La titular de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), Sonia Escobedo, solicitó al Congreso de la República de Guatemala la pronta aprobación de la Ley de Armas y Municiones, la que podría contribuir a reducir los altos índices de feminicidios, un significativo porcentaje cometidos con armas de fuego que no están registradas.
En conferencia de prensa, la funcionaria indicó que la mayoría de víctimas mueren por balas perdidas o son asesinadas con armas de fuego que no están registradas en las respectivas dependencias del Estado.
Aunque no existen estadísticas sobre cuántas armas circulan diariamente en Guatemala de forma ilegal, se estima que anualmente crece el porcentaje de artefactos sin registro, por lo que una nueva normativa sobre el tema contribuiría en gran medida a atacar el problema, aseguró Escobedo.
La ministra enfatizó que fortalecerán el trabajo con otras instituciones como la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (Conaprevi), el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), para profesionalizar a los agentes, fiscales y peritos que manejan las escenas del crimen y mejorar los procesos de investigación.
La profesional recalcó que es indispensable la labor conjunta entre las distintas entidades de gobierno para disminuir los altos índices de muerte; los operadores de justicia, insensibles a la temática, constantemente menosprecian a las denunciantes, desnaturalizan la violencia en su contra y las culpabilizan por lo sucedido.
Durante el evento fue presentado el Manual para la Institucionalización de la Perspectiva de Género y Étnica, que tiene como objetivo establecer métodos de trabajo entre la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y otras dependencias encargadas de los temas de género y étnico.
NIÑAS SUFREN VIOLENCIA EN ESCUELAS
Por otra parte, ActionAid Internacional Guatemala, el Sector de Mujeres y el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) presentaron la investigación «Violencia contra las niñas en la escuela y sus alrededores», que tiene como objetivo contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
A decir de Marlene Grajeda, investigadora, en el documento se dan a conocer las particularidades de un problema que es tan amplio y generalizado a nivel internacional y nacional como la violencia contra las niñas en la escuela y sus alrededores.
El estudio se elaboró en 20 escuelas públicas y privadas del nivel primario, en Petén, San Marcos, Santa Rosa, Jalapa, Quiché, Alta Verapaz, Izabal y Guatemala, donde se recopiló la visión de las niñas acerca de la violencia y cómo ellas padecen ésta en sus lugares de estudios.
Grajeda indicó que uno de los hallazgos importantes fue que las niñas están conscientes de que tienen derechos, los cuales son constantemente violentados por el hecho de ser mujeres.
Según la información, las menores de edad sufren de violencia emocional, violencia física, abuso sexual y exclusión, por parte principalmente de sus compañeros, sus profesores, directores del establecimiento y otras niñas de su misma edad.
Los datos subrayan que en promedio 22 de cada 100 niñas son víctimas de tocamientos en partes del cuerpo que las hacen sentir incómodas, además de maltratos, burlas, bromas pesadas, golpes, jalones de pelo y patadas, entre otros.
La investigadora enfatizó que en el caso de la exclusión, las niñas subrayaron que se da en actividades donde ellas no pueden participar por el simple hecho de ser mujeres, como en el caso de los juegos de futbol, de cincos, de carritos, de tazos y de trompos, pues son dirigidos únicamente a hombres.
El documento también subraya que muchas menores de edad son violentadas cuando salen de clases, principalmente en el área rural donde ellas tienen que caminar grandes trayectos a pie y son agredidas por sus compañeros, personas externas y vecinos de sus comunidades.
En la presentación estuvieron presentes Carolina Hep, del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); Rosario Escobedo, del Sector de Mujeres; Francisco Cabrera, del Colectivo Educación para todos y todas y Nidia Aguilar, Defensora de los Derechos de la Niñez, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), quienes fueron los encargados de comentar el documento.
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