Bajo el argumento de que la causal que permite el aborto legal por alteraciones genéticas o congénitas del producto es discriminatoria hacia las personas con discapacidad, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) presentó a inicios de febrero una iniciativa que busca sancionar a las mujeres que aborten por este motivo.
Ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Congreso local, Armando Luna Canales, entonces presidente de la CDHEC –quien dejó el cargo al ser nombrado secretario de Gobierno el pasado 20 de febrero–, expuso el proyecto de decreto que pretende eliminar una de las cuatro causales que permiten el aborto legal en Coahuila.
No es la primera vez que el priista Armando Luna realiza este tipo de propuestas. En el sexenio anterior, cuando Humberto Moreira Valdez gobernaba la entidad y él era subsecretario de Asuntos Jurídicos, impulsó el programa “Sí a la vida”, que ofrecía ayuda alimentaria y médica a madres solteras, adolescentes o mujeres en situación de pobreza extrema, para “convencerlas” de no abortar.
Desde esa época, el funcionario refería que el aborto era un delito que siempre era posible evitar, porque a su juicio muchas mujeres que recurren a la interrupción del embarazo lo hacen por presiones externas y declaró que “nadie en este planeta aborta por gusto”.
En esta administración, días antes de renunciar a la CDHEC para asumir su cargo como secretario de Gobierno, por designio del gobernador Rubén Moreira Valdez, retomó su agenda antiaborto para presentar la “Iniciativa de derecho para la derogación de la causa de exclusión de responsabilidad penal por el delito de aborto por motivo de eugenesia del Código Penal de Coahuila”.
La iniciativa publicada en la página web del Congreso local refiere que es conveniente discutir el aborto eugenésico, con base en la reforma de Derechos Humanos de 2011 y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que –según argumenta– contraviene el principio de integración e inclusión de personas con discapacidad y que impedir su nacimiento por esta causa resulta “discriminatorio”.
Al término del encuentro con Armando Luna, Edmundo Gómez Garza, diputado del PAN y coordinador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, expresó que el tema es delicado y puede confrontar muchas ideas, por lo que requiere de un “exhaustivo análisis”.
Sin embargo, consultado vía telefónica por Cimacnoticias sobre la iniciativa, Gómez Garza evidenció su desconocimiento sobre la propuesta de Armando Luna al afirmar que pretende “despenalizar” el aborto.
El panista dijo que su partido no está de acuerdo con la iniciativa de la CDHEC porque –aseguró– el blanquiazul está “a favor de la vida” y se opone a legalizar el aborto.
Además Edmundo Gómez demostró no conocer las causales para la interrupción legal del embarazo en su estado al afirmar que “abortar por malformación del producto está penado en la legislación de Coahuila”.
No obstante, según el artículo 361 del Código Penal estatal, el aborto es legal por cuatro causales: violación; peligro de muerte de la madre; imprudencial o culposo, y por alteraciones genéticas o congénitas graves.
Gómez Garza dijo que la Comisión de Defensa de Derechos Humanos aún no ha analizado el proyecto y que tardará por lo menos dos semanas más para que se defina si se presenta ante el Pleno del Congreso estatal.
El Legislativo de Coahuila está conformado por una mayoría priista. De los 25 legisladores, 15 son del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y sólo hay tres legisladoras (dos del tricolor y una del Panal).
En entrevista con Cimacnoticias, la coordinadora de la Comisión de Equidad y Género, la priista Lucía Azucena Ramos, informó que su instancia legislativa no fue convocada a la reunión con Armando Luna, ni se les ha turnado la iniciativa.
Adelantó que se reunirá con las otras dos integrantes de la comisión, una del PRI y otra del Partido Nueva Alianza, para discutir el tema como parte de su agenda, aunque deberán esperar a que les turnen la propuesta para dar una postura.
Manifestó que su opinión personal respecto al aborto es a favor de que las mujeres decidan sobre su cuerpo bajo cualquier circunstancia, siempre y cuando sea antes de los tres meses de embarazo.
13/AFR/RMB
febrero 2013
Actualmente, las mujeres periodistas opinan menos sobre los problemas políticos y sociales, en contraste con las mujeres de las primeras décadas del siglo XX, según el libro “Mujer, periodismo y opinión pública en Sonora. El caso de los periódicos El Pueblo y El Tiempo de Hermosillo (1934-1938)”, de la maestra Elizabeth Cejudo Ramos.
