El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) condenó un agresivo operativo policíaco llevado a cabo el pasado 6 de julio en Paraguay por al menos 300 elementos contra un grupo campesino, incluidas mujeres, niñas y niños, asentado en un campamento en el Distrito de Horqueta, Departamento de Concepción.
Las y los campesinos fueron víctimas de malos tratos y tratos humillantes por parte de los policías desde las 6:30 hasta las 9:30 horas, señala la OMCT, quien fue a su vez informada por Antenna Internacional, organización perteneciente a la Red SOS-Tortura de la OMCT, por lo cual lanzó una acción urgente para proteger a las víctimas y que se haga justicia.
La OMCT recuerda que Paraguay es Estado Parte de la Convención Contra la Tortura y que de acuerdo con ello «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes».
Es también Estado Parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que estipula que los Estados deben proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares.
Asimismo, de la Convención sobre los Derechos del Niño, que indica su obligación de velar porque ninguna niña o niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
LOS HECHOS
El campamento, ubicado en la Capilla San José de la Calle 6, de Horqueta, propiedad de la familia Lezcano y junto a la vivienda de ésta, fue allanado por los 300 policías sin mostrar una orden judicial, bajo el argumento de buscar evidencias de supuestos robos llevados a cabo por habitantes del lugar.
Domingo Lazcano de 29 años de edad, quien se encontraba en su casa durmiendo, al igual que su compañera y una niña, fue detenido y llevado a empujones hasta el casco principal de la estancia vecina. La señora fue también despertada violentamente por los efectivos policiales y con la excusa de buscar armas, sin ningún respeto fue palpada en varias partes de su cuerpo por los oficiales, todos hombres.
Ningún policía explicó al señor Lazcano el motivo de su aprehensión, pero el comisario Ricardo Chaparro, jefe del operativo, lo amenazó pidiéndole que hiciera venir a su padre, propietario del lugar.
Los policías, bajo las órdenes del Comisario Ricardo Chaparro y del oficial Aureliano Martínez, se dirigieron luego a donde estaban las y los campesinos y abrieron fuego, obligándolos a levantarse de las carpas en que dormían y a hacer «cuerpo a tierra, con las manos en la nuca» para luego pisarles el cuerpo.
Ante la extrema violencia de los policías, las personas no opusieron ninguna resistencia, no pidieron explicación, ni solicitaron ver la orden de desalojo.
Los policías golpearon, maltrataron y humillaron a por lo menos 65 personas, entre ellos dos menores de edad, quienes fueron obligadas a acostarse boca abajo y varios policías les pisaron la espalda, caminaron o saltaron sobre ellas.
Otros elementos les golpearon con las culatas del fusil o con patadas, o con cachiporrazos en la espalda, en la cabeza, en la boca, en la nuca, en el cuello, en las piernas, en los brazos, en la boca del estómago, en los testículos y en general en todo el cuerpo.
A varias personas les apretaron la cabeza contra el suelo con la fuerza del pie de los policías, diciéndoles que «como querían tierra pues que se la comieran». Un campesino presentó heridas cortantes en varias partes de la cabeza.
Fueron permanentemente amenazadas y en varias ocasiones escucharon que los policías pedían nafta para derramarles encima y quemarlas vivas, diciéndoles que antes que llegara la Fiscalía ya estarían todos muertos, que darían la excusa deque fue un enfrentamiento con la policía, pero que antes de matarlos serían violados, porque todos eran guerrilleros, delincuentes y abigeos.
Los policías también amenazaron a las y los campesinos con que meterían sus cabezas en una bolsa de hule para que contaran dónde estaban sus dirigentes. Les dijeron que «ya iban a descansar para siempre» y «que si miraban, morirían».
A uno de los campesinos que en varias ocasiones solicitó permiso para ir a orinar le respondieron «que se orine ahí», acostado y que si quería cagar, lo hiciera también ahí mismo, porque ya estaban todos cagados… Varios campesinos fueron abofeteados. Y varios policías procedieron a orinar sobre los campesinos que estaban en el suelo diciéndoles «que era para que se calmaran».
La señora Lezcano, de 35 años de edad, reclamó a los policías por la forma en que estaban maltratando y golpeando a los campesinos. En respuesta, fue amenazada con ser quemada viva si seguía insistiendo. Le dijeron que se tranquilizara, pero que en realidad estaba preocupada porque ya no tendría «machos» que la pudieran satisfacer sexualmente.
Mientras los policías maltrataban y golpeaban a las personas que estaban acostados en el piso, buscaban entre sus pertenencias objetos de valor o dinero.
Se calcula que perdieron así 8 teléfonos celulares, 685 mil guaraníes en efectivo (unos 176 dólares); más de 50 machetes; unas 20 linternas; así como mochilas, zapatos, desodorantes, pantalones, remeras, guantes, billeteras, zapatos, cargadores de celulares, pinza de manos, bombillas, radios portátiles, carpas, termos, brazadas, colchones, provisiones varias.
Finalmente los policías también sacrificaron cerdos y luego comieron asado con la carne obtenida.
Fueron detenidos al menos 65 de las personas violentadas en el operativo. Más tarde llegó la fiscal Dora Irrazábal, quien ordenó liberarlos, aunque después, el mismo día, la misma funcionaria volvió a dictar orden de detención.
Estas personas se encuentran huyendo, no obstante que en sus cuerpos tienen heridas y contusiones como consecuencia de los malos tratos recibidos.
PARAGUAY, OBLIGADO A COMBATIR TORTURA
Ante ello, el Secretariado Internacional de la OMCT manifestó su seria preocupación por la seguridad e integridad de todas las personas víctimas del violento operativo y solicitó al Gobierno nacional paraguayo que tome de manera urgente las medidas más apropiadas para protegerlos contra todo tipo de intimidación o represalias, al igual que a sus familias y a todos aquellos testigos de los hechos.
Como signatario de tratados internacionales, Paraguay está obligado a considerar seriamente todas las alegaciones de tortura y malos tratos recibidos por las víctimas y a llevar a cabo una investigación profunda e independiente a este respecto, dice la OMCT.
Además los miembros de la policía están obligados a cumplir con los principios básicos de actuación para la Policía Nacional, establecidos en el artículo 298 del Código Procesal Penal paraguayo.
Por tanto, la OMCT pide a las autoridades del país medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todas y cada una de las víctimas de los hechos arriba mencionados incluyendo la atención médica adecuada y gratuita que cada uno de ellos requiera.
También, llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial, en particular sobre torturas, malos tratos y tratos humillantes infligidos por la policía, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley.
Y otorgar una adecuada reparación a todas las víctimas, garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura.
08/GG
