El Gobierno mexicano está entregando a las Naciones Unidas una valoración incompleta sobre la situación de derechos humanos en el país, de acuerdo con el reporte alterno que entregará Amnistía Internacional al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dónde revisa el desempeño del país latinoamericano.
De acuerdo con un comunicado de Amnistía Internacional, el Gobierno mexicano no ha reconocido la falta de implementación e impacto de sus políticas, y el deterioro en el clima de derechos humanos en muchas partes del país.
«El reporte entregado por el Gobierno Mexicano sobre la situación de los derechos humanos en el país no refleja la realidad que se vive» dijo Kerrie Howard, directora Adjunta del Programa de Amnistía Internacional para América.
«Las iniciativas y reformas listadas en el reporte del gobierno son buenas noticias. El problema es que no hay información sobre el progreso en la prevención a las continuas violaciones a los derechos humanos y en el combate a la impunidad», mencionó Kerrie Howard.
Amnistía Internacional señaló, por ejemplo, que hasta ahora México ha fallado en reconocer explícitamente el estatus de los tratados de derechos humanos en su Constitución.
Las autoridades todavía tienen que entregar cuantas sobre los 100 asesinatos y las 700 desapariciones forzadas que tomaron lugar entre 1960 y 1980, dice.
Oficiales de Policía municipales, estatales y federales implicados en violaciones serias a los derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, tortura, violaciones y asesinatos, particularmente los cometidos en los disturbios civiles que tomaron lugar en San Salvador Atenco y en la ciudad de Oaxaca en el 2006 y que aún no han sido aclarados.
El sistema de justicia militar continúa llevando casos de violaciones a los derechos humanos, a pesar de los estándares internacionales de derechos humanos, que insisten que estos casos deben ser llevados por cortes civiles.
El número de reporte sobre abusos como, detenciones arbitrarias, tortura y otros maltratos, violencia sexual y asesinato, cometidos por oficiales de seguridad se ha incrementado durante los operativos para combatir el crimen organizado.
Defensores de Derechos Humanos, particularmente los que se encuentran en áreas rurales, se enfrentan a persecución, y en ocasiones a detenciones prolongadas, basadas en acusaciones fabricadas o con intereses políticos.
Indígenas y otros grupos marginados son víctimas de acoso por oponerse a proyectos de desarrollo que afectan su forma de vida.
Durante su tránsito por México, las y los migrantes ilegales se enfrentan al maltrato por parte de las autoridades, así como violencia sexual y de otros tipos por parte de organizaciones criminales.
A pesar de los avances en legislación para proteger a las mujeres de la violencia, la implementación de estos es débil. Se reporta que la taza de persecución y condena para los responsables de violencia doméstica, violación, e incluso asesinatos de mujeres, es extremadamente baja. A dos años de la entrada en vigencia de la Ley General para prevenir la violencia en contra de las mujeres, dos estados aún no han introducido la legislación para reforzarla.
Pobreza y marginalización continúan privando a muchas comunidades rurales, principalmente indígenas, del derecho a una forma de vida digna, y del derecho al desarrollo de acuerdo a sus propios intereses y necesidades.
Amnistía Internacional también expresó su preocupación sobre la falta de dialogo sostenido y sólido con la sociedad civil, que fortalezca el impacto de las políticas en derechos humanos.
AI reconoció que el reporte de México remarca la invitación abierta a mecanismos internacionales de derechos humanos, y dado el rol esencial del país en el diseño del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la organización confía que el país utilizará esto como una oportunidad para vigorizar sus esfuerzos para hacer frente a los problemas de derechos humanos en México.
El Examen Periódico Universal estipula que los gobiernos deben enviar un reporte acerca del cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, para que sea revisado por el Consejo de Derechos Humanos. Después, cada gobierno participa en un diálogo con otros Estados para presentar su reporte y resolver preguntas de Organizaciones de la Sociedad Civil, tales como AI, que pueden entregar sus propias observaciones en el proceso del Examen Periódico Universal.
Mediante el dialogo, otros Estados miembros pueden recomendar medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de Derechos Humanos.
09/AG/GG