En entrevista para Cimacnoticias, la autora afirmó que en esos años las mujeres conformaron una corriente de opinión muy influyente, lo cual no ocurre hoy día, pues en Sonora hay una presencia significativa de mujeres en los medios, pero sólo como reporteras.
Cejudo Ramos explicó que en la actualidad las mujeres ejercen el periodismo como reporteras, pues la mayoría son egresadas de las licenciaturas en Comunicación o Periodismo, por lo que su trabajo está basado en una metodología profesional que responde a las necesidades de los medios impresos, audiovisuales y digitales.
Agregó que en su investigación descubrió que fueron las mujeres periodistas quienes empujaron la lucha por el voto femenino. En cambio, observó, en la actualidad son escasas las columnistas que publican en los medios en Sonora.
Incluso apuntó que en las columnas especializadas hay una ausencia muy notoria de la opinión femenina, pues en Sonora no se conoce el caso de alguna columnista de economía, finanzas, medicina, derecho, ciencias, y sólo en el ámbito del deporte se empieza a vislumbrar la opinión de las mujeres en televisión.
En este contexto, son las columnistas del centro del país las que son publicadas y leídas al ser retomados sus textos en los medios locales.
Cejudo Ramos narró que cuando ella era reportera veía que en las salas de redacción había muchas mujeres, pero no había columnistas que emitieran su opinión. En contraste, hace 70 años las mujeres influían en la parte editorial y ofrecían un discurso sobre su visión del mundo.
La autora del primer libro sobre el tema en Sonora detalló que su estudio, realizado para la tesis de Maestría en Ciencias, buscaba rescatar e interpretar los discursos periodísticos hechos por mujeres, que se publicaron en la prensa estatal de 1934 a 1938.
Su idea fue conocer los discursos desde dos perspectivas: qué escribían las mujeres, y qué se escribía sobre ellas. Su punto de partida fue que las mujeres ya estaban participando muy activamente en las polémicas de los acontecimientos políticos de entonces. De hecho, publicar la opinión en algún medio era parte del activismo feminista.
Los discursos que Cejudo encontró se referían a los cambios que requería el país, por lo que hablaban de una nueva revolución o de rescatar la Revolución de 1910.
El libro “Mujer, periodismo y opinión pública en Sonora” es la evolución de la tesis de Maestría de la autora, y cuenta con una reorganización del marco teórico para sustentar por qué es importante que las mujeres accedan a la prensa y a la esfera pública.
Sobre las mujeres periodistas, la también licenciada en Comunicación opinó que su participación se ha modificado, pues mientras en el siglo pasado opinaban más en columnas, ahora son más reporteras que atienden a órdenes de trabajo sobre temas indistintos sin emitir su opinión.
Otra diferencia es que las mujeres que publicaban en los años 30 en su mayoría no percibían sueldo, y tampoco se dedicaban de tiempo completo a esa actividad, a excepción de Enriqueta de Parodi y Concha De Villarreal.
La mayoría eran literatas, maestras o funcionarias de gobierno que colaboraban en la prensa. Esto permite establecer que no era propiamente un oficio o carrera como se ve en la actualidad. Estas mujeres escribían sobre lo que pasaba, pero también sobre lo que querían que ocurriera en el país.
La autora indicó que en ninguno de los documentos revisados se pudo encontrar que las mujeres que publicaban estuvieran relacionadas con la propiedad de los medios, pero sí con el aparato institucional de gobierno, y sobre todo, simpatizantes de las ideas del entonces presidente Lázaro Cárdenas.
A pesar de la actual profesionalización del oficio periodístico, Cejudo calificó como una “involución” que no haya mujeres columnistas sonorenses, salvo las pocas que ocupan puestos directivos y alguna otra publicación aislada.
En su análisis detectó que en el siglo XX las mujeres se apegaron a la dinámica de los medios como herramienta para el cambio social. En los discursos analizados hay una conexión entre publicar y movilizar, coincidente con las actuales redes sociales, factor clave para trasladar lo virtual a lo público.
