La casa donde se encontraba hasta el 3 de octubre pasado el Centro de Diagnóstico y Tratamiento para Mujeres (CDTM) en el Distrito Federal (DF), en la delegación Coyoacán, le pertenece a las menores infractoras, «no es de un gobierno u otro, trasladar a las niñas como lo hizo esta semana el Gobierno federal es un acto de autoritarismo, oídos sordos a un reclamo humano y justo».
Así lo aseguró en entrevista con Cimacnoticias Carmen Aguilar Zinser, presidenta del Patronato Amigos del Centro Histórico de Coyoacán. Explicó que el inmueble en el que se encontraban las menores de edad depende del Gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y pese a que se encuentra en las condiciones adecuadas para atender a las niñas infractoras, éstas fueron trasladas sin que se les notificara siquiera a sus familiares.
Así, después de más de 100 años de funcionar como escuela de readaptación para menores, el CDTM quedó vacío el pasado 3 de octubre, cuando las 31 adolescentes infractoras, cinco de ellas embarazadas, ocho en diagnóstico y dos bebés que residían ahí, fueron trasladadas a la Comunidad Terapéutica de Xochimilco, dependiente del GDF.
LOS MOTIVOS
El traslado ocurrió luego de que el pasado 6 de octubre entró en vigor la Ley de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal, aprobada en septiembre de 2007. Ésta establece juicios orales para las y los menores de 18 años, así como la creación de Juzgados y Ministerio Públicos especiales.
Además, incluye la administración de los seis centros de Tratamiento para Jóvenes que se encuentran el capital, entre ellos el CDTM.
OÍDOS SORDOS
Aguilar Zinser, nieta del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, afirmó que tanto ella como las y los vecinos hicieron todo lo que estuvo a su alcance para evitar que las niñas fueran trasladadas.
«Enviamos cartas a funcionarias y funcionarios, incluso una a Felipe Calderón, pidiéndole su intervención para que la casa no perdiera la vocación que la define desde principios del siglo pasado y que es modelo de readaptación social en el mundo, sin embargo nunca obtuvimos respuesta».
Según consta en la copia del testimonio de compraventa fechado en 1900, Miguel Ángel de Quevedo vendió al Ejecutivo federal, para ser administrado por el Distrito Federal, un predio en Coyoacán cuyo uso, se especifica, es:»Establecer una Escuela Correccional para Mujeres».
Posteriormente, refiere una carta dirigida a la diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) Carmen Segura Rangel, el Centro y la custodia de las menores de edad pasaron a la administración del Gobierno federal, quien la ejercía a través de la Secretaría de Gobernación. La última en adminístrala fue la Secretaría de Seguridad Púbica (SSP), pero de acuerdo a las nuevas disposiciones ahora es el GDF quien tiene a su cargo el cuidado las niñas.
DESALOJO INJUSTO
La Presidenta del Patronato Amigos del Centro Histórico de Coyoacán señaló a Cimacnoticias que el argumento que se invocó para desalojar a las niñas fue que el predio y el edificio están subutilizados y «así es porque no se la ha dado la importancia que tiene a la prevención del delito en las niñas y adolescentes, quienes al no ser atendidas oportunamente llegarán a la cárcel como adultas».
Son muchos lo programas que se podrían organizar en ese espacio. Si ya tenemos un edificio construido, habilitado y funcionando, para qué destruirlo y habilitar en sus aulas oficinas, «por que yo no creo nada de que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tratará ahí a jóvenes en condiciones de violencia».
VALOR DE USO
Las niñas fueron trasladadas para darle otro uso al inmueble por el gran valor que representa, ya que es considerado patrimonio histórico. Nunca se pensó en las niñas, que sacarlas de ahí violentaba sus derechos humanos y no sólo los de ellas, sino los de las y los trabajadores del Centro ya que, a decir de una de las custodias, ellos también fueron trasladados sin previo aviso a las Islas Marías y al Penal de Tamaulipas, afirmó Aguilar Zinser.
De acuerdo con cifras oficiales del CDTM, es del que menos denuncias por violación a derechos humanos se reciben y la reincidencia de las menores de edad que ahí se internaban era muy baja, tan sólo de l 3 por ciento.
A decir de las y los especialistas en el tema, este Centro era el único lugar en el país que tenía las características necesarias para garantizar la readaptación de las menores infractoras. En él se encontraban recluidas menores de edad acusadas de secuestro y homicidio. Ahora ellas se encuentran en otro lugar por disposición federal.
Cabe destacar que la Ley de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal además precisa que quienes tengan entre 12 y 14 años y hayan cometido un delito no grave no podrán ser encarcelados y su sanción será dar servicio a la comunidad. En cambio, las y los jóvenes que cometan delitos graves como homicidio, tráfico de menores de edad, retención y sustracción de menores de edad, violación, asociación delictuosa o robo sí podrán ser privados de su libertad a través de un Centro de Tratamiento de Internación.
En la delegación Coyoacán, el Patronato Amigos del Centro Histórico de Coyoacán trabajó durante años con las menores de edad recluidas en el Centro. La organización se movilizó para defender su permanencia en la casa, que fue hecha para ellas, sin lograr su cometido. Ahora Carmen Aguilar Zinser asegura que no permitirán que las instalaciones de la casa sean usadas como oficinas.
08/GT/VR
