La mayor parte de la legislación mexicana civil y penal es inconstitucional, ya que viola los principios de no discriminación y de igualdad entre géneros y a esto se suma que se encuentran plagados de expresiones machistas y misóginas, lo que ha mantenido a las niñas y mujeres mexicanas en desigualdad con los varones, a pesar de que ellas representan más del 50 por ciento de la población.
Así lo consideró ayer Patricia Olamendi Torres, presidenta de la Asociación Civil Proyectos Mujeres (Promujer),durante el Congreso Nacional Legislativo a favor de las Mujeres, realizado en la Cámara de Diputados, donde también afirmó que en cada una de las mesas de discusión, tanto civiles como penales, realizadas en tres Congresos Regionales, la preocupación principal fue cómo garantizar la vida y la seguridad de las mujeres.
Los tres Congresos regionales se realizaron en Morelia, Michoacán, los días 18 y 19 de septiembre; Mérida, Yucatán, el 30 y 31 de octubre, y por último en Tijuana, Baja California, el 6 y 7 de noviembre. Y ayer ocurrió el Congreso Nacional Legislativo a favor de las mujeres, bajo el lema «Igualdad ante la ley, no violencia en la vida», en el salón legisladores de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México.
Fue convocado por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y la del Senado de la Republica, así como por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y la asociación civil Proyectos mujeres.
MÁS DE MIL PROYECTOS DE REFORMA
Indicó Olamendi que fueron entregadas a las entidades federativas un total de 1053 proyectos de reforma que impactan en los códigos civiles y penales, 476 propuestas de reforma en materia penal y 577 propuestas en materia civil/familiar.
Consideró Olamendi, que el mejor Código Penal a favor de las mujeres se encuentra en el estado de Chihuahua y el peor lo tiene Nayarit, entidad donde la situación de los códigos Civil y Penal coincide con las altas cifras de violencia contra las mujeres.
Estos Congresos lograron reunir a diputadas federales, diputadas y diputados locales de las diversas entidades de las regiones, directoras de institutos de la mujer a nivel estatal y municipal e integrantes de organizaciones no gubernamentales.
Los objetivos de estos cuatro congresos, tres regionales y el nacional,son respetar la igualdad jurídica de mujeres y hombres reconocida en el Artículo cuarto de la Carta Magna, que obliga a que todas las leyes y reglamentos que se promulguen y apliquen en el país garanticen igualdad jurídica y, de no ser así, se está contraviniendo la Constitución.
En los lineamientos generales considerados por los organizadores, destaca que pesar de los avances que hay a nivel internacional y la importancia de las declaratorias, convenciones y tratados que se han ido construyendo a lo largo de años de lucha por las mujeres en el mundo, México enfrenta muchas limitaciones para poder aplicar la legislación internacional y sus planes de acción, que permitan a cada una de las mexicanas igualdad jurídica y la no discriminación.
CONGRESO NACIONAL
Durante la inauguración, la diputada federal Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, dio a conocer el esfuerzo sin precedentes que hubo en la realización de los Congresos Regionales y el Congreso Nacional, único en América Latina y punto de referencia para diputadas de otros países.
Por otro lado, Contreras Julián indicó, «el balón está ahora en los congresos locales y de los gobiernos, quienes pueden iniciar leyes. No se trata de que las mujeres y hombres nos convirtamos en lo mismo, lo que queremos es que se reconozca la igualdad entre mujeres y hombres, modificar la ley no es una benevolencia sino justicia social para las mujeres».
Por su parte, la presidenta del Inmujeres, Rocío García Gaytán, puntualizó, «hoy podemos tener un diagnóstico más certero de las necesidades de armonización legislativa en el país en materia penal y civil, algunas de ellas, de urgente e inaplazable atención por parte de las legislaturas estatales, sobre todo algunas disposiciones del derecho penal que ponen en riesgo el derecho a la vida, la libertad y seguridad de las mujeres».
El acto inaugural estuvo a cargo del diputado Javier Gonzáles Garza, presidente de la Junta de Coordinación Política (JuCoPo) de la Cámara de Diputados quién dijo que no hay capacidad social para aceptar los derechos de las mujeres. «Tenemos broncas muy grandes», aseguró, «no sólo necesitamos la incorporación de los tratados internacionales en todas nuestras legislaciones, no sólo tenemos que acabar con todas las aberraciones, necesitamos pelear contra los estigmas en la sociedad para que todo mundo entendamos lo mismo, sin igualdad no hay democracia, sin igualdad este país no tiene futuro», afirmó.
Asistieron también la senadora Blanca Judith Díaz Delgado, presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Senado de la República, la diputada federal Mirna Cecilia Rincón; Gladis Acosta, directora de UNIFEM para América Latina y el Caribe; Marcela Eternod, representante del Presidente del INEGI, y, como moderadora, del acto, la diputada federal Guadalupe Flores Salazar, secretaria de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.
CONCLUSIONES PENALES Y CIVILES
Entre las propuestas de reforma realizadas a los estados se encuentran: por homicidio agravado calificado, ocurrido en contra de la esposa, concubina o persona que tenga una relación de hecho, presentado a 25 estados.
Para que no se evoque emoción violenta, 15 estados; respecto al rapto y privación ilegal de la libertad, en 21 estados se propuso derogar el rapto; en cuanto a adulterio, se propuso no se considere un delito, sino una causal de divorcio y fue propuesto en 29 estados.
En cuanto lesiones por violencia familiar, se propuso no sea posible otorgar el perdón y se siga por oficio; en hostigamiento sexual, se propusieron las agravantes cuando el delito lo comete un servidor público. Y en el caso de estupro se pide quitar palabras como «casta» y «honesta».
Olamendi destacó que sólo San Luis Potosí considera como delitos los casos de inseminación artificial, fecundación a través de medios clínicos y esterilidad provocada, y se propuso a 31 estados.
En el caso de la mesa civil/familiar a cargo del magistrado Lázaro Tenorio, se llegaron a conclusiones fundamentales como: pensión alimentaría, custodia de las hijas e hijos y violencia familiar, en las que el magistrado indicó que el 89 por ciento de estos juicios son promovidos por las mujeres.
Se analizaron también los requisitos para contraer matrimonio y los fines del matrimonio, domicilio conyugal, reconocimiento a las labores domésticas, indemnización por trabajo doméstico en el caso de divorcio, valorar el hecho de la temporalidad del concubinato en caso de que no haya hijas e hijos.
08/STP/GG