“Mujer, periodismo y opinión pública en Sonora. El caso de los periódicos El Pueblo y El Tiempo de Hermosillo (1934-1938)”, de la maestra Elizabeth Cejudo Ramos, fue editado por El Colegio de Sonora.
13/SNE/RMB
Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado a los Estados para que se comprometan con la salud de las mujeres y las niñas, e implementen políticas efectivas que les permitan acceder a una vida sin violencia, sin discriminación y con salud.
El organismo humanitario hizo la petición a propósito de la reunión que sostendrán los Estados miembros de la ONU en 2014, para revisar los avances en materia de salud sexual y reproductiva acordados en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994, en El Cairo, Egipto.
En un comunicado, AI expresó su preocupación porque han pasado 19 años desde ese encuentro internacional y si bien los países miembros han tomado algunas medidas importantes para cumplir los compromisos adquiridos, los avances apenas se notan.
La organización denunció que incluso en algunas áreas como la salud sexual y reproductiva los progresos han sido irregulares, toda vez que continúan las muertes maternas ligadas al embarazo y el parto, y los casos de mujeres víctimas de violación sexual quedan impunes.
De acuerdo con la información recopilada, las mujeres y las niñas mueren debido a que en sus países las políticas de salud han fallado o porque hay una atención insuficiente y leyes discriminatorias.
Como ejemplo de la precaria situación, la ONU ha denunciado que a diario mueren alrededor de 800 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, mientras que por cada una de ellas otras 20 tienen lesiones, infecciones, enfermedades o discapacidades derivadas del embarazo, el parto o abortos practicados en condiciones de riesgo.
Otro aspecto que afecta la salud de las mujeres, según AI, es el hecho de que muchas mujeres en el mundo están en riesgo de ser víctimas de violación sexual sin acceder a la justicia. En México, por ejemplo, sólo el 20 por ciento de las denuncias de violación terminan en sentencia.
Esto pese a que el Informe de la Conferencia de El Cairo, en su capítulo “Derechos reproductivos y salud reproductiva”, estipula que todas las mujeres tienen derecho a recibir servicios adecuados en salud que permitan embarazos y partos sin riesgos.
Las reuniones preparatorias del encuentro de 2014 comenzarán en abril próximo en Nueva York, con lo cual iniciará el proceso de revisión de las metas establecidas en 1994 a favor de la salud femenina.
13/MMS/AGM/RMB
A fin de reconocer la lucha social, cultural, política, tecnológica, científica, económica o académica de mexicanas destacadas, la Comisión para la Igualdad de Género del Senado propuso instaurar el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”.
A propósito del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género presentaron una iniciativa para crear este reconocimiento a mujeres que han trabajado en favor de la equidad entre los sexos.
Con la iniciativa se pretende reformar el Reglamento del Senado de la República para que cada mes de marzo las y los senadores premien a una mujer otorgándole un Busto en Bronce que llevará el nombre de la feminista y sufragista yucateca.
Según la propuesta, la lucha de las mujeres por participar en la sociedad en igualdad de condiciones con los hombres ha sido constante, trascendente y firme en sus propósitos, gracias a lo cual han ganado diversas batallas alrededor del mundo.
Las senadoras señalaron que este reconocimiento se debe otorgar en marzo para visibilizar aún más las necesidades y problemáticas de niñas y mujeres, y así colocarlas en las agendas nacionales e internacionales.
Explicaron que será una oportunidad para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una extraordinaria función en la historia de los derechos femeninos.
Esta propuesta se suma a los actuales premios y reconocimientos a las mujeres mexicanas en ámbitos como el literario, tecnológico y científico, con las preseas Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Frida Kahlo o la Medalla Omecihuatl.
A decir de las legisladoras, para entregar el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” se integrará una terna con propuestas de organismos públicos, la Cámara de Diputados y la sociedad civil.
El Senado entregará el premio y hará una reseña de los logros y aportes en el reconocimiento, promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los Derechos Humanos de las mujeres.
13/AGM/RMB
Durante el embarazo, el parto, la atención de la o el recién nacido y el puerperio (40 días posteriores al alumbramiento), es cuando se ejerce una de las formas más constantes y graves de violencia contra las mexicanas, la llamada violencia obstétrica.
Pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió en 1985 recomendaciones para prevenirla y de que en México hay una legislación para garantizar servicios de salud adecuados para las mujeres, la violencia obstétrica es una trágica realidad para las mexicanas en edad reproductiva.
Tanto la OMS, como expertos en salud, han definido a la violencia obstétrica como “un tipo de violencia institucional expresada en las relaciones de poder que legitiman y naturalizan una serie de procedimientos entre los que se da una apropiación del cuerpo de las mujeres y de los procesos fisiológicos presentes durante su embarazo”, y las etapas relacionadas con la gestación.
Es al mismo tiempo un trato deshumanizador que viola los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, un abuso del uso de medicamentos y una “patologización” (consideración como enfermedad) de los procesos naturales de la gestación y el parto, que traen consigo la pérdida de autonomía y la capacidad de decisión de las mujeres durante su embarazo, parto y puerperio.
Es decir, la violencia obstétrica son las malas prácticas, agresiones, omisiones, poco acceso a la información y los procedimientos indebidos del personal de salud que atiende a las mujeres durante su embarazo, parto y puerperio.
En la edición septiembre-diciembre de 2010 de la revista Género y Salud en Cifras –dependiente de la Secretaría de Salud–, se define que los elementos y comportamientos presentes en la violencia obstétrica se pueden clasificar en cinco tipos de agresiones, delimitados por las recomendaciones de la OMS.
En el primer tipo están los procedimientos técnicos efectuados de manera rutinaria por el personal médico, de los cuales se puede prescindir a menos que exista una condición médica precisa.
Tales procedimientos se llevan a cabo generalmente sin brindar información a las mujeres para que decidan si están de acuerdo o no con ellos.
Entre estos se encuentra la práctica excesiva de la cesárea, el rasurado del pubis (tricotomía), enemas evacuantes, cortes quirúrgicos para agrandar la vagina durante el parto (episiotomías), y revisiones de la cavidad uterina previamente al parto.
Dentro de la misma categoría están la separación del bebé de su madre en los primeros minutos de vida; imponer a las madres horarios de lactancia, y limitaciones en el trabajo de parto, ya que generalmente se les prohíbe estar acompañadas por algún familiar, y no se les brinda la opción de tener un parto vertical.
En la segunda categoría de agresiones están las humillaciones y maltratos efectuados por el personal de salud que se reflejan en frases como “¿verdad que hace nueve meses no te dolía?”, así como en la exposición constante de los genitales femeninos durante las exploraciones vaginales.
En la tercera categoría están los procedimientos obstétricos realizados para facilitar el aprendizaje de las y los estudiantes y residentes médicos, ya que comúnmente se llevan a cabo sin la autorización de las mujeres con el pretexto de que contribuyen a la enseñanza de la medicina.
La cuarta categoría enmarca el diseño de presupuestos y espacios de atención materna desde una mirada masculina, es decir, sin que intervengan en la planeación las consideraciones de mujeres expertas.
Como consecuencia de lo anterior generalmente los espacios de atención materna son reducidos, no pueden participar familiares y en algunos casos las mujeres están hacinadas.
Como último tipo de agresiones están el maltrato cultural y social en salud reproductiva, al discriminarse a las mujeres indígenas y de sectores rurales por sus concepciones y prácticas culturales. Como ejemplo está la crítica a la labor de las parteras.
La violencia obstétrica además de vulnerar los DH de las mujeres, puede llegar a denigrar su integridad física, así como a presentar riesgos a su salud debido a las complicaciones médicas que pueden surgir por los procedimientos médicos y quirúrgicos realizados.
13/AZM/RMB
Las mujeres salvadoreñas que salen de este país centroamericano son responsables de 70 por ciento de los más de 3 mil 600 millones de dólares (cerca de 47 mil millones de pesos mexicanos) en remesas que ingresan a El Salvador cada año.
Es decir, las salvadoreñas envían cada día desde el exterior 6.9 millones de dólares a sus familias (88.3 millones de pesos mexicanos).
