Aunque la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Alberta Alcántara y Teresa González, por el supuesto «secuestro» de elementos de la AFI en 2006, el proceso presenta los mismos vicios que las autoridades reconocieron para liberar el año pasado a Jacinta Francisco Marcial, detenida por la misma causa, aún así la dependencia mantiene una actitud acusatoria en contra de las dos mujeres otomíes.
La nueva pena, emitida la semana pasada contra Alberta y Teresa, (segunda sentencia del proceso penal), reiteró para las mujeres una condena de 21 años de prisión, 91 mil pesos de multa y añadió en esta ocasión un pago de 70 mil pesos más para «reparar» el daño moral para los ex elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
De acuerdo con información del equipo jurídico de los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y Fray Jacobo Daciano (CDHFJD), quienes tomaron la defensa de Alberta y Teresa, las conclusiones acusatorias de la PGR son un claro ejemplo de la inexistencia del debido proceso en México, así como de la ilegal y excesiva penalización de las expresiones de protesta.
Alberta y Teresa están privadas de su libertad en el Centro de Readaptación Social femenil (CERESO) de San José el Alto, Querétaro, desde el 3 de agosto de 2006, cuando fueron detenidas al ser señaladas como responsables del secuestro de 6 agentes de la AFI.
La acusación derivó de lo ocurrido el 26 de marzo de 2006, cuando dichos servidores públicos pretendieron decomisar ilegalmente la mercancía de algunos tianguistas de la comunidad ñhañhú de Santiago Mexquititlán, Querétaro, propiciando la inconformidad de los vendedores. Por los mismos hechos, también fue detenida Jacinta Francisco Marcial.
El 19 de julio de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación para la PGR en la que confirma la inocencia de Jacinta, Teresa y Alberta y consideró «probado que fueron violados los derechos humanos de las tres mujeres y que los servidores públicos federales incurrieron en graves irregularidades, llegando al extremo de fabricar testimonios». Jacinta recuperó su libertad en septiembre de 2009, al evidenciarse las irregularidades de la acusación.
No obstante, para Alberta y Teresa, el ministerio público expresa la reiterada intención de la PGR de mantener en prisión a ambas mujeres como represalia en contra de los comerciantes que se defendieron de los abusos de los agentes. Máxime si se considera que fueron Teresa y Alberta quienes les exigieron que se identificaran cuando empezaron a despojar violentamente de su mercancía a la gente.
Como defensores de Jacinta Francisco Marcial, los organismos defensores de derechos humanos «constatamos de primera mano la ausencia de pruebas contundentes que conduzcan a sostener que efectivamente los agentes fueron «secuestrados».
«Lo que busca la PGR en el caso, no es tutelar bienes fundamentales y perseguir los delitos que más agravian a la sociedad, sino sancionar desproporcionadamente a quienes se defienden de la arbitrariedad de los servidores públicos de la Procuraduría», puntualizan los defensores.
En Santiago Mexquititlán jamás se cometió un secuestro, pues sólo abusando de la ley puede equipararse lo ocurrido con ese deleznable crimen.
Los elementos AFIS fueron cómplices de una burda maquinación que se echó a andar como represalia en contra de una comunidad que no toleró los abusos de los servidores públicos de la PGR, institución que se ensañó cobardemente contra quienes suelen ser particularmente discriminadas por la sociedad y el sistema de justicia: las mujeres en situación de exclusión, originarias de una comunidad rural indígena.
Es inaceptable que las autoridades federales pretendan mantener en prisión a Alberta y Teresa, y corresponde al Poder Judicial, en el estado de Querétaro enmendar este abuso, puntualizan los Organismos No Gubernamentales.
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