Ciudad de México. Mujeres indígenas de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo, alertaron que no cuentan con atención, información ni abastecimiento de productos de primera necesidad para afrontar el COVID-19, por lo que llamaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno a coordinarse con los pueblos indígenas para garantizar la protección a su salud y sus derechos.
Así lo dieron a conocer en un comunicado, el Centro de Formación y Capacitación para Mujeres (Cefocam-K’inal Antsetik), Cooperativa Jolom Mayaetik y la Red de Cooperativas del Sur (Recosur), K’inal Antsetik-Chiapas, en el que participan mujeres indígenas de varios municipios de Los Altos de Chiapas; Marqués de Comillas, Ocosingo, Selva en Chiapas, así como de los estados de Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.
Las mujeres reflexionaron a través de distintas formas de encuentro sobre el impacto económico, social, político y de violaciones a los Derechos Humanos que traería el COVID-19 en sus contextos y concluyeron que existen graves riesgos a su salud toda vez que en las zonas indígenas y urbanas no hay condiciones para garantizar la debida atención, con información y abastecimiento de productos de primera necesidad para las familias indígenas.
Explicaron que a pesar de algunos esfuerzos de las autoridades municipales para controlar los altos costos de productos de primera necesidad, el maíz, frijol, azúcar y arroz se encarecen cada día. También señalaron que no les es posible acatar de todo el lema gubernamental “Quédate en tu Casa” debido a las condiciones de pobreza y marginación en la que viven, por lo que deben seguir saliendo a trabajar.
“Lo comprendemos, pero quién va a cubrir la alimentación de nuestras familias. Qué haremos las tejedoras, alfareras y bordadoras, así como otras mujeres campesinas, si no contamos con recursos económicos, para comprar lo más esencial en estos momentos: garantizar agua, jabón para lavarnos las manos, como tanto es anunciado en los medios de comunicación”, expresaron las mujeres.
Con respecto al riesgo de que aumente la violencia dentro de los hogares, las mujeres indígenas también pidieron a las autoridades municipales, estatales y federales, particularmente a la Secretaría de Salud, prohibir la venta de alcohol en zonas rurales y urbanas, y que las instancias de procuración de justicia para las mujeres se mantengan alertas.
Las indígenas exhortaron a las autoridades del poder judicial a que abran los juzgados familiares para dar atención a los casos de violencia hacia las mujeres y denunciaron que estas autoridades –encargadas de emitir órdenes de protección– no están dando servicio a la población en Chiapas.
También exigieron garantizar el respeto a los derechos laborales de la población jornalera, ya que –señalaron– no hay la suficiente información ni documentación de la situación de estas y estos trabajadores que están regresando desempleados a las zonas indígenas.
Las mujeres enfatizaron la necesidad en esta contingencia de garantizar el libre acceso y respeto mutuo a las y las trabajadoras de Salud; también pidieron la coordinación entre los pueblos originarios y las instituciones de salud para el equipamiento de las clínicas médicas móviles con medicamentos básicos y equipo de protección personal para trabajadoras de la salud; incluyendo a parteras y las comisiones de salud de sus regiones indígenas.
Pidieron que esta coordinación entre las instituciones de salud y los pueblos sirva también para concientizar en lenguas originarias sobre el contagio del COVID-19 a través de campañas en radio y medios de comunicación accesibles a estas regiones.
“Nosotras seguiremos sumando esfuerzos y defendiendo nuestra tierra y territorios, porque son la vida y hoy, se encuentran en riesgo por un virus que su origen y propagación responde a muchos factores e intereses, pero también desnuda la realidad de quienes sí pueden permanecer en casa y de quienes no lo podemos hacer. Las diferencias de clases están presentes, así como la discriminación, explotación y violencia contra los y las pobres del mundo. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos económicos y sociales de la sociedad y no debe permitir que se violen los derechos individuales y colectivos de la población”, concluyeron las indígenas.
En México existen 7 millones 382 mil 785 personas mayores de 3 años de edad hablantes de lenguas indígenas, entre ellas 51 por ciento son mujeres.
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