Salvadoreños en el Mundo, organización de inmigrantes salvadoreños en el exterior, asegura que nadie sabe exactamente el número de paisanas fuera del país, pero advierte que decenas de mujeres salen a diario de la nación centroamericana desde finales de los años 70, en su mayoría en búsqueda de mejores oportunidades económicas.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes reciben las remesas para ser administradas en las familias salvadoreñas son en su mayoría las mujeres al representar más de 58 por ciento.
EL CASO DE IDALIA
Idalia, de 30 años, dejó El Salvador hace 15 años para vivir con su hermana en Maryland, Estados Unidos. Con el apoyo de sus familiares que ya estaban desde tiempo atrás en el país del norte, la mujer estudió inglés y después enfermería.
Hoy Idalia es enfermera en un hospital de Washington con un salario que, dice, “ni en sueños podría ganar con el mismo empleo en El Salvador”.
Idalia también cuenta con un pequeño negocio de comida rápida que administra con sus familiares.
La migrante, quien está de visita en El Salvador, comenta que eso le permite llevar un estilo de vida favorable en EU, brindar educación a sus dos hijos, tener su casa y sus comodidades, y enviar remesas mensuales a su madre en El Salvador.
Como Idalia hay muchas mujeres migrantes con trabajos profesionales y/o con sus propias empresas. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tres de cada 100 mujeres profesionistas emigran para buscar empleo en el exterior.
CAMBIOS SOCIALES Y FAMILIARES
La migración también ha modificado el componente familiar y social de las comunidades salvadoreñas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reconoce que la migración puede afectar de múltiples formas la participación política y social de mujeres y hombres.
En algunos casos ha derivado en que las mujeres asuman roles de liderazgo en las organizaciones comunitarias o en los espacios comunales.
En otros casos, el éxodo ha provocado una ruptura en el tejido social que ha reducido la participación y la organización comunitaria de mujeres y hombres, lo que crea un déficit de capital social.
El Informe de Desarrollo Humano de El Salvador, con eje analítico en la migración, destacó que las inmigrantes salvadoreñas adquieren más la ciudadanía que los hombres.
La razón es que las mujeres están más preocupadas por sus derechos plenos y se apresuran a adquirir la ciudadanía para garantizar su estancia legal o sus derechos laborales, o recibir sus pensiones y atención médica.
El mismo estudio refleja que con frecuencia las migrantes llegan a ser modelos poderosas para las mujeres y adolescentes de algunas comunidades porque, según se apunta, ellas han podido ascender en la escala social, son mujeres de negocios, manejan cantidades importantes de dinero, y son respetadas por otros miembros de la comunidad y las autoridades.
13/MS/RMB
Agrupaciones integradas en la Coalición Ciudadanía, Democracia y Medios llamaron a la sociedad civil a formar una alianza, para exigir al Congreso de la Unión una reforma integral en materia de radiodifusión y telecomunicaciones que tenga un enfoque de Derechos Humanos (DH).
De cara a la próxima discusión legislativa sobre el régimen jurídico de las telecomunicaciones, las organizaciones defensoras de la libertad de expresión y el derecho a la información convocaron a una campaña por la democratización de los medios de comunicación.
La finalidad de la coalición, creada en mayo de 2012, es que la nueva legislación garantice que toda la población acceda a servicios como la banda ancha y el internet, termine con los monopolios en radio, TV y telefonía, y abra la puerta a más medios informativos.
Entre las organizaciones que integran la coalición están la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.
En un comunicado, la coalición advirtió que los monopolios tanto en telecomunicaciones como en la radiodifusión tienen un gran costo político, económico y social en México. Agregó que esta situación afecta a toda la población al tener “servicios caros y de mala calidad e información acotada”.
“Esta concentración tiene como resultado la exclusión de grandes sectores de la población para el acceso a servicios para su desarrollo, pero también para que puedan expresarse y contar con información diversa que les permita formarse una opinión libre para la toma de decisiones respecto de los temas públicos que les afectan”, detalló.
Por lo pronto, la Amedi ya exigió a la clase política una legislación que asegure la competencia y genere condiciones necesarias para el pluralismo y la diversidad, para lo cual presentó 21 puntos que considera deben ser incluidos en la reforma de telecomunicaciones.
Entre las recomendaciones destaca la petición de incluir una perspectiva transversal de DH que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información, de acuerdo con los más altos estándares a nivel internacional.
