Ante la polarización que se vive en Argentina, cientos de trabajadoras y estudiantes universitarias, intelectuales, periodistas, profesionales y trabajadoras de la cultura de ese país dieron a conocer un documento donde plantean que en la lucha por sus derechos se hace necesario oír su voz, independientemente de las voces del Gobierno, por un lado, y de la oposición y el campo, por el otro.
El documento de las mujeres argentinas, titulado Declaración por los derechos de las mujeres recuerda que muy pronto se realizará en Neuquén el XXIII Encuentro Nacional de Mujeres, el primero que se hará con una presidenta mujer en la Casa Rosada.
Por primera vez, hay 8 mujeres presidentas en el mundo y es por eso que, en su campaña electoral, Cristina Fernández hablaba del siglo de las mujeres. En los inicios de la disputa que todavía hoy el Gobierno nacional mantiene con las entidades patronales del campo-ahora en su nuevo capítulo parlamentario-, la presidenta aludió, en algunas oportunidades, a que es más atacada por ser mujer.
Pero a pesar de estas referencias al género, señalan las mujeres argentinas, los problemas de las mujeres y sus derechos no son parte de la agenda del gobierno de Cristina, ni tampoco de la oposición.
Su asunción como presidenta, hace no más de seis meses, fue analizada por el periodismo, ciertos sectores feministas y grupos políticos afines al kirchnerismo, como un gran paso adelante para todas las mujeres. Pero en sólo medio año de gobierno, Cristina Fernández no solo dio por finalizado el doble discurso que caracterizó a la gestión de Néstor Kirchner, sino que también se avanzó en medidas contrarias a los intereses de la mayoría de las mujeres.
RETROCESO EN DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
Si antes el doble discurso se mantenía con un ministro de Salud que hacía declaraciones favorables a la despenalización -aunque no se avanzara efectivamente en aprobar ningún proyecto de ley en este sentido–, Cristina, con el claro objetivo de mejorar las relaciones con la Iglesia, puso en su lugar a Graciela Ocaña quien, a poco de asumir, afirmó que el aborto es un tema de política criminal. Algo que no puede sorprender ya que va en consonancia con las reiteradas declaraciones de la presidenta contra el derecho al aborto y cuya negación es la causa por la cual mueren más de 500 mujeres, cada año, en nuestro país.
Como si esto fuese poco, en estos últimos meses el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva atraviesa una de sus mayores crisis, con el desabastecimiento de anticonceptivos gratuitos que no llegan a los hospitales a los cuales recurren las mujeres trabajadoras y de los sectores populares.
Bajo el gobierno de Néstor Kirchner se intentó generar expectativas, entre algunos sectores del movimiento de mujeres, con el nombramiento de Carmen Argibay en la Corte Suprema. Hoy -dice la Declaración– reinan la decepción y el desconcierto por su fallo contra Romina Tejerina, condenada por los tribunales jujeños y cuya condena fue ratificada por esta Corte supuestamente progresista, el mismo día en que se habilitaba al torturador Luis Patti para asumir como diputado.
LEY DE TRATA QUE REVICTIMIZA
Como si fuera poco, el Congreso -bajo la presión del imperialismo, con mayoría oficialista y bajo la mirada atenta del ministro Aníbal Fernández– aprobó velozmente una Ley contra la Trata, ampliamente cuestionada por todas las organizaciones de mujeres, los grupos que luchan contra el proxenetismo y por los propios familiares y allegados de las cientos de víctimas que permanecen desaparecidas.
Una ley que revictimiza a las víctimas y dificulta aún más la probación del delito de los proxenetas, mientras ya se cuentan casi 600 jóvenes de entre 13 a 24 años desaparecidas. Sólo desde enero de 2007 y sin incluir a las mujeres extranjeras que llegan engañadas o son secuestradas en sus países de origen para ser explotadas, esclavizadas y privadas de su libertad en prostíbulos, talleres y otros establecimientos clandestinos.
LA SOMBRA DE LA DICTADURA
También denunciamos que, bajo el gobierno de Cristina Fernández, el 54 por ciento de las mujeres trabajadoras sigue en negro, mientras salen a la luz numerosas denuncias sobre las deplorables condiciones de trabajo. Mientras se subsidia a los empresarios amigos y se recaudan fondos destinados a favorecer la alianza política de intendentes y gobernadores, se reprime con la policía, la prefectura y el ejército a las trabajadoras y trabajadores que reclaman sus salarios o luchan contra los despidos, como sucedió en Mafissa, en el Casino Flotante o, más recientemente, en La Quiaca.
