Vivienda, en común acuerdo con un fideicomiso que tiene planeado un desarrollo habitacional e industrial que incluye la construcción de parques, zonas comerciales y viviendas. Forman parte de este fideicomiso 14 empresas, entre las que destaca Maple, la misma compañía que encabeza el mencionado proyecto Valle de Reyes», enfatiza la Red.
En el caso del arco vial informan que el gobierno estatal –a través de la Coordinación de Proyectos Estratégicos– pretende construir un tramo carretero que incluye un túnel de más de un kilómetro a través del Cerro de la Silla.
«Debido a que este proyecto atravesaría una área natural protegida, y a que diversos especialistas han determinado que con la obra se causarían daños graves e irreversibles al ecosistema nativo, diversas OSC, acompañadas de ciudadanas y ciudadanos, iniciaron una labor pacífica de defensa de la zona, la cual incluye movilización ciudadana y diversas acciones legales», explican.
Uno de estos grupos es la Asociación de Vecinos de La Tinaja, una comunidad que será afectada por el arco vial. Esta agrupación cuenta con la asesoría técnica del biólogo Antonio Hernández Ramírez, quien ha interpuesto denuncias y diversos procedimientos legales en contra del plan vial.
A raíz de estas acciones, apunta la Red, Hernández Ramírez ha recibido hostigamiento, robo, golpes y amenazas para que deje de hacer estas denuncias.
Además, el titular de la Coordinación de Proyectos Estratégicos del gobierno del estado, Abel Guerra Garza, se ha referido al biólogo, ante los medios de comunicación locales, de manera despectiva, con alusiones racistas. Motivo por el cual Cadhac solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medidas cautelares a favor del biólogo Antonio Hernández.
08/GT/CV
