En esta región siguen existiendo los llamados «pocitos», lugares lúgubres donde los mineros siguen exponiendo su vida todos los días. Son pozos de 70 a 100 metros de profundidad en los que no existen medidas de protección adecuadas para la subsistencia e integridad humana.
No hay ventilación que proporcione oxigeno suficiente ni medidas que eviten que los mineros absorban el polvo del carbón que penetra de manera criminal a sus pulmones.
Su trabajo frecuentemente es agachado o de rodillas en jornadas de largas horas.
La mecanización del trabajo es mínima, por lo que el trabajador tiene que exponer su cuerpo a la degradación directa. Son frecuentes las lesiones en pies, piernas, rodillas, manos, codos, brazos y la grave afectación de su espalda. En poco tiempo quedan imposibilitados a seguir trabajando por los traumatismos irreversibles en su cuerpo.
La falta de otro tipo de empleos los obliga a bajar a esos oscuros socavones llenos de humedad y gas metano que son iluminados tímidamente por las lámparas de los poceros. Para bajar a las profundidades tienen que subirse a un tambo metálico, de dos en dos, sostenidos por un malacate, como único sostén de su vida.
En este lugar, Barroterán, pude conocer a Carmelita Garza, una niña de apenas 11 años. Su padre falleció, junto con otros 12 mineros, en un «pocito» llamado «La Espuelita» el 23 de enero de 2002, hace casi siete años. Eran las 13 horas de ese fatídico día, cuando uno de ellos, al estar retirando carbón de una de las paredes, rompió ésta y una galería de agua se les vino encima, muriendo ahogados sin remedio quienes laboraban en ese momento.
Carmelita enfrenta una discapacidad psicomotriz y una disminución visual que le impide desarrollarse con normalidad. Ella tiene dos hermanas, una de 11 años que es su gemela y otra más de 12 años.
Cuando conocí a Carmelita me desconcertó su mirada pérdida, estaba fija hacía un lado. Cuando busqué su mano para saludarla de inmediato sonrió y me preguntó mi nombre, le dije: me llamo Manuel, ella dijo al instante «¡un aplauso para Manuel!» riendo a carcajadas. Una niña alegre ajena a su futuro y a su presente de adversidades.
Su madre, ahora viuda, Marisa Ruvalcaba no recibe apoyo para una educación especial a su menor hija, de ninguna institución gubernamental ni privada. Tampoco se le admite en una escuela normal para niñas de su edad porque en esta zona no existen alternativas para ella.
La madre de Carmelita refiere de manera impotente la pensión de miseria que recibe:
-«de cada niña (son tres) el IMSS me da 300 pesos mensuales por orfandad y recibo otros 700 pesos más por la pensión de viudez. A mi esposo se le pagaba un promedio de 250 pesos diarios, pero el IMSS sólo me reconoce un salario mínimo general con el que el patrón lo tenía inscrito. Me dicen que no puedo hacer nada porque no existen comprobantes de su pago».
Esta es la historia de los mineros, que laboran en este lugar en condiciones indignas, agravadas por el disimulo y complicidad de instituciones como el IMSS que permite a los dueños de los pocitos defrauden sin control.
La Secretaría del Trabajo presume que a raíz del accidente en la mina Pasta de Conchos, sucedido el 19 de febrero de 2006, se ha incrementado la vigilancia en esos centros mineros para evitar se repitan similares accidentes. Sin embargo las condiciones de vida y salud para los mineros son degradantes.
Basta observar la salida de los mineros de esos pozos quienes, cuando emergen, parecen sombras; ellos están llenos de polvo de carbón en todo su cuerpo y solo sobresalen sus ojos rojos afectados por el ambiente oprobioso.
El carbón lo tienen metido por todas partes de su cuerpo, en su piel, en oídos, nariz y en su boca de la cual lo escupen en un esfuerzo inútil para expulsarlo de su cuerpo.
Ahora las autoridades presumen la existencia de una nueva norma: la NOM-032-STPS-2008 y hasta dicen que con «cuya aplicación y alcances constituyen el resultado más tangible y concreto para prevenir riesgos a los trabajadores dedicados a esa actividad».
Sin embargo no se tiene noticia que los inspectores de trabajo hayan bajado a los pocitos a supervisar las condiciones de trabajo que por su naturaleza misma deben estar prohibidas. Una prueba de seguridad sería que el Secretario de Trabajo bajara a las profundidades, en un filón en plena actividad elegido al azar por los mineros afectados, pero prefiere las declaraciones de prensa.
De nada sirve la emisión de normas novedosas si se sigue permitiendo que los concesionarios de minas actúen con toda impunidad. Lo que interesa en realidad al Gobierno es solapar la explotación indiscriminada del minero para la venta del carbón a diversas empresas, entre ellas a la Compañía Federal de Electricidad, no importando la forma de lograrlo ni el daño que sufran las familias de esta región.
*Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana. [email protected]
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