En el contexto de crisis económica por la que atraviesa el país existe el riesgo de que se disminuya el financiamiento para anticonceptivos tradicionales y modernos, así como para los centros de prevención de violencia contra las mujeres, advirtió el doctor Mauricio Hernández, Subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud.
En conferencia de prensa realizada en el marco de la Primera Reunión de la Coalición Mesoamericana por la Educación Integral en Sexualidad que se realiza en la ciudad de México y finaliza mañana, el funcionario federal precisó que hay dos fuentes de financiamiento para anticoncepción a través del Programa de Seguro Popular; la primera, que corresponde a los anticonceptivos tradicionales –a la que mientras más se le reduzca el presupuesto menos familias serán beneficiadas– y la segunda, que se refiere a anticonceptivos modernos y actualmente se encuentra en ceros.
Hernández precisó que el abasto de los llamados anticonceptivos modernos es particularmente importante para las y los jóvenes del país; sin embargo, no están todavía contemplados en el presupuesto para el Seguro Popular ya que es a través de éste, en el ramo de servicios ala comunidad, que se otorgan los anticonceptivos a este sector de la población.
«También el abasto de métodos tradicionales nos preocupa, ya que va dirigido a una población que en términos de cobertura cada día va creciendo y en la medida que se disminuye el presupuesto para el Seguro Popular se disminuye el número de familias beneficiadas y se pone en riesgo los programas de planificación familiar, por lo que podría haber escasez de anticonceptivos en el país, de no corregirse esta situación».
De igual manera, agregó que el financiamiento para la prevención de la violencia contra las mujeres no tiene hasta el momento un financiamiento claro, ya que la asignación para el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) la realiza de manera directa la Cámara de Diputados y justo de este centro dependen los programas en esta materia, así como los centros de prevención de violencia contra las mujeres.
Al ser cuestionado por esta agencia de noticias de cómo se brindará el abasto de métodos anticonceptivos en estados como Guanajuato, que prohíben la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), y criminalizan a las mujeres que utilizan métodos anticonceptivos, poniendo en incertidumbre jurídica y riesgo a las mujeres que usan el Dispositivo Intra-Uterino (DIU) y al personal de salud, el funcionario aseguró que se apegaran al marco normativo existente, es decir, a la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, de los servicios de planificación familiar y a la Norma Oficial Mexicana (NOM-046-SSA2-2005), en materia de violencia familiar y sexual contra las mujeres.
Precisó que en México no se prohíbe el uso de anticonceptivos, al tiempo que minimizó las modificaciones realizadas a las constituciones de varios estados en la redacción que así lo establece.
Desde octubre de 2008 el Partido Acción nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI), en alianza coyuntural –apoyada por integrantes de partidos como el Verde Ecologista de México (PVEM)–, han realizado reformas constitucionales en 16 estados, pasando por encima de los derechos y decisiones de las mujeres en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos; a éstos se suma Chihuahua, que aprobó la medida en 1994, con lo que suman 17 los estados que aprobaron medidas de este tipo.
EL RETROCESO, UN RIESGO
En este sentido, la doctora Carmen Barroso, directora regional de la Federación Internacional de Planificación de la Familia-Región Hemisferio Occidental (por sus siglas en inglés IPPF/RHO), sentenció que de no realizarse acciones concertadas entre la sociedad civil organizada y las agencias internacionales que defienden y promueven los derechos sexuales y reproductivos, América central está en riesgo de sufrir un retroceso muy grande a nivel constitucional.
Tenemos que trabajar en esta materia para evitar muertes innecesarias de niñas y adolescentes, ya que si en la región una menor de edad busca interrumpir un embrazo y se le niega el acceso seguro a un aborto, terminará realizándolo de manera clandestina, con lo que muy probablemente se sume a la lista de muertes por esta causa.
«Es necesario que los que se oponen al aborto nos apoyen en la distribución de anticonceptivos; sin embrago, sabemos que no lo hacen porque es mentira que les interese la vida, lo que buscan es imponer ideologías», subrayó la especialista.
Por su parte, el doctor Luis Mora, Director Regional adjunto del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés), afirmó que en America Latina 200 millones de jóvenes enfrentan necesidades específicas en educación sexual y reproductiva y que, pese a ello, en la región se esta retrocediendo en esta materia.
Tal es el caso de la desaparición de programas y la falta de acceso a servicios de salud que se suman a problemas como el embarazo adolescente que en la región es más alto después de África subsahariana; aunado a ello se encuentra la violencia sexual contra niñas y adolescentes y la feminización del vih/sida en este sector de la población
«En la región se encuentra la generación de jóvenes más grande de la historia, por lo que es urgente dar respuesta a sus necesidades, ya que enfrentan grandes pendientes en materia de educación sexual y reproductiva».
Por ello es que desde la Coalición consideramos que el tema de la educación sexual y reproductiva es una asignatura pendiente y urgente de los sistemas educativos del área.
La Primera Reunión de la Coalición Mesoamericana por la Educación Integral en Sexualidad se realiza con el objetivo de establecer una alianza entre las organizaciones de la sociedad civil para incidir en las políticas públicas que sobre educación sexual se generen e implementen en México y Centroamérica, y fue convocada por la IPPF/RHO y la Red Democracia y Sexualidad (Demysex).
En ésta participan representantes de organizaciones civiles centroamericanas especialistas en derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos de las mujeres, vih/sida y participación juvenil, que pretenden diseñar un plan que impulse y dé seguimiento en Mesoamérica a la Declaración Ministerial «Prevenir con Educación».
09/GTR/LG