Además se pide una ley que integre y regule todos los servicios, tecnologías y plataformas de distribución de servicios de telecomunicaciones, incluidas la radiodifusión y la banda ancha; homologue las concesiones; establezca reglas para la digitalización de la TV, y dé reconocimiento jurídico a los medios comunitarios.
Entre las propuestas también se busca incidir en los contenidos al evitar la proliferación de publicidad engañosa o subrepticia (escondida); fomentar la producción nacional independiente de contenidos, y regular la programación y publicidad destinada al público infantil, entre otros puntos.
La Amedi criticó que hasta el momento las negociaciones sobre la reforma en telecomunicaciones sean “opacas y de espaldas a la sociedad”, lo que va en contra de los ejes rectores del Pacto por México que hablan de “la participación de los ciudadanos”, por lo que pidieron abrir la discusión a la sociedad civil.
13/AGM/RMB
Los medios de comunicación mexicanos, además de contar con una escasa participación de mujeres en cargos directivos, reproducen estereotipos culturales sexistas que limitan y frenan la participación femenina en la política.
Lo anterior según Aimée Vega Montiel, directora de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), quien participó en la mesa redonda “Mujeres, medios y política”, organizada por el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) de El Colegio de México (Colmex).
La también académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, aseguró que los medios de comunicación (en su mayoría dirigidos por hombres) promueven la creencia de que las mujeres no están preparadas ni son lo suficientemente aptas para ejercer cargos de elección popular.
Añadió que los medios informativos invisibilizan a las mujeres políticas, ya que cuando hablan de ellas se hace poca referencia a su trayectoria o sus logros, y en contraste informan sobre su situación marital o su condición de madre o jefa de familia.
De esta manera, de acuerdo con Vega Montiel, el poder de las mujeres políticas es asociado a su identidad de género, e incluso llega a ser utilizado para cuestionar su viabilidad como representante política.
Al mismo tiempo cuando se analizan las acciones de gobierno de las mujeres se incluyen descripciones sobre su apariencia física, condición que no sucede con los varones.
La investigadora recordó el caso reciente de la diputada perredista Crystal Tovar, quien fue criticada en los medios por usar minifalda durante una de las sesiones del Pleno, lo que evidencia que aunque las mujeres logren puestos de representatividad “siguen siendo consideradas como objetos”.
Apuntó que los medios de comunicación al hacer referencia a las mujeres en su papel de votantes tampoco las consideran como ciudadanas capaces de emitir el voto de manera informada, sino que en los contenidos mediáticos se difunde que lo hacen desde su “emotividad o ingenuidad”.
“VISIÓN MISÓGINA”
En su intervención, Sanjuana Martínez, colaboradora del diario La Jornada y el portal web Sin Embargo, consideró que la poca presencia de las mujeres en los medios de comunicación, tanto a nivel directivo como en algunas fuentes informativas, deriva en que los contenidos tengan una “visión misógina”.
Explicó que por esta razón se permite la participación de las mujeres en temas de política, pero sólo desde la farándula o el “chisme”, y recordó que el género de opinión sólo en un 10 por ciento es ocupado por voces femeninas.
De acuerdo con las expertas, tales condiciones han contribuido a que no haya igualdad de género en la participación política en México.
Gabriela Revueltas Valle, jefa de departamento del Instituto Federal Electoral (IFE), criticó la poca presencia de las mujeres en la vida pública, pese a que en 2013 se cumplen 60 años de que las mexicanas obtuvieron el derecho pleno a votar y ser electas.
Finalmente, durante la sesión de preguntas y respuestas, Revueltas apuntó que se deben emprender medidas urgentes para que desde los medios y las instituciones se promueva la igualdad de género en la vida política.
El evento, realizado como parte de los festejos por el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, también contó con la presencia de la delegada en Tlalpan, Maricela Contreras Julián; la académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM Lucía Melgar, y Karine Tinat, directora del PIEM.
13/AZM/RMB
Violaciones a niñas se extienden en provincia guatemalteca
Organizaciones de mujeres del municipio de Los Amates, en este departamento guatemalteco, mostraron su preocupación por el subregistro en los casos de embarazos en niñas y adolescentes en esta localidad.
