Por no contar con el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y por causas personales renunciaron hoy cinco consejeras y consejeros del Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación (CCPRED).
Luego de entregar su informe de trabajo por el primer año de actividades, cinco de los once integrantes de ese órgano ciudadano entregaron su renuncia en las instalaciones de la CEDH.
En su informe, el CCPRED expone las actividades que realizaron a lo largo del primer año de gestión, pues tomaron protesta para un ciclo de dos años.
Sin embargo, algunos de sus integrantes consideran que ante la falta de respaldo institucional es imposible continuar intentando llevar adelante un programa de trabajo para prevenir actos de discriminación en Sonora.
En el documento se da cuenta de cómo desde noviembre de 2018 se solicitó a la presidencia de la CEDH el apoyo para el impulso de la reforma a la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de Sonora, ya que la legislación vigente y su reglamento mantiene al CCPRED sin recursos económicos, humanos, y físicos para operar.
De igual forma se le pidió que en su solicitud de presupuesto anual la CEDH incluyera una parte para el Consejo, organismo cuyos integrantes trabajan en forma honoraria.
Sin embargo, no cuentan con algún lugar en donde reunirse, no cuentan con mobiliario y equipo para trabajar, y mucho menos con personal técnico que apoye las actividades del consejo, por lo que las actividades administrativas deben realizarlas los propios integrantes.
Y es que la legislación en Sonora presenta una contradicción, ya que a pesar de ese hueco patrimonial para el CCPRED, dentro de sus atribuciones cuenta con la recepción de quejas de casos de posibles actos de discriminación, lo cual desde luego, no ha realizado.
La aparente facultad de investigar y emitir sanciones del Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación en Sonora queda solo en la letra, pues sin recursos es imposible darle curso a la tarea de atender los casos.
Según la Ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación en el Estado de Sonora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, debe integrar un órgano ciudadano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrollen en materia de prevención de la discriminación, el cual se denomina Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación.
Los trabajos del Consejo son supervisados por la propia comisión, y está integrado por once personas, representantes de los sectores privado, social y de la comunidad académica, uno de ellos, por lo menos, debe ser de extracción indígena.
La ley especifica que es un cargo honorífico, por lo que no reciben retribución, sueldo o compensación alguna por su participación.
Las personas integrantes del Consejo ciudadano duran en su cargo dos años y podrán ser ratificados una sola vez por otro periodo bianual. Sin embargo, a un año de tomar protesta, cinco de los integrantes han decidido renunciar.
Quienes presentaron su renuncia hoy son: Martha Lucía Serna, Silvia Núñez Esquer, Gil Espinosa García, Natalia Rosales Yeomans y Sheila Hernández Alcaraz.
La Comisión debe proveer al consejo de los recursos necesarios para el desempeño de sus actividades, lo cual no se cumplió de acuerdo a algunos de los consejeros.
En la norma se especifican 15 actividades que para dar cumplimiento a sus atribuciones, debería realizar el CCPRED, según el reglamento de la Ley estatal.
Algunas de éstas son: analizar y aprobar la propuesta del Programa Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como de las partidas y montos que deben considerarse en el presupuesto de egresos.
Proponer medidas para garantizar la correspondencia entre las políticas federal, estatal y municipal en materia de discriminación.
Revisar los términos de los convenios de coordinación celebrados entre el Ejecutivo del Estado, los ayuntamientos, así como son los sectores social y privado en materia de discriminación a fin de proponer en su caso, modificaciones. Analizar y proponer esquemas alternativos de financiamiento para el programa, es otra de ellas.
Conocer las quejas por conductas presuntamente discriminatorias, cometidas por particulares y/o actos de omisiones administrativas por presuntas violaciones a Derechos Humanos de contenido discriminatorio cometidos por autoridades y servidores públicos, estatales y municipales en el ejercicio de sus funciones, es uno de los mandatos del reglamento.
Establecer relaciones de coordinación con instituciones públicas federales, estatales y municipales, así como con personas y organizaciones sociales y privadas, con el propósito de que en los programas de gobierno se prevean acciones afirmativas y compensatorias.
Como se aprecia en las disposiciones del reglamento de la legislación que sustenta al Consejo, son actividades que requieren recursos humanos y físicos para llevarlas a cabo.
El Consejo ciudadano para prevenir la discriminación anunció en rueda de prensa realizada en marzo pasado su programa de trabajo anual, y presentó su sitio web gratuito en donde hacen públicas actividades como reuniones, acuerdos, legislación sobre discriminación, recursos sobre el tema, y pronunciamientos sobre discriminación.
El Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación 2018-2020 estaba conformado por: Martha Lucía Serna Salazar (Presidenta), Silvia Núñez Esquer (Secretaria Técnica), Sheila Guadalupe Hernández Alcaraz, Jesús Rubén Gerardo Navarro, Héctor Vega Deloya, María Isabel Sandoval Sánchez, Natalia Rosales Yeomans, Pedro Gómez López, Gil Espinosa García, Mariela Yrene Vivas Ponce, y Juana Elba Félix Cejudo.
Tiene su sustento legal en la Ley 179 para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación en el Estado de Sonora, y su reglamento.
19/SNE/LGL
