El feminicidio es un conjunto de acciones sistemáticas de violencia – como torturas, mutilaciones, maltratos, abuso sexual, maternidad y aborto forzado, entre otras – que culminan con el asesinato cruel de niñas y mujeres de todo el mundo, de todas las edades y culturas, crimen que se comete por el hecho de ser mujeres, señala la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (DIGNAS) del Salvador.
En ese sentido, la violencia de género es una emergencia de salud pública ya que es la mayor causa de muerte en el mundo, especialmente en mujeres de entre 16 y 44 años, señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Cabe mencionar que América Latina es la segunda región del mundo con los índices más altos de muertes de mujeres por violencia –tanto en el ámbito rural como en el urbano- mientras que alrededor de la mitad de los feminicidios en el mundo ocurren bajo la responsabilidad de esposos, cónyuges, novios, convivientes, exconvivientes y enamorados, aunque también son perpetrados por desconocidos.
Ello, muestra que la violencia contra las mujeres es un problema mundial, histórico y estructural, bajo un contexto patriarcal que sucede cuando se generan acciones agresivas que atentan contra la integridad, desarrollo, salud, libertades y la vida de las mujeres, las cuales no son detenidas por el Estado, señaló la feminista Marcela Lagarde en la Ponencia presentada en el Seminario Internacional de 2004: «Feminicidio, Justicia y Derecho».
La respuesta del Estado ante los feminicidios generalmente se acompaña de impunidad, pues es el Estado el corresponsable de la violencia que destruye la vida de las mujeres, en tanto que no cumple con su obligación de proteger los derechos de las mujeres, así como de investigar y castigar los crímenes, lo cual significa un crimen de estado, precisamente porque es él quien obstaculiza la justicia para las mujeres.
Pero, más allá de omitir los feminicidios, el crimen de estado implica la desaparición de pruebas, la manipulación de datos y la lenta investigación de los casos, entre otras.
Así lo explicó Lucía Melgar Palacios, coordinadora de investigación y proyectos académicos en el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM.
También, el contexto de los feminicidios se caracteriza por la estigmatización de las víctimas por parte de las autoridades o la cultura de «Por algo será»: el estilo de vestir, las relaciones personales y una imagen degradante de las mujeres son utilizadas por parte de las autoridades para descalificar a las víctimas.
Como consecuencia, las autoridades caracterizan los feminicidios como hechos aislados, además de que los atribuyen a situaciones de prostitución, para minimizar el problema , así como la responsabilidad de las autoridades, refiere el informe «Feminicidio: ¿Un fenómeno global? desarrollado por la Fundación Heinrich Böll Stiftung.
No obstante, en 2007, más de 100 países contaban con legislaciones nacionales e internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres «Convención de Belem do Pará» de 1994; sin embargo, los acuerdos no se han implementado eficazmente, porque las niñas y mujeres de todo el mundo siguen siendo objeto de los feminicidios, señala el informe de la Fundación.
En consecuencia, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hace un llamado a los Estados con el fin de que prevengan, investiguen y castiguen los actos de violencia contra las mujeres, así como adoptar las medidas apropiadas y eficaces respecto a sucesos de violencia de género, se trate de actos perpetrados por el Estado, por particulares o por grupos armados, que atenten contra la vida de las niñas y mujeres.
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