Hoy, mientras persiste el enfrentamiento del gobierno y las entidades patronales del campo, se agrava aún más la situación de la clase trabajadora que ve cómo los salarios se deterioran día a día con la inflación. Son las mujeres, una vez más, quienes asumen sobre sus espaldas las penurias de ingresos que no cubren la canasta familiar -cuyo valor está falsificado por la intervención que el gobierno hizo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)– y por la amenaza de desabastecimiento, mientras los empresarios ruralistas derraman miles de litros de leche en las rutas del país.
El lock out de las patronales agrarias -que expresa la búsqueda de una mayor rentabilidad por parte de un sector que ha embolsado cuantiosas ganancias gracias a la devaluación y el aumento de los precios internacionales– es apoyado por la oposición antiobrera y que también se opone a los derechos de las mujeres, como Elisa Carrió o la macrista Gabriela Michetti que, bajo las sotanas de Bergoglio, han repetido en diversas oportunidades su oposición a la despenalización del aborto.
Entre sus filas no sólo se encuentran opositores a la ley de educación sexual, a la ligadura de trompas y al derecho al aborto, sino también quienes promueven una reconciliación con los genocidas de la dictadura militar, que asesinaron y torturaron a miles de luchadoras y luchadores, secuestrando a sus bebés, muchos de los cuales aún permanecen sin conocer su verdadera identidad.
Bajo esa dictadura se promulgó la ley 22.248 que permite la brutal explotación de las trabajadoras y trabajadores rurales, con los salarios más bajos del país y de los cuales un 75 por ciento está en negro, como las trabajadoras del ajo de Mendoza, que fueron salvajemente reprimidas cuando intentaron levantarse contra estas condiciones de verdadera esclavitud.
CONTRA EL ALINEAMIENTO
En el debate público que generó esta disputa por la renta, se ha pretendido limitar las opciones políticas al alineamiento con alguno de estos dos bandos igualmente defensores de los intereses del capital. En el movimiento de mujeres, algunas activistas y organizaciones, invalidan cualquier crítica al gobierno de Cristina Fernández con el argumento de que hay que defenderla por su género, mientras un grupo autodenominado Mujeres Marchando convocaba al reciente acto en la Plaza de Mayo para defender al gobierno nacional y popular.
Las trabajadoras, activistas, intelectuales, docentes universitarias, profesionales, periodistas, estudiantes y trabajadoras de la cultura, que suscribimos esta declaración, por el contrario, creemos necesario plantear una posición independiente tanto del gobierno como de las patronales del campo, en favor de las mayorías, la clase trabajadora y el pueblo pobre, entre quienes las mujeres somos las que sufrimos la carga más pesada.
Decimos que es necesario unir a miles de mujeres trabajadoras de la ciudad y del campo, a las campesinas empobrecidas, a las jóvenes estudiantes y a las activistas en la lucha por nuestros derechos, para plantear la separación efectiva de la Iglesia del Estado; por el derecho a elegir y ejercer la maternidad, por la educación sexual y los derechos sexuales y reproductivos; por el derecho al aborto libre y gratuito para que no haya una muerta más por abortos clandestinos.
Por la libertad de Romina Tejerina y la cárcel a los violadores; contra todas las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres, contra la trata y el proxenetismo. Por los derechos de las mujeres trabajadoras, trabajo para todas, igual salario por igual trabajo equivalente a la canasta familiar, basta de precarización, por guarderías gratuitas y el derecho a organizarnos.
Firman el documento, entre otras, la Secretaría de la Mujer del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires (UBA); Secretaría de la Mujer del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales UBA; Secretaría de la Mujer del Centro de Estudiantes de Bellas Artes de Neuquén; Secretaría de Género del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, Universidad de Córdova; Secretaría de la Mujer del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Profesorado Joaquín V. González; Secretaría de Clase y Género del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Universidad de Jujuy.
También, Comisión de Mujeres y Familiares de Mafissa en Lucha; Gabriela Álvarez, de la Junta Interna del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) -La Plata; Sandra Antón, docente, Silvia Aramayo, docente de Jujuy; Paola Araujo, trabajadora despedida de Casino Flotante; Catalina Balaguer, Comisión Interna de Pepsico Snacks; Julia Bernaola, enfermera; Bibiana Allegretti, médica de Jujuy, Carlola Antonietti, médica, delegada de ATE Salud Neuquén; y Sol Bajar, psicóloga, Docente UBA, entre cientos más.
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