En agosto pasado, un total de 54 personas fueron detenidas en España y Alemania luego de ser desmantelada una red de falsificación de documentos para inmigración clandestina, sobre todo de mujeres nigerianas –menores de edad la mayoría y sin papeles de identificación– que eran víctimas de trata para explotación sexual (prostitución) en Alemania, bajo la amenaza de practicarles vudú.
No es la primera vez que se desarticula una red de trata en la que se explota a mujeres nigerianas y subsaharianas, informa la agencia AmecoPress; la última se llevó a cabo en Valencia, el 12 de julio de este año.
La expansión de organizaciones nigerianas que tratan con mujeres es relativamente reciente y es Italia donde más han consolidado su operación desde 1991, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), y en España desde 1995, informa la agencia española.
Ligadas al tráfico de migrantes, la explotación sexual y el trabajo forzoso de mujeres y niñas principalmente son las dos formas más comunes de trata en el mundo, de acuerdo con el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
En el documento, basado en un estudio realizado en 155 países y emitido por la ONU el pasado 12 de febrero, la explotación sexual representa poco más del 79 por ciento de los casos en tanto que el trabajo forzoso es superior al 18 por ciento.
Más del 80 por ciento de las víctimas de trata son niñas y mujeres, señala la ONU. El reporte indica que de cada cinco seres humanos víctimas de trata uno es menor de edad y, «lo más preocupante», es que son las niñas y niños abusados y explotados sexualmente como víctimas de pedofilia o pornográficamente.
Con el propósito de visibilizar en el mundo la magnitud de este fenómeno, la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres en Dhaka (Bangladesh, 1999), estableció el 23 de septiembre como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.
Un fenómeno que para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es uno de los tres negocios más rentables –después del tráfico de drogas y de armas– de la delincuencia organizada, alcanzando un beneficio para los delincuentes de hasta 32 mil millones de dólares al año.
Se considera trata de personas a «la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra para propósitos de explotación».
Así lo define el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, conocido como «Protocolo de Palermo», pues se aprobó en el año 2000 en esta ciudad.
LA TRATA EN MÉXICO
En México, un país que por su cercanía con Estados Unidos lo convierte en zona que expulsa, atrae y es paso de migrantes, no hay datos oficiales sobre la dimensión de la trata de personas. No obstante, existen denuncias de organismos internacionales que han dado cuenta de su existencia.
En 2007, el relator especial de Naciones Unidas contra la Venta de Niños, la Explotación Sexual y la Pornografía Infantil, Juan Miguel Petit, señaló que en México cerca de 80 mil niñas y niños son víctimas del abuso con fines de pornografía y prostitución forzosa.
Según reportes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), anualmente 85 mil niñas y niños son utilizados en actos de pornografía en México, mientras que en 21 de las 32 entidades del país existe turismo sexual.
En tanto que a nivel mundial esta problemática produce ganancias por unos 9 mil 500 millones de dólares y al menos 27 millones de personas en todo el mundo han sido víctimas de explotación laboral, sexual o comercial en los últimos 25 años, refirió Holly Matus Toledo, diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La legislación que reglamenta las obligaciones de las autoridades para atender este delito es reciente en México y ha sido cuestionada por organizaciones de la sociedad civil.
El 27 de noviembre de 2007, el Congreso de la Unión aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; nueve meses después de lo establecido por la Ley fue aprobado su Reglamento, que luego de un exhorto –el cuarto– del Poder Legislativo a Felipe Calderón se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 febrero.
La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas tiene como propósito la prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de los victimizados residentes o trasladados al territorio nacional, así como a las personas mexicanas en el exterior.
Establece que se comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
La Ley y el reglamento fueron cuestionados por organizaciones de la sociedad civil, legisladoras y especialistas en el tema. La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (CATWLAC) y la diputada perredista Matus Toledo, al terminar la pasada Legislatura pidieron al Congreso su revisión.
En la reforma turnada a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de la Cámara de Diputados, propuesta por la legisladora Matus Toledo se solicita la inclusión –en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas– de protección a mujeres, niñas, niños y hombres mexicanos que sean víctimas, o posibles víctimas de trata, «toda vez que el ordenamiento sólo prevé la protección para víctimas extranjeras».
La iniciativa propone crear mecanismos para que el Estado mexicano garantice la integridad de las víctimas nacionales y solicita que la sanción a funcionarios públicos involucrados en este delito tenga carácter de agravada, así como la puesta en marcha de medidas educativas que divulguen las características de la trata y la promoción de los derechos humanos.
Por su parte, tras considerar que el reglamento «se queda corto en comparación con lo previsto en la Ley», el pasado 20 de mayo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al Ejecutivo para que lo revise, a fin de incorporar las disposiciones necesarias que pongan en práctica lo establecido en la legislación aprobada en 2007 y los tratados internacionales en materia de trata de persona.
09/HE/CV/LG
