La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenciará en diciembre próximo al Estado mexicano sobre el caso de Inés Fernández Ortega, indígena tlapaneca violada en 2002 por elementos del ejército mexicano.
La audiencia más reciente de la instancia internacional, se realizó el 15 de abril de 2010 en el Palacio de Justicia en Lima, Perú, y en ella, tres reconocidas peritas coincidieron en que a 8 años de la violación sexual sufrida por Inés, persisten los «graves daños» físicos y psicológicos.
En las instalaciones del tribunal internacional, estuvieron los representantes del Estado mexicano y la defensa de Inés Fernández. Aunque ella no pudo asistir a la audiencia por su avanzado embarazo, envió un saludo grabado en video en su idioma nativo Me’pha, y pidió justicia para ella y su pueblo.
De nueva cuenta quedó expuesto el estrés postraumático que vive Inés y el miedo permanente de ella y el de sus hijos, así como los efectos que esto tiene en sus vidas.
Esta situación aunada a la presencia de militares en Guerrero, sobre todo en comunidades indígenas, ha sido siempre una amenaza, particularmente para las mujeres, quienes constantemente son acosadas por los soldados, lo cual culmina casi siempre en violaciones tanto sexuales como a sus Derechos Humanos (DH).
Violaciones, que su gran mayoría quedan en la impunidad, como lo señala Martha Sánchez Néstor, coordinadora general de la Asamblea Nacional Indígena Plural de Guerrero. De acuerdo con Sánchez Néstor, México carece de políticas públicas que atiendan los problemas milenarios de los pueblos indígenas, y por el contrario, en medio de la militarización, las mujeres indígenas son violadas y asesinadas.
Por ello sostiene que «no se puede hablar de que en México se respetan los DH de las personas indígenas». En tanto el 27 de este mes la CoIDH tendrá otra audiencia en donde se tratará el caso de Valentina Rosendo Cantú, también indígena tlapaneca que en 2002 fue violada por militares.
En el caso de Valentina, al igual que en el de Inés, los defensores piden que el Estado mexicano se responsabilice por la violación y tortura cometida por militares. Además de la falta de una debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de la violación sexual de Valentina y, también, por la falta de reparación adecuada.
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