Dos nuevas denuncias fueron presentadas por parte del Comité de Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Coprovvi) contra los militares que el 11 de julio de 2006 violaron a 14 mujeres en la zona de tolerancia del municipio de Castaños: una por provocar un aborto como resultado de la violación y otra por tortura, luego de que fueron privadas de su libertad durante el ataque.
Sandra de Luna, presidenta de esa organización civil, explicó que en tanto esperan los resultados de las apelaciones contra las resoluciones emitidas por el juez de primera instancia en materia Penal, Hiradier Huerta Rodríguez, se dio curso a las dos nuevas denuncias que quedaron pendientes y se espera que la Procuraduría General de la República (PGR) siga de oficio –ahora sí– la denuncia por el robo de uniformes, armas y vehículos propiedad del Ejército Mexicano utilizados por los militares durante el asalto.
La abogada señaló que una de las trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños abortó un producto de tres meses de gestación, al día siguiente del ataque sexual al que fue sometida por parte de elementos del 14 regimiento de Caballería Motorizado, la madrugada del 11 de julio de 2006.
Incluso el hecho fue consignado en la recomendación número 37/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al citar que «como consecuencia de los atentados a la libertad sexual y a la integridad personal, a una mujer embarazada se le provocó un aborto».
De igual forma, se presentó una segunda denuncia contra los militares que participaron en el ataque a las trabajadoras de los salones Las Playas y El Pérsico, luego de que fueron privadas de su libertad, además de someterlas a actos degradantes y amenazas con armas de fuego.
Sobre la tortura, el mismo organismo nacional refiere que de acuerdo con la opinión médica una de las personas presenta lesiones «con características de uso de la fuerza innecesaria, lo que asemeja a maniobras de tortura».
Ambas denuncias se presentaron ante el representante social de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el municipio de Castaños y se espera que se integren las averiguaciones que ya están consignadas dentro de los expedientes, es decir, planteó la entrevistada, se dará seguimiento a las denuncias y recomendaciones hechas por la CNDH.
En el caso de aborto provocado será más simple, el responsable de este delito es Juan José Gaytán Santiago, militar que acusado por seis de las 14 trabajadoras de la zona de tolerancia se encuentra en prisión condenado a una pena de 21 años de cárcel, por tanto «está acreditada la participación y responsabilidad del militar y el delito se acumula».
En el caso del delito de tortura, tiene competencia la Procuraduría General de la República, institución a la que le consignarán las averiguaciones sobre este hecho y se esperaría una nueva sentencia en ese sentido.
Por otra parte, De Luna lamentó que a casi dos años del ataque por parte de militares del 14 Regimiento de Caballería Motorizado, la PGR no haya seguido de oficio el delito de robo y utilización de armamento, uniformes y vehículos del Ejército Mexicano que utilizaban los soldados esa madrugada cuando por más de cuatro horas mantuvieron cerrada la zona de tolerancia.
Señaló que aunque de acuerdo con los expedientes se desprende que los militares son desertores, porque abandonaron el puesto de vigilancia de las instalaciones del Instituto Federal Electoral (IFE) donde se encontraban asignados para cuidar las boletas del proceso electoral del 2 de julio de ese año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debió iniciar una investigación por robo de uniformes, dos vehículos Hummer y armamento de uso exclusivo del Ejército.
No sabemos por qué las autoridades castrenses o, en su caso, la PGR no iniciaron la investigación ni denunciaron los hechos, pues ambos tenían copia de los expedientes desde el principio y ahí se consigna la participación de los militares, portando armamento, vehículos y uniformes propiedad de la Nación.
Por tanto, están obligados a iniciar la denuncia e investigación, asevera tajante la presidenta de Coprovvi, quien por otra parte señaló que se espera que como resultado de la apelación, «ahora sí haya una justicia real para las mujeres violentadas, así como para los seis policías que esa noche laboraban en los salones El Pérsico y Las Playas, donde se cometieron los abusos».
08/SJE/GG/CV
