Por considerarlo «una simulación», Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de México, Estados Unidos y Canadá se negaron a participar en el Seminario «Interesados sobre libertad de asociación», en Puebla, convocado por autoridades de los tres países, quienes hablaron sobre «las buenas prácticas» de los gobiernos en materia laboral.
Así lo refirió a Cimacnoticias Catalina Guzmán, del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), ayer al término de la conferencia de prensa que se llevó a cabo afuera del Hotel Puebla Marriot Real, sede del encuentro entre los funcionarios y líderes sindicales.
Catalina Guzmán explicó que participar sería «avalar» sus argumentos sobre «compartir las buenas prácticas». Cuando en el registro del CAT cuentan al menos con 5 mil casos de trabajadoras y trabajadores, de los que 60 por ciento son mujeres, de violaciones a sus derechos humanos y laborales.
Representantes del CAT, la Red Solidaridad de la Maquila de Toronto, Canadá y la Federación Americana de Trabajadores Congreso de Organizaciones Industriales (AFLCIO, por sus siglas en inglés) coincidieron en que en lugar de un Seminario deberían fincarse responsabilidades por las transgresiones a los derechos de las y los trabajadores de la industria automotriz y textil en Puebla.
Por su parte, Blanca Velázquez Díaz, coordinadora del CAT, quien fue invitada al acto sólo como espectadora, sostuvo en conferencia que «los gobiernos locales y federales han mostrado ineptitud para enfrentar los casos específicos de violación a los derechos humanos de miles de trabajadores por parte de los patrones».
La activista relató que en 2003 de manera tripartita interpusieron una queja internacional ante las Oficinas Nacionales Administrativas del Acuerdo Laboral Paralelo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sobre los casos registrados en ese año de despidos injustificados y violaciones a los derechos humanos de cientos de trabajadoras y trabajadores de las maquiladoras Tarran Apparell Group y Matamoros Garment.
A 5 años de la queja, no han tenido respuesta por parte de las autoridades. Sin embargo, dijo Blanca Velázquez «seguiremos presionando a los gobiernos de Canadá y Estados Unidos y México para que den pasos concretos para eliminar barreras institucionales de las autoridades del Trabajo y gobiernos».
Asimismo, manifestó que el Gobierno poblano, encabezado por Mario Marín, quiere minimizar estos casos «y ahora se ve obligado a tocar estos temas por la apertura del TLCAN».
«La conducta del gobierno de Mario Marín es reprobable, no ha tenido la capacidad, ni la voluntad para resolver estos asuntos», mencionó.
En la industria de la confección, dijo, tienen alrededor de 5 mil casos documentados de trabajadoras y trabajadores, más de la mitad de mujeres, que han sufrido violaciones a sus derechos laborales.
En la industria de exportación, puntualizó, es constante la violación de los derechos de las mujeres, principalmente el acoso, que lo ven de una manera normal.
En los últimos cinco años, «la situación no ha cambiado, las violaciones son muy graves, las y los trabajadores no acceden a su contrato colectivo, padecen acoso físico y psicológico, más la sobrecarga de trabajo», aseveró Blanca Velázquez.
En tanto, Lynda Yanz, de la Red de la Maquila de la Solidaridad (RSM), quien también fue invitada a participar en la reunión en este Hotel para ser comentadores en un panel de apertura, mencionó que se negaron a participar «porque pasaron cinco años desde que presentamos el reclamo de los trabajadores de Puebla para que los gobiernos de los tres países se reunieran».
Añadió que decidieron «boicotear» la reunión, porque lo que se requiere es un diálogo constructivo «para revisar los casos bien documentados de las violaciones a los derechos humanos de las y los trabajadores», sobre la falta de transparencia en los registros sindicales, los contratos colectivos de trabajo y falta de responsabilidad de las autoridades laborales para con las y los empleados.
A PUERTA CERRADA
Lynda Yanz expresó que en su lugar se realizó «a puertas cerradas sin acceso al público y medios de comunicación y sin la presencia de ningún sindicato independiente mexicano y organizaciones defensoras de derechos humanos».
Los invitados son funcionarios del Gobierno mexicano y abogados corporativos, «gente con un interés en mantener las políticas gubernamentales como están», afirmó.
Las autoridades del Trabajo deberían asegurar que cada uno de los trabajadores conozca al sindicato que los representa, así como a su contrato colectivo e incluso puedan disponer de una copia, manifestó.
Además, dijo la representante de la RSM, de acuerdo con lo dispuesto en este año por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la necesidad de que las y los trabajadores tengan derecho al voto secreto durante los recuentos para que puedan determinar qué asociación sindical los representará. Debe ser, además, en un lugar neutral, sin acoso y donde se asegure el anonimato de las y los votantes.
Y, en tercer lugar, que las Juntas otorguen registros sindicales a cualquier sindicato constitutito legalmente, señaló la activista canadiense pues, «son derechos conocidos internacionalmente, no hay nada que impida su cumplimiento, excepto la falta de voluntad política de los gobiernos que participan en reuniones como la de hoy en día».
Por último, Catalina Guzmán, del CAT, refirió que el Seminario, al que acudieron representantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), «es una simulación», pues aseguró que no existe interés por resolver la situación de las trabajadoras y trabajadores.
Lo que sí existe, dijo, «es una complicidad total entre el Gobierno local y federal con las empresas». Para la defensora de los derechos de las y los trabajadores, en México no hay libertad sindical ya que cuando se organizan las bases trabajadoras son despedidas. Posteriormente «son boletinados», por lo que se les niega el trabajo en otras empresas.
La solución que encuentran las y los trabajadores para solventar sus gastos, principalmente las mujeres que laboraban en la industria textil, es emplearse en talleres clandestinos, en los que no tienen ninguna garantía social.
08/GCJ/GG
