El presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO), Heriberto Antonio García, expresó su preocupación por la violencia que se registra principalmente en el autonombrado municipio autónomo de San Juan Copala, donde el jueves pasado fue asesinado, Timoteo Alejandro Ramírez, uno de los líderes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI) y su esposa, Cleriberta Castro.
El ombudsman oaxaqueño recordó que desde el 8 de julio del 2009 la CDDHO emitió una recomendación para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por la violación a los derechos humanos, a la legalidad y seguridad jurídica al no ejecutar las órdenes de aprehensión en contra de Timoteo Alejandro Martínez y otras tres personas más, a quienes en su momento se les acusó del secuestro de Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, en julio del 2007, según la causa penal 70/2007.
Fuentes oficiales reportan que el asesinato de la pareja ocurrió alrededor de las 18:00 horas del jueves. La autopsia revela que Timoteo tenía tres lesiones de machete en la mandíbula, el dedo pulgar de la mano derecha y en el antebrazo izquierdo, así como dos disparos con un arma calibre 9 milímetros, uno en el hombro y otro en la cabeza. Su esposa sólo tenía un disparo en la cabeza.
Emelia Ortiz, quien tras la desaparición de sus primas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, en julio del 2007, responsabilizó a Timoteo Alejandro, dijo que estos hechos de violencia son un ejemplo de que «vivir en la zona Triqui es muy complicado porque hay un riesgo de ser asesinada o violada».
Considera que la mayoría de los casos de violencia no llegan a integrarse en un expediente penal porque «no hay justicia, es una burla para quienes intentan denunciar, constantemente hay emboscadas, y no es tan fácil que entren las autoridades porque dicen que no pueden arriesgar a su gente».
El dolor de que le asesinaran a dos hermanos y a una hermana –ella supuestamente ahogada en un arroyo- hizo que Emilia lamentara la muerte de Timoteo y su esposa, quienes hasta el 2006 pertenecieron al Movimiento Unificador de Lucha Triqui (una de las tres organizaciones que tiene presencia en la zona), para después integrarse al MULTI.
PRIVA IMPUNIDAD
Obtener la versión exacta del asesinato, «es muy difícil» porque se puede creer que «fue una división entre ellos, es difícil que entren otras personas extrañas a la comunidad; como ellos manejan la política se acusan unos a otros y eso es natural, es muy lamentable lo que está pasando, sobre todos con sus hijos; nosotros no les deseamos eso porque lo hemos vivido en carne propia», dijo Emelia.
Jorge Albino, vocero de derechos humanos de San Juan Copala, admitió que Timoteo Alejandro «sí estuvo acusado de haber secuestrado a las dos hermanas (Daniela y Virginia), sin embargo él se ofreció a las pruebas, y lo que sí podemos decir es que él no tuvo nada que ver en el asunto y aún así fue acusado».
Jorge Albino y Emelia Ortiz coinciden en que son muchos los delitos que en la zona triqui están impunes porque las autoridades manejan un discurso político de que las investigaciones se están realizando pero los hechos demuestran el desinterés oficial.
Sobre el asesinato de Timoteo y su esposa Cleriberta, Jorge Albino consideró que fue un crimen de Estado porque él «era uno de los impulsores de la autonomía de la región» y de los derechos indígenas en Oaxaca.
«Fue atacado en su domicilio (en Yosoyuxi) por un grupo armado. Los testigos dicen que si vieron a los que atacaron pero no los reconocieron. No son triquis. Son gentes mestizas, ese grupo se hizo pasar como vendedores de maíz y parece ser que cuando Timoteo estaba a punto de pagarles lo del maíz fue cuando fue atacado él y su esposa».
CCIODH HACE LLAMADO
Ante la ola de violencia creciente en la zona triqui, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) manifestó su preocupación en un boletín fechado el 22 de mayo y alertó que esta escalada de violencia pueda recrudecerse en el contexto actual electoral.
Señala que existe un patrón de conducta reiterado por parte de las autoridades mexicanas quienes han negado «en diferentes escenarios y situaciones» la existencia de grupos paramilitares, y reiterado que las agresiones y los asesinatos obedecen a conflictos intracomunitarios donde el Estado sólo interviene para garantizar la paz y el orden social.
Afirmaciones que contrastan con la realidad, afirma el comunicado toda vez que pese a los casos documentados de violencia y asesinatos en la región permanece la impunidad ya que ninguno ha sido investigado, mucho menos juzgado lo que hace que «se permita y potencie la actividad paramilitar como forma de división, agresión y contención de las causas justas y legítimas de las organizaciones sociales y comunidades indígenas».
La CCIODH expresó su preocupación y se comprometió a seguir de cerca la evolución de los acontecimientos, al tiempo que hizo un llamado a la sociedad civil a estar atenta para responder ante posibles nuevas agresiones, así como a sumar esfuerzos que permitan una solución justa y duradera al conflicto en la región triqui.
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