La Recomendación 11/2008 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, presidida por el Maestro Emilio Álvarez Icaza, es una investigación exhaustiva e imparcial sobre lo que aconteció el viernes 20 de junio en la discoteca New’s Divine de la Colonia Nueva Atzacoalco de la Delegación Gustavo A. Madero.
Sus recomendaciones tienen una trascendencia histórica para nuestra ciudad y para el país, es un referente indispensable de la caracterización del Ombudsman, que protege a todas las personas en sus derechos, sin discriminación o distinción frente a hechos del Estado y cualquiera de sus instituciones.
Así las cosas, tenemos nuevo Secretario de Seguridad Pública y nuevo Procurador de Justicia del Distrito Federal; ambas propuestas del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México fueron aceptadas por el Señor Felipe Calderón en una interrelación sui géneris porque el primero no reconoce al segundo como Presidente de la República y el segundo no entabla relación directa y personal de manera pública con el segundo para escucharle sus propuestas, que en el marco de la ley, Felipe Calderón tiene que nombrar formal y oficialmente en su calidad de titular del ejecutivo federal.
Sin embargo, los dos señores cada uno por su lado, con discursos «entre líneas» reconocen su colaboración mutua en materia de seguridad «por el bien de la ciudad». De manera civilizada, ambos se apoyaron en sus respectivos funcionarios del ámbito de gobernación y de gobierno para lograr los consensos en los nombramientos por encima del entuerto político en el que estamos desde julio de 2006. Francamente lo menos frente a la tragedia del divain.
Mucho trabajo tienen los nuevos funcionarios del gobierno de la capital y de la propia delegación Gustavo A. Madero, como consecuencia de la recomendación primaria del Ombudsman de la Ciudad.
Lo primero que debe caracterizarles en su responsabilidad es que hablen con la verdad. Y una cuestión verídica que vindica a las y los jóvenes fallecidos es que en la información del Servicio Médico Forense del DF los estudios de laboratorio químico-toxicológicos se desprende que en ninguna de las 9 personas particulares que perdieron la vida se identificó la presencia de alcaloides, benzodiacepinas, canabinoides, anfetaminas y barbitúricos.
En cambio se conoce que los dictámenes de necropsia determinan que las 9 personas fallecieron por asfixia por sofocación en su variante de comprensión torácica, algunos también presentaron contusiones encefálicas que ponían en peligro su vida y otras lesiones que tardarían en sanar alrededor de 15 días, es decir que en la víspera fueron víctimas de agresiones físicas por parte de elementos de la SSP, como lo corroboraron además algunos jóvenes en sus testimonios.
Estas 9 personas perdieron la vida; y todas y todos los demás sufrieron vejaciones, intimidaciones y arbitrariedades que dañaron su integridad y dignidad humana. La diferencia entre la policía de León, Guanajuato y la del Distrito Federal es que allá les «enseñan» a torturar, y no es necesario a los del DF.
Entre las directrices gubernamentales que tienen que ser revisadas es el Sistema de Coordinación Policial del DF, conocido como el Programa UNIPOL constituido formalmente el 21 de mayo de 2008 para aplicarse en la SSP y la PJDF. En su creación se señala que uno de sus objetivos es mejorar la percepción ciudadana de seguridad pública y recuperar la confianza de la sociedad, es obvio decir que frente a los hechos de la delegación Gustavo Madero, estos objetivos son una demagogia.
Más allá de las situaciones evidenciadas sobre la descoordinación y falta de planeación del propio operativo entre las dos dependencias y la propia Delegación, de los errores durante el operativo y posteriores con las implicaciones conocidas; más allá de la falta de información sobre las características del antro, de la impunidad con la que funcionan cientos de lugares similares, es necesario señalar que hay un asunto de origen que no ha quedado debidamente aclarado: que este operativo estaba destinado a intimidar y detener arbitrariamente a las y los jóvenes, muchos de ellos menores de edad, derivado de un concepto conservador inscrito en la doctrina de situación irregular que no reconoce a la niñez y a la adolescencia como sujetos de derechos, que como en este caso los criminaliza y los intimida con la fuerza del Estado, por su edad y por su condición social.
Nadie explica porqué llegaron los elementos con armamento orgánico, armas largas, toletes e incluso gases y pasamontañas cuestiones de fuerza y seguridad más propias para un operativo contra la delincuencia organizada pero inadmisible para «enfrentar» a adolescentes menores de edad y jóvenes de las colonias pobres de esta delegación que van a divertirse a la discoteca de su barrio, a quienes por cierto no se les encontró ni droga ni armas.
Una de las recomendaciones hechas por el Ombudsman de la Ciudad de México al Jefe de Gobierno señala que se organicen a la brevedad mesas de trabajo entre la SSP y la PJDF, así como a las demás instituciones públicas y organismos de la sociedad civil especializadas en materia de seguridad pública, a efecto de que se elaboren con inmediatez, y desde una perspectiva de respeto pleno a los derechos humanos, con énfasis en lo que corresponda al Interés Superior del Niño y de la Niña, los manuales de operación, protocolos y/o todos aquellos instrumentos que garanticen la debida planeación, organización, coordinación, ejecución y supervisión de los operativos que efectúen las políticas, estableciendo con claridad todos y cada unos de los tramos de responsabilidad de los servidores públicos que tengan participación en los mismos.
A esta recomendación es necesario agregar la exigencia de que las y los funcionarios gubernamentales, especialmente del ámbito de la procuración de justicia y de seguridad, sean reeducados y especializados en el conocimiento de los derechos humanos de la niñez y de las mujeres y que esta reeducación implique un compromiso político por parte del Jefe de Gobierno hacia la instauración de un nuevo Estado de Derecho sustentado en las nuevas leyes sobre derechos humanos, las cuales constituyen un nuevo paradigma frente al sistema patriarcal, autoritario, misógino y androcéntrico de muchas instituciones que no cambiaran por simple osmosis y por el contrario seguirán aplicando en su trabajo cotidiano la violencia institucional e institucionalizada heredada de los gobiernos autoritarios del pasado.
Y mientras este asunto sigue reclamando seriedad en su resolución integral y profunda, un Marcelo Ebrard repuesto, se sincera en un noticiero de Univisión y reconoce su aspiración a ser candidato a la presidencia de la República para el 2012. Sin comentarios.
* Integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ex diputada federal y actual consultora de Unifem en temas relacionados con la infancia.
08/AP/CV
