A pesar de ser una entidad considerada como «foco rojo» por la violencia feminicida y el feminicidio, Oaxaca es uno de los ocho estados del país que no han legislado una Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, para hacer vigente ese derecho de las oaxaqueñas, afirmó la investigadora Marcela Lagarde y de los Ríos.
Integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres y tras enumerar algunos de los hechos de violencia que suceden en Oaxaca, dijo que el gobierno estatal debería implementar un mecanismo de búsqueda urgente para localizar a las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, desaparecidas desde el 5 de julio de 2007, en comunidades ocupadas por la etnia Triqui, en la región de la Mixteca.
Un gobierno que gobierne para las mujeres debería estar buscando a las mujeres triquis hasta encontrarlas, esa es su obligación y su tarea, subrayó la creadora de la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia durante la LIX Legislatura federal, materia en la que Oaxaca aún no legisla, aún cuando fue uno de los primeros estados en recibir una iniciativa.
El gobierno, reiteró, debería estar investigando sobre los crímenes de niñas y mujeres, su tarea es dar cuentas claras frente a la ciudadanía «no se puede avanzar si no se pone un antes y un después, si no se elimina la impunidad en Oaxaca», señaló la ex diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática.
En entrevista, Lagarde y de los Ríos reflexiona sobre la situación de violencia que viven las oaxaqueñas, lo que ha llevado a una permanente denuncia de organismos de la sociedad organizada y, desde lo institucional a la propuesta «del paquete legislativo más completo que incluía reformas a los códigos penales y civiles» y que inexplicablemente todavía no pasa en el Congreso local.
¿Qué le falta a Oaxaca?, se pregunta la propia investigadora, quien sostiene que frente a la realidad lo que impera es una crisis de legalidad y de gobernabilidad, como resultado del movimiento social-magisterial que inició en 2006 y donde «una parte de la ciudadanía no es representada ni gobernada por quien debería gobernar para todo el mundo, eso es un principio de la legalidad democrática».
Lagarde y de los Ríos, colaboradora de varias agencias de la Organización de las Naciones Unidas, consideró necesaria la participación de las mujeres en la construcción de estos derechos, velar porque se recupere la capacidad del Poder Legislativo y que éste legisle la Ley de acceso a las mujeres en el estado de Oaxaca, pues en tanto eso no suceda, prevalecerá la impunidad y no se podrá hacer la declaratoria de alerta en zonas de alto riesgo para las mujeres como la Triqui, donde además de la desaparición de las hermanas Ortiz Ramírez, fueron asesinadas las locutoras Teresa Bautista y Felícitas Martínez.
Sobre la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, cuyo decreto fue publicado en febrero pasado, Lagarde sostuvo que «no se trata de una ley punitiva ni se inscribe en la tendencia contemporánea del castigo. La ley busca crear, nombrar, definir, situaciones de violación de los derechos humanos de las mujeres y ser conscientes de eso».
Con voz pausada, la antropóloga feminista indica que cada mujer debe leer esa ley, «reglón por renglón» y sepamos cuándo somos violentadas, encontremos explicaciones a hechos inaceptables y también sabremos que formamos parte de una gran movilización mundial que ha colocado en el centro de la política, la lucha por erradicar la violencia de género contra las mujeres.
Tras convocar al espíritu legal a las mujeres y que todas se asuman como mujeres modernas «en su derecho a tener derechos» y evitar «desdeñar» las leyes, tratados y convenciones conseguidos en las últimas décadas del siglo pasado, Lagarde planteó que por la historia «a las mujeres las leyes nos han quedado muy lejos, porque no hemos sido creadoras de leyes, ha sido los hombres quienes las hacen, muchas veces para custodiar sus derechos, su supremacía, su relación de dominio sobre las mujeres, sobre otros hombres, sobre sus territorios, bienes, recursos que deberían pertenecer a todos y a todas».
Las mujeres somos a-legales, distanciadas de las leyes porque han sido usadas, algunas, contra nosotras y luego porque la democracia tampoco funciona muy bien en el país y no tenemos confianza en las y los políticos, en los Congresos ni en los partidos, nos quedamos paralizadas, cuando tenemos que asumir la modernidad, ser sujetas de derecho, construir derechos.
Conocimiento, conciencia de género y la contribución de mujeres a una vida mejor para otras mujeres, son elementos básicos en la vida de Marcela Lagarde, quien añade como necesario la existencia de mujeres fuertes, no hostiles ni agresivas, no dañadas ni resentidas, «necesitamos mujeres capaces de decirle a quien sea que van por sus delitos, a un primer ministro, a un presidente, a un fiscal, a un agente del ministerio público, a quien sea».
Entusiasta, enamorada entrañablemente –afirma– de su trabajo en pro de los derechos de las mujeres, Lagarde y de los Ríos saca un as de su blusa cuando cita que si ella alfabetizara, las primeras letras que enseñaría serían: «yo tengo derecho a… No empezaría jamás con: mi mamá me mima».
«En México, ya tenemos una ley, nos falta organización civil, organización ciudadana, nos falta que el día que asesinan a una mujer, que ojalá no pase, salgamos todas al zócalo, inundemos esa plaza y digamos ni una más, nos falta mucho para llegar a eso».
Tarea en la que, apuntó, las mujeres de Ciudad Juárez y de Chihuahua si han logrado estar en todos los espacios del mundo, al grado tal que México tiene 50 recomendaciones internacionales, para que cumpla con la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
A ellas, apuntó, las critican los empresarios, las fuerzas conservadoras y reaccionarias del norteño estado de Chihuahua, porque –dicen– están desprestigiando a su estado. Con su dicho, se sobrepone el bien supremo que es la vida de las mujeres, al honor del estado de Chihuahua y también a las inversiones que pudieran existir.
Lydia Cacho no está sola, sostiene doctora en Antropología. Luego añade que como lo hacen en Juárez, en Cancún piensan que ahuyenta el turismo –lugar de residencia de la periodista y autora de Los Demonios del Edén, donde descubre una red de pederastas–. Sin embargo, refiere que Cacho Riveiro es una sobreviviente de la violencia feminicida, como son sobrevivientes decenas de miles de mujeres de este país.
En México necesitamos que las mujeres vivan sus vidas sin miedo a la violencia, «porque tienen una sociedad vigilante y un estado que también cumple con sus obligaciones constitucionales», pero advierte que cuando este gobierno no sirve «tendremos que convocar a una nueva constituyente, a otras opciones políticas, el camino es múltiple, ojalá todos democráticos.
Por ello, reiteró, hicimos la Ley General por una vida libre de violencia, para desmontar la violencia de la sociedad mexicana, en primer lugar contra las niñas y las mujeres. Tenemos que exigirles a los hombres que si quieren relacionarse con las mujeres tendrán que dejar de ser violentos, decirles que no hay tolerancia contra los hombres violentos y los hombres violentos tendrán que ser desprestigiados, inaceptables éticamente en la sociedad.
La ley, además de ser una proclama, buscamos que sea un contenido de conciencia, de reconstrucción de la democracia y las alternativas. Sin embargo, advirtió que también los derechos se pierden, por lo que llamó a estar vigilantes de las acciones que emprendan todos los niveles de gobierno y ejercer una ciudadanía como capacidad de vida.
08/SJE/GG
