«Juzgar a la Suprema Corte» es el titulo de un libro elaborado por una decena de docentes, investigadoras e investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), de reciente publicación, que se atrevió a cuestionar a la máxima instancia del Poder Judicial de la Federación por su falta de responsabilidad social al interpretar normas constitucionales de manera torcida en beneficio de unos cuantos.
El libro contiene una severa crítica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por validar constitucionalmente el anatocismo y beneficiar con ello los intereses de los grandes grupos financieros en una resolución emitida el 7 de octubre de 1998 y que ahora esta crisis, que ahoga a los deudores, la actualiza.
En México existen más de 10 millones de deudores de la banca desde los años noventas, de acuerdo a datos de la Cámara de Diputados, y de estos el 40 por ciento son mujeres, quienes tienen que cubrir sin tregua el pago de intereses sobre intereses; cabe señalar que estos datos no incluyen la deuda en materia comercial y de consumo, hecho que puede duplicar la cifra.
El anatocismo, que es el cobro de los intereses sobre intereses, se trata de algo simple, como señala Elisur Arteaga uno de los coautores de la obra, es «la usura llevada a la máxima injusticia y mucho más cuando su consagración ha sido dispuesta por el más alto tribunal de la nación».
No se concibe que la SCJN haya tergiversado, como se analiza en la publicación, que el Artículo 363 del Código de Comercio disponga que: «los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses…» y el Artículo 20 del Código Civil señale: «Cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea aplicable, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del que pretenda obtener lucro…».
Eduardo Torres Maldonado, coordinador del libro, enfatiza que en México «ocho de cada diez ciudadanos desconfía de los jueces, funcionarios y empleados encargados de procurar, impartir y administrar justicia; más del 80 por ciento de la población considera que los miembros del Poder Judicial son sobornables, y los vicios del sistema judicial en su conjunto provocan que 99 de cada 100 delitos cometidos queden en la impunidad.»
La importancia de la resolución sobre el anatocismo tenía por objeto resolver las controversias suscitadas entre deudores de créditos hipotecarios, de tarjetas de crédito y de créditos a la micro, pequeña, mediana empresa y los bancos. Eduardo Torres y Rebeca Pujol señalan que la resolución impactó sobre «…millones de deudores, cuyos créditos se habían al menos duplicado y triplicado, cuando no quintuplicado volviéndose impagables…».
Dice Agustín Pérez Carrillo, otro de los coautores del libro, que fueron muchos «…los vericuetos que tuvieron que andar los ministros de la SCJN para sostener la legalidad del anatocismo…» «…para permitir la usura y la lesión en los contratos…», «son las consecuencias legales de mayor severidad que surgen en la situación de pobreza de un elevado número de familias en la nación mexicana».
Aunado a esto, ha sido complaciente y protectora la política gubernamental en favor de los sectores financieros al crearse el Instituto al Ahorro Bancario (IPAB) que ascendió a 871 mil millones de pesos, equivalentes al 21.8 por ciento del Producto Interno Bruto estimado para 1999, lo cual equivale a más de 7 veces el ingreso fiscal obtenido por la venta de los bancos a valor presente (con datos del investigador José Luis Calva).
Por estas consideraciones, de acuerdo con María Guadalupe Huerta Moreno, otra de las coautoras del estudio, la creación del IPAB afectó los intereses de la gran mayoría de la población, lo cual, aunado a la resolución de la SCJN, lo que hizo «…fue validar las malas prácticas bancarias y generalizar la desconfianza respecto del mal funcionamiento de los intermediarios financieros.»
Esta resolución sobre el anatocismo, que tiene repercusión hasta nuestros días, se apartó de considerar el verdadero entorno social económico y político, como lo sostiene Mario Flores Lechuga, otro de los coautores. Él señala que entre las y los deudores de la banca se encuentran personas pensionadas, jubiladas, asalariadas, indígenas y ejidatarios, contrariando disposiciones civiles, mercantiles, de crédito y bancarias en su perjuicio.
Otros autores, como Gabriela Barrios Garrido, Juan Antonio Castillo López, Carlos Durand Alcántara, Luis Figueroa Díaz y Susana Núñez Palacios, se suman al análisis crítico de la resolución de la SCJN que validó el anatocismo y que, junto con el Fobaproa, se ha constituido en un macro instrumento de «confiscación y expropiación de los bienes de la clase media, y de todo inversionista, ahorrador o trabajador que quiso de buena fe, desde la década de 1990, tener acceso a un crédito en México.»
Para Eduardo Torres Maldonado, el costo del anatocismo representa aproximadamente 88 mil 495 millones de dólares, que equivale al costo actualizado del Plan Marshall, «…que impulsaran los Estados Unidos para reconstruir parte de la Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial».
El estudio hace referencia a la existencia de más de 300 mil juicios contra deudores hipotecarios que son sostenidos «en forma impecable por los bufetes jurídicos de los bancos en persecución feroz de los ‘deudores’, en virtud de la aplicación del anatocismo. Y la cantidad aumenta, todavía, mes tras mes».
Las propiedades de los deudores en cartera vencida constituyen un botín para las comercializadoras y posibles delincuentes a través de la adjudicación de los remates y compra de derechos litigiosos, en lo cual el anatocismo colabora para este despojo.
Entes como la SCJN no pueden estar por encima de los intereses de la Nación, ni es permisible que la justicia se confeccione al gusto de grupos que saquean este país.
*Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana.
08/MF/GG
