A la memoria del profesor
Agustín Pérez Carrillo,
forjador de un derecho
crítico y formador de miles
de jóvenes en la UAM
México DF, 7 abril 09 (CIMAC).- Roberto Rodríguez Baños, filoso periodista, me decía esta semana lamentar la posición que ha tenido la agencia Notimex al continuar en la inercia de ser vocera gubernamental y no guardar la posición de una agencia de Estado como se ha pretendido que lo sea.
Criticaba el contenido del boletín de prensa emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre la resolución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el caso de Pasta de Conchos.
«Es una versión mentirosa de los hechos; no solo es parcial sino que no refleja el contenido del veredicto de la OIT sobre la muerte de los mineros en Pasta de Conchos», dice.
En un programa de Los Periodistas, trasmitido por canal «21 de julio», Rodríguez Baños, junto con Sara Lovera y José Reveles enjuiciaron el impacto del boletín de prensa enviado por la agencia gubernamental Notimex el 29 de marzo pasado y difundido en varios espacios de comunicación por faltar a la verdad.
La versión propala que el procedimiento de Reclamación ante la OIT por el caso de Pasta de Conchos se dio «por concluido» y se excluye al Gobierno mexicano de responsabilidad «de todos o cualesquiera de los accidentes o enfermedades relacionados con la seguridad y salud en el trabajo».
Es cierto lo criticado por estos destacados periodistas: «decir verdades a medias es mentir». Lo difundido por el Gobierno mexicano tratando de exculparse, cuando en realidad la OIT lo enjuicia por su negligencia «para evitar o reducir al mínimo los efectos devastadores del accidente, que causó la muerte de 65 mineros», es por lo menos inmoral.
Conocer la versión de las dos partes, dar oportunidad a que la sociedad pueda evaluar la información con información objetiva, no solo es una necesidad sino una obligación de cualquier medio de comunicación, más cuando se trata de una agencia sostenida con recursos públicos.
La OIT es un organismo internacional que se encuentra integrado a la Organización de las Naciones Unidas y sus convenios son propuestos para que los gobiernos los ratifiquen y los hagan suyos para lograr mejores condiciones para las y los trabajadores.
La OIT señala que el Gobierno mexicano no ha ratificado los convenios 81 y 85 (que se refieren a inspecciones de trabajo), el 174 (relativo a la prevención de accidentes industriales mayores) y el 176 (sobre seguridad y salud en las minas). Esta observación pertinente pone en evidencia la incongruencia de un Gobierno como el mexicano que muestra poco o nulo interés en someterse al escrutinio internacional en materia de derechos laborales en la prevención de los riesgos laborales.
La OIT en sus conclusiones destaca que «al producirse el accidente, en la mina había una serie de deficiencias que podrían haberse detectado mediante una adecuada evaluación de los riesgos, o que si fueron detectadas, no se les brindó solución».
Es grave el desprecio que el Gobierno mexicano ha tenido para cuidar la vida de las y los trabajadores de este país. Las viudas de los mineros han acudido a diversas instancias nacionales y solo han recibido el portazo de las autoridades mexicanas.
Se les trata como mexicanas de segunda, sin derecho a reclamar, porque según las autoridades «carecen de interés jurídico».
La Secretaría del Trabajo (ST), institución creada para vigilar se respeten los derechos laborales, se ha encargado de justificar las acciones y omisiones de empresas como Industrial Minera México. Ella ha quedado en evidencia en la OIT por su falta de atención para prevenir la muerte de los 65 mineros de Pasta de Conchos.
La ST aduce en sus alegatos que impuso sanciones a la empresa por sus omisiones en materia de seguridad e higiene, sin embargo la OIT en su resolución cuestiona la información gubernamental al señalar que en efecto si aparece una sanción de 185 mil 705 pesos pero aplicada «diez meses después del accidente».
Es una burla su argumento, pero la OIT considera de manera tajante que los inspectores del trabajo «no realizaron un seguimiento adecuado del cumplimiento de las recomendaciones que habían formulado en 2004».
La OIT enjuicia al Gobierno mexicano al cuestionar la eficacia de las normas en materia de prevención de riesgos, al no asegurar, en el momento oportuno, que Minera México diera debido cumplimiento a sus disposiciones.
El expediente de Pasta de Conchos no queda concluido como lo afirma el Gobierno mexicano en su boletín de prensa, lo que se ha cerrado es el procedimiento de reclamación que formularon diversos sindicatos mexicanos y que concluyó en una serie de cuestionamientos a las autoridades para cumplir con mejores y más eficaces medidas en la protección de la vida e integridad de las y los trabajadores.
Falta dar seguimiento a cada una de las recomendaciones de la OIT que entrañan una obligación profunda en la eficacia de las normas laborales, que no sean simple ficción o materia de discursos. Por principio de cuentas falta que el gobierno dé a conocer públicamente el informe que emitió la OIT sobre el caso de Pasta de Conchos en el que se evidencian sus faltas y obligaciones a seguir.
¿A que le teme? ¿Por qué no lo ha hecho?
Seguramente considera que las versiones parciales sobre el caso son suficientes, sin embargo ello evidencia que el uso de la mentira es también un estilo de gobernar.
*Especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana e integrante del Consejo directivo de CIMAC.
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09/MF/GG