Y es que en el municipio se ha vuelto común ver a niñas embarazadas sin que las autoridades de educación, salud o justicia indaguen al respecto.
De acuerdo con información del Comité de Mujeres de Yuma, una comunidad a 20 kilómetros del centro de Los Amates, niñas desde los 12 años están embarazadas y algunas no van a los servicios de salud por temor a que sus padres se enteren.
Información recabada por el Comité en el Centro de Atención Médica Permanente (CAP) refiere que en los últimos meses se han atendido casos de adolescentes entre 14 y 17 años, pero las líderes consideran que una cifra considerable de partos en menores de edad ha sido atendida por comadronas, por lo que las autoridades no los tienen registrados.
Los Amates es el municipio de Guatemala con el mayor número de aldeas y comunidades: 198, las cuales en su mayoría carecen de acceso al transporte, agua potable y a otros servicios básicos. A algunas personas les toma aproximadamente seis horas llegar hasta el centro para acceder a los servicios de salud.
La situación es crítica, pues la juventud no recibe suficiente información sobre la educación sexual integral, mientras que en el sistema de salud persisten estereotipos que impiden atender adecuadamente a las niñas y las adolescentes, y el organismo judicial no tiene registro de las denuncias, aseguró Clementina Carranza, del Comité de Mujeres de Yuma.
Según Leonor Calderón, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), cada caso de embarazo de menores de 14 años debe ser investigado y perseguido, pues la ley establece que son casos de violación.
Residentes de La Finca El Pilar, ubicada en la localidad de Quiriguá, señalaron que hubo un caso de abandono de un feto recientemente y no descartaron que esté relacionado con los embarazos en adolescentes, por lo que las autoridades deberán llegar a Los Amates a investigar y garantizar mejores oportunidades a las niñas.
Marta Monterroso, de la Asociación Nuevo Amanecer Rayo de Esperanza para las Familias Unidas (NAREFU), expresó que la situación encuentra sus causas en las escasas oportunidades de desarrollo en Los Amates, pues las niñas tienen poco acceso a la educación y la salud sexual y reproductiva.
13/MV/RMB
España: se triplica número de mujeres migrantes nicaragüenses
Después de trabajar cinco años con su hijo en España, Blanca Sotelo, de 50 años de edad, regresó a Nicaragua para instalar su propio negocio, que fue posible con el dinero que enviaba a sus hijos, quienes se encargaron de la construcción del local y de las gestiones municipales para concretar el proyecto, con una inversión superior a los 5 mil dólares (más de 64 mil pesos mexicanos).
Blanca se fue a España en 2007 con Lenin, su hijo de 27 años. El viaje lo emprendió con dos objetivos: separarse de su esposo agresor y reunir dinero para tener su propio medio de trabajo.
Fue así que durante cinco años envió remesas mensuales a sus tres hijos que quedaron en el país: Ignacio (30 años), José (25) y Bianca (23).
Ahora Blanca junto a sus hijos administra un café internet llamado “Alfa y Omega” en la comunidad de Cedro Galán, al occidente de Managua.
En Nicaragua no hay datos estadísticos de cuántas mujeres han regresado del extranjero para concretar sus propios medios de trabajo. Existe un proyecto de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que capacita a mujeres que reciben remesas para que las aprovechen de manera productiva.
“Me parece extraordinario que en el caso de Blanca, ella sea independiente y gestora de su propio medio de trabajo”, dice Argentina Olivas, del Colectivo de Mujeres de Matagalpa.
Aunque Blanca regresó a Nicaragua, la mayoría de migrantes en España siguen siendo mujeres. En 2012 estaban censadas 13 mil 454 mujeres y 4 mil hombres, según el Instituto Nacional de Estadísticas de España, pero la cantidad podría ser de hasta 80 mil nicaragüenses, de acuerdo con las estimaciones de la embajada nicaragüense en el país ibérico.
Ante esta situación, la embajada de Nicaragua en Madrid anunció a mediados de este mes que ha redoblado la atención a sus compatriotas, pero recomendó a las nicaragüenses no seguir emigrando a España por las difíciles condiciones de empleo que se viven en ese país.
13/NR/RMB