Con la entrada de empresas extranjeras a Petróleos Mexicanos (Pemex), como propone la iniciativa de reforma energética impulsada por Felipe Calderón, el país corre el riesgo de que los militares, a cargo de reguardar los yacimientos, permitan el uso de instalaciones y equipo de las instalaciones de la paraestatal en beneficio de la iniciativa privada.
Así lo denunció hoy el Centro de Estudios en Seguridad Pública en conferencia de prensa, según información difundida por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
Afirma el Centro de Estudios en Seguridad Pública que México corre el riesgo de que «como en el caso de Ecuador, el Ejército sea puesto directamente al servicio de las empresas petroleras, permitiendo el uso de sus instalaciones y su equipo, del que se benefició la empresa española REPSOL-YPF».
Las y los integrantes del Centro de Estudios de Seguridad Pública señalaron que con la reforma energética, «no sólo perderemos nuestra soberanía económica, sino que entregaremos la seguridad nacional».
Además indicaron que a los riesgos que implicaría la adopción de ese modelo para la soberanía nacional y para las fuerzas armadas se suma «la extra institucionalidad, corrupción y paramilitarización de la única institución que resguarda al Estado Mexicano».
Otra situación de riesgo para el país sería que las compañías petroleras privadas se provean de servicios de seguridad a través de empresas especializadas, principalmente de Estados Unidos, que son organizaciones paramilitares, con operaciones tácticas y técnicas de seguridad que carecen de regulación legal y de compromiso con los derechos humanos.
Advirtieron que si las petroleras extranjeras consideran que el Ejército mexicano resulta insuficiente para garantizar la seguridad de sus instalaciones, «no cabe la menor duda de que, en el caso de que la privatización avance, se recurrirá a los paramilitares», refiere el boletín de Cencos.
Cabe señalar que México no forma parte de la Convención Internacional contra el reclutamiento, utilización, financiación y el entrenamiento de mercenarios, que instauró la Organización de Naciones Unidas en 1989.
Empresas como Blakwater, Global Risk, y KBR han obtenido beneficios por parte del gobierno estadounidense y constituyen, a nivel mundial, «la fuerza de élite que apoya la apropiación y resguardo de recursos petroleros», en beneficio de compañías como Repsol, Exxon, Mobil y Chevron.
Adolfo Miranda, presidente del Centro, acompañado de José Alfonso Suárez y Victoria Unzueta, consideraron que «estas fuerzas» son las «nuevas guardias blancas del negocio petrolero mundial y están por asentarse en México».
Según la investigación y análisis, realizado por el Centro de Estudios en Seguridad Pública, esas empresas entrenaron personal para la guerra separatista en Kosovo, tienen presencia en Afganistán, Arabia Saudita y protegen instalaciones para extraer petróleo del mar Caspio y transportarlo por ductos privados hacia Turquía, e incluso Blackwater tiene su propia base militar, una flota de veinte aviones y capacidad para desplegar veinte mil paramilitares privados.
Sostienen también que ese tipo de empresas ya incursionaron en México. En Veracruz la empresa Coleman Corporation realiza operaciones de vigilancia para protección de infraestructura, Blakwater ha establecido bases de adiestramiento en el lado estadounidense de la frontera y la firma Global Risk a la que se le vincula con la capacitación en torturas de la policía de León, Guanajuato.
La industria petrolera mexicana ha sido resguardada internamente, por militares en retiro o con licencia y tiene el amparo de la Ley de Seguridad Nacional al ser una industria estratégica nacional, pero ante la transferencia o apertura de algunas actividades a la iniciativa privada ¿quién resguardará, entonces, las instalaciones y los intereses de las petroleras?, cuestionaron las y los integrantes del Centro de Estudios de Seguridad Pública.
08/GCJ/CV
