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La revolución en las aulas: activismo feminista en las universidades mexicanas

Por Daniela Cerva Cerna*

Revuelta, protesta, disturbios, vandalismo, parecieran todos sinónimos, que, sin mediar análisis, se han utilizado para explicar el actuar de las estudiantes mexicanas que se han organizado para demandar un alto a las situaciones de violencia en sus planteles de estudio y las que en algunos casos han derivado en la toma de facultades y escuelas.

El resultado de estas acciones aún es incierto, pese a que se han conformado mesas de trabajo y que el tema ya se instaló en la agenda universitaria. Por eso me atrevo a configurar algunas líneas de reflexión que se desprenden de los estudios que he desarrollado a lo largo de estos años en torno a la conformación de políticas para la igualdad de género en instituciones formales y su relación con la emergencia de colectivos organizados de jóvenes estudiantes en el último lustro.

La interpretación que propongo sobre el activismo feminista universitario se desprende de entrevistas realizadas a varias colectivas en el periodo anterior a las tomas, información que en lo sustantivo deja ver que el problema central no es sólo la violencia contra las mujeres, sino la simulación e impunidad asociada a la respuesta institucional.

Lo que hoy enfrentamos es la expresión política de un conflicto latente en torno a la condición de género como relaciones de poder, que encuentran en el ámbito universitario un doble anclaje en torno a su posicionamiento formal: como campo de conocimiento y como política institucional. Con esto me refiero a que es importante distinguir la forma y el proceso que ha acompañado el ingreso de la discriminación y violencia contra las mujeres como un problema en las instituciones de educación superior.  

La producción del conocimiento sobre las relaciones de género aparece formalmente hace casi 40 años (cursos sobre feminismo, seminarios, publicaciones, redes de trabajo, cuerpos académicos, programas de estudio, revistas académicas, entre otros). Más reciente se han instaurado iniciativas para implementar una política institucional a favor de la igualdad y no discriminación dentro de las universidades, promover acciones que disminuyan las brechas entre académicas y académicos y entre estudiantes, así como investigaciones diagnósticas sobre situaciones de violencia en el espacio universitario, creación de unidades u oficinas, entre otras.

Los componentes de este doble anclaje se han ido retroalimentado, sin embargo, sus características difieren en relación a la influencia y legitimidad epistémica-política, y su capacidad de incidencia a nivel de la estructura institucional. En ese sentido no sólo cabe analizar la producción de conocimientos sobre las relaciones de género en tanto fruto de la investigación científica y su posicionamiento dentro de la esfera del saber socialmente legítimo, también es importante incluir el proceso de producción de este conocimiento que incluye el aspecto organizativo y las relaciones políticas que lo sustentan, y que se constituyen en factores condicionantes que restringen o favorecen la consolidación de un pensamiento crítico que abone a que la propia institución se observe  y cuestione sus prácticas.

Un ejemplo de ello ha sido la conformación de los protocolos de atención contra la violencia de género. La falta de reglamentos que auxilien en casos de denuncia o queja, así como las conductas negativas ejercidas por autoridades universitarias contra las víctimas se conjuga con los conflictos que se desprenden del desfase y las contradicciones de este doble anclaje.

Años de investigación y producción de conocimiento sobre violencia contra las mujeres desarrollado en las universidades cohabitan con la falta de atención a la problemática en el mismo espacio donde ese conocimiento se produce. 

Y es en este contexto donde emergen grupos organizados de universitarias que hacen visibles todas las formas de violencia experimentada por las estudiantes, profesoras y trabajadoras en los espacios educativos, confrontando la complicidad de las autoridades debido a la inacción en torno al despliegue de medidas formales para atender las denuncias y protección a las víctimas.

Sostengo que el núcleo del conflicto es lo que se denomina violencia institucional, categoría presente en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que refiere a los actos u omisiones de las autoridades que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicarlos diferentes tipos de violencia contra las estudiantes.

La política feminista que se desprende de la conformación y actuación de estas colectivas se relaciona con el doble anclaje de los procesos de incorporación de políticas de género en las universidades, debido a que, por una parte, el conocimiento y conciencia adquirida se ha dado mediante la formación en temas de género, y a su vez, es este conocimiento es lo que las lleva a exigir en sus propios centros de estudio políticas específicas que atiendan la violencia.

A través de estos saberes feministas se hace patente una sensación de hartazgo que atraviesa la experiencia vital de estas jóvenes de ser objeto de violencia dentro y fuera del ámbito universitario. Sin embargo, al espacio universitario se le exige más, porque en el imaginario colectivo es aquí donde ellas deberían estar seguras. La manifestación a través de las tomas, escraches, tendederos de la denuncia son una crítica abierta a la simulación e inacción de las instituciones universitarias en relación a las políticas de atención a casos de hostigamiento y acoso sexual.

Su vinculación con otras formas de activismo estudiantil es algo que también hay que destacar, es un feminismo en primera persona, porque no se desprende o añade a otros temas, como ha sido el proceso tradicional de las demandas estudiantiles. Es decir, en sí mismas, estas colectivas llevan inscrito un ejercicio político colectivo que en términos de organización interna y construcción de una identidad común plantea como prioridad el tema del cuidado, acompañamiento y contención entre pares.

Las colectivas no están constituidas únicamente por personas que han sufrido directamente los agravios relacionados con la violencia de género en la universidad, y eso es importante, porque destaca la solidaridad de grupo y la conformación de una identidad feminista que cuestiona las relaciones de poder a nivel estructural.

En este sentido la dimensión política se fundamenta en la denuncia y la exposición de los casos a partir de la constatación de la naturalización de la violencia en los espacios universitarios. La situación de agravio se vive a través de frases como “sí tocan a una, nos tocan a todas” “yo si te creo” “a mí me cuidan mis hermanas no la policía”.

En este momento no hay que perder de vista los efectos que la impronta de las colectivas puede generar. Y no sólo me refiero a la dimensión pragmática o los resultados asociados a sus demandas.

La protesta que acompaña al activismo feminista, en cualquiera de sus formas, nace estigmatizada. Ellas son conscientes de esto, saben que la movilización genera crítica, cuestionamiento, burla, menosprecio, e incluso más violencia. Quien protesta confronta, se atreve, reclama, y en el juego de los roles de género, estos comportamientos no son permitidos a las mujeres.

La hostilidad frente a la organización de estas colectivas y la represión de la protesta son parte de una corriente impulsada por las propias autoridades universitarias a través, nuevamente, del silencio y simulación. Urge estar atentas a estas formas de reacción que en lo sustantivo intentan mantener el estatus quo sobre la desigualdad de género en las universidades.

*Socióloga feminista, Profesora Investigadora UAEMorelos

19/DCC/LGL

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