En septiembre próximo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila resolverá la apelación presentada por la defensa de los cuatro militares condenados a prisión por el delito de violación contra trabajadoras de la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, el 11 de julio de 2006.
La sentencia del juez penal Hiradier Huerta Rodríguez, emitida el 1 de octubre de 2007, también fue apelada por la representación social (Ministerio Público).
Luego de la denuncia presentada por algunas víctimas del ataque sexual, que cometieron de 20 a 25 soldados contra 14 mujeres trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños, pequeño municipio ubicado en la zona central del norteño estado de Coahuila, el Juez emitió sentencia condenatoria contra cuatro de los ocho militares detenidos desde agosto de 2006 por el ataque sexual y por otros agravios a trabajadoras y trabajadores de la zona de tolerancia.
Los hechos que ocurrieron el 11 de julio de 2006 provocaron que por primera vez y argumentando que los militares habían abandonado su puesto de vigilancia en las instalaciones del IFE, los soldados fueran juzgados por el fuero común y no por el militar, como había sucedido «históricamente» en México, contraviniendo el Artículo 13 de la Constitución Mexicana.
La máxima sentencia del juez Hiradier Rodríguez, quien meses antes de emitirla había hablado de que podrían alcanzar casi 100 años de prisión, fue de 41 años para Omar Alejandro Rangel Fuentes; Juan José Gaytán recibió una sentencia de 21 años, y Fernando Adrián Madrid fue castigado con 31 años.
En tanto que un cuarto soldado, José Antonio Hernández Niño, acusado por la violación de una de las mujeres, pagó una fianza de 20 mil 843 pesos y quedó en libertad al día siguiente.
Los otros cuatro fueron absueltos por la justicia civil, pero «se supone» que siguen por ahora detenidos en la prisión de Mazatlán, Sinaloa, donde la Procuraduría Militar les fincó responsabilidades por el abandono de sus funciones castrenses, informó la abogada Sandra de Luna, presidenta del organismo civil que acompañó la defensa legal de 12 de las mujeres violentadas.
Tanto los abogados defensores de los militares, como el Ministerio Público Penal de Monclova, Roberto Hernández, apelaron la determinación del juez Hiradier Huerta, quien en marzo pasado demandó a los tres poderes del estado de Coahuila, porque no fue incluido como candidato a ocupar un cargo como Magistrado del TSJ, argumentando que se merecía ese cargo.
El mismo juez había denunciado al obispo de Saltillo, Raúl Vera López, ante autoridades del Vaticano, denuncia de la que hasta ahora el obispo dominico no tiene conocimiento.
Se espera que sea el Tribunal Superior de Justicia, a través de su Sala penal, quien determine si revoca, modifica o confirma las sentencias contra los soldados, explica el presidente de la sala penal, Omar Aarón Nájera Davis.
El magistrado añadió que será el 7 de agosto próximo cuando se de a conocer el nombre del magistrado –mismo que se escogerá por sorteo entre los seis que integran la sala– que resolverá sobre las apelaciones presentadas por la defensa de los militares y por el representante social de Monclova.
Así también estimó que la sentencia podría darse a conocer a mediados de septiembre o quizá un poco después.
Hasta ahora, sólo tres de ocho soldados están detenidos y fueron condenados. Uno pagó fianza. Cuatro fueron absueltos: Norberto González Estada, Norberto Francisco Vargas, Rosendo García Jiménez y Casimiro Ortega Hernández, todos con denuncias de violación por parte de una mujer cada uno.
Tres más se encuentran prófugos de la justicia: Ricardo Hernández Hernández, reconocido por las afectadas como «el líder», Bardomiano Hernández García y José Raúl Ramírez, mientras que un cuarto, Héctor Méndez de la Cruz, fue detenido en enero de 2007, sin embargo, fue liberado ocho días después, tras el testimonio presentado por un superior jerárquico, sin que se escuchara el testimonio de una de sus víctimas, señaló la abogada de Coprovvi.
Ocho soldados detenidos y llevados a juicio. Tres con sentencias condenatorias. Uno más que pagó fianza, tres prófugos y uno que fue liberado sin juicio. En total 12 soldados de un total de 20 ó 25 que conformaban el grupo militar, según las declaraciones de las afectadas, guardias de seguridad, cantineros y encargados de los salones El Pérsico y las Playas que fueron atacados el 11 de julio de 2006.
08/SJE/GG/CV
