Cuando se habla de prevención de la violencia comunitaria contra las mujeres y las niñas, es necesario considerar cómo se expresa, su origen, los mitos y creencias que influyen en el imaginario colectivo para expresar estas violencias, solo así se podrá incidir directamente sobre las causas estructurales que pueden ser las más complejas, porque involucran un cambio actitudinal individual y colectivo con el extrañamiento a esta práctica misógina.
Así, basta revisar que la Sentencia de Campo Algodonero tiene en común con la problemática el incremento de la desaparición de las niñas y las adolescentes en el Estado de México, en Veracruz, en Chihuahua y en otras partes del país, que la respuesta “normal” que asume el Estado es la que se traduce en la postura de las personas sean servidoras públicas, o no, frente a la desaparición de una niña.
Si revisamos casos graves como los de una niña en Oaxaca y una en Tlaxcala, ambos iniciaron como desaparición y no se tuvo respuesta inmediata de parte de los agentes del Estado, pero tampoco de la sociedad, justamente es que nadie intervino para evitar que una persona adulta se llevara a una niña de entre 11 y 12 años (la misma indiferencia frente al abuso de niñas explotadas sexualmente en las calles).
En el primer caso, una niña indígena que un trailero se llevó de un restaurante; el cuerpo apareció días después en la carretera de Puebla. Aquí es factible identificar la normalización del efecto de la sexualización de las niñas a partir de la menstruación que en ese imaginario colectivo las convierte en mujeres, pues la idea común es que pueden decidir libremente con quién tener una relación sexual.
No pasa por la cabeza que si un hombre adulto se lleva a una menor de edad, eso se trata de un secuestro, un delito en sí, incluso la norma lo denomina rapto o estupro bajo figuras eufemísticas que naturalizan el abuso sexual de las niñas en nuestro país. Igual sucede con la respuesta colectiva de que se trataba de una “prostituta”, lejos de entender que una menor de edad no puede bajo ningún contexto ejercer la prostitución, sino que se trata de un caso de explotación sexual.
Ahí encontramos un tercer elemento decisivo en esta construcción colectiva de la violencia contra las niñas, en tanto no se eliminen esas figuras que promueven y toleran el abuso de las niñas. (Ya en la primera parte de este artículo mencionamos la expulsión del hogar por cuestiones económicas, además de la idea de la competencia sexual de las niñas con sus madres).
En Tlaxcala, otro caso de una menor de edad desaparecida involucra condiciones y contextos similar al que ya había sido expuesto y denunciado en Campo Algodonero cuando se señalaban causas basadas en estereotipos de género respecto a que las niñas “se iban de voladas” porque “eran muy novieras”.
En el caso del centro del país y en otras entidades, la respuesta colectiva que incluye autoridades y a la sociedad es que las niñas se van de “fiesta”, “se van con el novio”, son unas “ofrecidas”, y si bien Campo Algodonero data de 2009 y esto tendría que haber sido un factor clave en la construcción de herramientas para la prevención de la violencia comunitaria, eso se dejó pasar.
En las recomendaciones que el Comité de Expertas le dio en respuesta al Informe 7 y 8 de la CEDAW, del Estado Mexicano, ya se había hecho la observación de un incremento en la violencia y la desaparición contra las adolescentes como se traduce el documento, una vez más en 2011 se hacía evidente un problema que es la violencia contra las niñas a partir de su sexualidad.
En los casos más recientes, la causa de la desarticulada respuesta de la sociedad y el Estado frente a la desaparición de niñas y adolescentes es la misma, esa sexualización que lo mismo sirve a un servidor público para justificar la violencia del rapto, el estupro, el abuso y el engaño sobre las niñas que viven violencia en sus hogares, y encuentran en la relación con una persona la escapatoria a esos contextos de violencia, y a la sociedad para permanecer indiferente.
Una niña que es feliz en su casa, apoyada y abrigada, protegida y cuidada por su familia no tendría que estar buscando una escapatoria que la lleva a ser víctima de la trata, la explotación sexual, la desaparición, el matrimonio-maternidad adolescente, matrimonio servil y con abuso y violencia, y finalmente la violencia feminicida.
El claro desconocimiento y vinculación entre la causa y los efectos de la violencia en las niñas, fue el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, que en el cuadro de Factores de riesgo asociado a la violencia y la delincuencia menciona el embarazo adolescente, enfoque que contribuye a la criminalización y el estigma de las niñas embarazadas sin una visión de fondo de las causas estructurales.
El tema es mucho más complejo y hondo, y valdría la pena que en medio de la Iniciativa Spotlight se revise la sexualización de las niñas en México como uno de los contextos claves de la causa de la violencia y también fundamental para construir la prevención de la violencia comunitaria.
