Han pasado más de 3 años y la justicia no ha llegado para Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, otomíes presas desde 2009 en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San José el Alto Querétaro acusadas del «secuestro» de 6 AFI.
Tenían esperanzas obtener su libertad este mes o a principios de marzo, sin embargo, la noche del viernes 19 de febrero de 2010, el juez cuarto de Distrito de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, las sentenció nuevamente a 21 años de prisión y a pagar más 161 mil pesos de multa, de los cuales 70 mil van a ser destinados a la «reparación del daño a los agentes».
Nos informaron a las 3 de la madrugada del sábado 20 de febrero. «Se murieron nuestras esperanzas», explica Alberta a Cimacnoticias mientras le da de comer un pedazo de sandía a su sobrina Jazmín, hija de su hermano Gabriel y de Teresa, en el jardín del Cereso donde reciben a sus visitas.
«Yo sólo fui a hacer compras», narra los hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en el tianguis de Santiago Mexquititlan, del municipio de Amealco de Bonfil, día en que supuestamente secuestró a los Afis.
Como cada domingo, tenía planes de pasar a visitar a su hermano Gabriel y a su cuñada Teresa en su puesto de discos. «Llegué y me encontré con que estaban en problemas con unos hombres armados que se querían llevar sus mercancías, dijeron que eran Afis y les pedimos que se identificaran».
Los agentes investigaban a una mujer alta, pecosa y de cabello corto a la que apodaban «la güera» quien fue denunciada en forma anónima por posesión de cocaína ante la Agencia del Ministerio Público de la Subdelegación de Procedimientos Penales «A» de la Procuraduría General de la República (PGR).
Según consta en la recomendación 47/2009 que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que este organismo emitió el 17 de julio de 2009 y en donde documenta «irregularidades graves que pueden trascender el resultado del fallo definitivo del proceso penal 48/2006», los Afis «efectuaron un deficiente e irregular operativo con el fin de verificar los hechos de la denuncia telefónica».
«Nunca los secuestramos» dice Teresa, «sólo les pedimos que se identificaran». Todos los tianguistas los rodearon y comenzaron a exigir lo mismo hasta que por fin llegaron a un acuerdo con los agentes, y su jefe, Cruz Bedolla se comprometió a pagar los daños ocasionados en el operativo que ascendían a 70 mil pesos.
Según consta en el expediente, del que Cimacnoticias posee una copia, cinco meses después del «operativo deficiente», el 3 de agosto de 2006, sin otra prueba que algunas fotografías periodísticas tomadas en el lugar el día de los hechos, las detuvieron y las acusaron de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro en contra de los agentes.
Además hubo un cargo extra para Alberta Alcántara quien fue identificada como «la güera» -a pesar de que esas características no corresponden a sus rasgos físicos- y la acusaron de posesión de cocaína.
Tan sólo seis días después del arresto, el 9 de agosto de 2006, Pedraza Longi dictó una sentencia de 21 años de prisión y 91 mil pesos de multa para la causa penal 48/2006, y «lo hizo sin verificar los hechos de la averiguación previa que están cargados de irregularidades a pesar de que era su obligación» explicó en entrevista Leonides Ortíz Castillo, quien fungió como abogado defensor de ambas mujeres hasta el 19 de febrero de 2009.
Esta primera sentencia fue apelada por la defensa de estas mujeres, recurso legal que se resolvió en el Tribunal Unitario vigésimo segundo de Circuito en donde el magistrado Hanz Eduardo Muñoz López analizó el proceso penal y detectó irregularidades y contradicciones en las acusaciones de los AFI, por lo que, el 7 de abril de 2009, ordenó la reposición del caso.
En el caso de Jacinta Francisco, una tercera mujer otomí detenida por las mismas causas, la libertad y la justicia llegaron en septiembre de 2009, luego de que la PGR dictó conclusiones no acusatorias en el segundo proceso y un mes después de que la organización Amnistía Internacional (AI) las adoptó como «presa de conciencia».
No obstante, para Alberta y Teresa la justicia no llega. La PGR ha tenido para ellas una actitud acusadora. El 25 de noviembre de 2009 y a propósito del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la mujer, dicha instancia solicitó al juez Pedraza Longi una sentencia de 40 años para ellas, pena máxima que se alcanza por el delito de secuestro.
Los Centros de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano (CDHFJD) y Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), quienes ahora llevan formalmente la defensa de las otomíes, han sostenido que aunque Pedraza Longi no dictó la pena máxima para ellas, sí decidió legitimar el abuso de poder de los agentes federales al negarles su libertad, a pesar de que tuvo una segunda oportunidad para revisar el caso a conciencia.
Ante esa falta de justicia y a petición de Alberta y Teresa el CDHFJD y Prodh, organismo que también llevó la defensa de Jacinta Francisco, ya presentaron una nueva apelación a la segunda sentencia, y se espera que para mayo de este año ya haya una resolución para que por tercera vez se revise el caso.
10/PRA/LR/LGL
