Luego del Examen Periódico Universal (EPU) sobre Derechos Humanos a que fue sometido el Estado mexicano como miembro de Naciones Unidas, se realizó una sesión de adopción del Informe, en la cual México adoptó 83 recomendaciones, pero rechazó las que tiene que ver con la necesidad de que no prevalezca el fuero militar por encima del civil cuando se violan derechos humanos de población civil.
Sobre las observaciones no adoptadas por el Estado mexicano, se realizará en julio próximo otra sesión, donde se dará una adopción definitiva.
Dentro de estas 83 recomendaciones aceptadas, destacan los siguientes temas:
Adoptar medidas para combatir la violencia contra las mujeres y feminicido (14 recomendaciones). También para garantizar los derechos e los pueblos indígenas y combatir la pobreza.
Asimismo, adoptar medidas para proteger a periodistas, como ampliar el mandato de la Fiscalía Especializada para Combatir delitos contra Periodistas; revisar el Código de Justicia Militar para adecuarlo a estándares internacionales; revisar la legislación en medios de comunicación para permitir diversidad en los medios y armonizar las legislaciones federal y estatales con estándares internacionales.
RECOMENDACIONES NO ADOPTADAS
De las recomendaciones que no fueron aceptadas, el Gobierno de Felipe Calderón dijo al respecto: las siguientes recomendaciones serán examinadas por México, quien en su debido momento (julio) proporcionará sus razones». Dichas razones serán incluidas en el reporte final de la sesión 11 del Consejo.
Estas recomendaciones son: adecuar la definición de crimen organizado a la convención de Palermo, recomendación de Portugal; abolir la práctica del arraigo (Nueva Zelanda); asegurar la supremacía de la justicia civil sobre la penal en todo el territorio (Bangladesh); extender la jurisdicción de tribunales civiles en casos de violaciones a los derechos humanos por militares (Irlanda); dar seguimiento a las recomendaciones del Comité contra la tortura y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para que las cortes civiles juzguen las violaciones a derechos humanos en particular tortura y tratos crueles inhumanos y/o degradantes cometidos por personal militar aun cuando se alegue que fueron cometidas en servicio (Portugal).
También, garantizar la jurisdicción de autoridades civiles sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas cuando se encarguen de funciones de seguridad pública (República de Corea, Federación Rusa); si la participación del Ejercito es necesaria, la misma se debe balancear con medidas que refuercen la protección de los derechos humanos (República de Corea); revisar las previsiones legales que aseguren que las ofensas en contra de los derechos humanos cometidas por el Ejército sean sometidas a cortes civiles (Perú, Uruguay); restaurar la Fiscalía de Crímenes del pasado o crear una oficina similar, que significaría una clara muestra de la lucha contra la impunidad para las víctimas y su familias. (Bélgica)
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