Ciudad de México. Bajo el efecto de las medidas de contención para enfrentar la pandemia del COVID-19, hay un subregistro de las violencias que sufren niñas y adolescentes en México y en Centroamérica. Esta fue una de las conclusiones de expertas que participaron en un Webinar de «Tejiendo Redes de Infancia“.
En el diagnóstico que hicieron Ana Graciela Cabrera, Coordinadora del Área de Mujeres, Paz, Seguridad, Justicia y Asistencia Humanitaria de ONUMujeres en Guatemala, María Salguero, Geofísica y creadora del Mapa Nacional de Feminicidios en México, y la defensora de 18 años, Melissa, de El Salvador, constataron que los Estados no dan seguimiento a las medidas que se anuncian al nivel gubernamental para contrarrestar la violencia en tiempos de la pandemia.
Cabrera reportó que en Guatemala existen medidas de prevención y confinamiento, se pararon las escuelas, y se estableció un toque de queda, de las seis de la tarde hasta las cuatro de la mañana. «Lo primero que hemos visto es una baja del 65 por ciento de denuncias de violencias contra mujeres a través del Ministerio Público“, narró. Las mujeres no pueden reportar por varias razones: Uno, porque ya no tienen autonomía económica, muchas mujeres trabajando en el sector informal perdieron su empleo.
La segunda razón es que «el poco dinero que tienen no lo invierten en tiempo de aire o telefonía». La tercera, que el confinamiento las aleja de sus redes sociales normales, como las familias u organizaciones. Y la cuarta razón es la restricción de movilidad de ciertas horas: «Para mujeres que viven en aldeas lejanas, no les permite ir y volver el mismo día», dijo la experta. También la suspensión del transporte público dificultaría el traslado en casos de emergencia.
Contrario a las cifras de denuncias reportadas por los Ministerios Públicos, ONU Mujeres en Guatemala registró un incremento en llamadas: si antes de la pandemia fueron 55 denuncias diarias, dos de ellas sobre violencia sexual, sobre todo violación, ahora son 125 denuncias diarias, y de tres a cinco de ellas, violaciones.
«El Estado mexicano nos debe estadísticas de calidad“, exigió María Salguero, la creadora del mapa de feminicidios en el país. Un ejemplo de datos contradictorios sería que la Secretaría de Gobernación habló de un incremento de 100 por ciento de violencia contra mujeres. En cambio, el gobierno de la Ciudad de México habló de un subregistro. Salguero mencionó varios casos de feminicidio de adolescentes, o feminicidio infantil que ocurrieron durante el confinamiento.
El confinamiento agrava la situación de violencia familiar
En la mayoría de los casos, el supuesto perpetrador venía de la familia de la víctima, por ejemplo, el padrastro. «Tengo a 21 niñas y adolescentes asesinadas, entre el 16 de marzo al 20 de abril. En el caso de violencia sexual la vemos principalmente de parte de padrastros. O padres que asesinan a golpes a sus hijas. Por el confinamiento también, porque hay situaciones de estrés», opinó.
Melissa, de El Salvador, narró que la Corte Nacional de Justicia del país habilitó un número de emergencia para mujeres que vivían violencia sexual, el 24 de abril, y que tan sólo en los primeros cinco días se recibieron 129 llamadas. Lamentó que con el inicio de las medidas de contención, se hayan detenido los procesos de justicia. «Sólo dan asesoría de cómo hacer una denuncia, si yo tuviera un problema en mi hogar, no me ayudan y no me sacan del lugar donde estoy», dijo.
También se mostró preocupada por un aumento de la violencia sexual hacia niñas y adolescentes, y la falta de acceso a planificación familiar. «Muchas niñas violadas, están abandonadas», constató. «Se han detenido todos los sistemas de planificación familiar, de la distribución de anticonceptivos, es una cifra muy preocupante. Hay una falta de educación sexual integral en El Salvador. En 2017, tuvimos 20 mil niñas y adolescentes embarazadas, ¡el sistema de educación les está fallando a las niñas y adolescentes!»
Ante las ponencias, una persona de la audiencia comentó que sería necesario definir los servicios «esenciales», que siguen trabajando bajo las condiciones de la pandemia, y que la definición debería de incluir a los servicios que atienden a la población infantil, tanto en acceso a la salud reproductiva, la justicia, y la seguridad como a la salud mental, por ejemplo. Se mencionó que también la cifra de suicidios aumentó en El Salvador durante el confinamiento.
Juan Martín Pérez García, de Redim, recordó que según las proyecciones de científicas y científicos, el encierro que se vive ahora «será recurrente, restringido a regiones o ciudades. Eso significa pensar en albergues para mujeres y niñas». Otras de las buenas prácticas que las panelistas observaron en otros países del mundo, eran cadenas de hoteles habilitadas para personas en situación de crisis, la campaña «Mascarilla-19» en España, donde las mujeres pueden pedir ayuda en farmacias, líneas de ayuda donde niñas o adolescentes pueden contactar a las autoridades vía WhatsApp, o, en Guatemala, el número 1562, que nos es gratuito, pero recoge prueba en tiempo real con un sistema georeferenciado, para ayudar a mujeres y niñas en situación de riesgo.
Ana Graciela Cabrera recordó además que en el caso guatemalteco, sería muy difícil investigar la cantidad de denuncias que llega al sistema de justicia, y que de acuerdo con las recomendaciones de la CEDAW, también se pueden aplicar mecanismos ancestrales en los pueblos originarios, para garantizar los derechos de la niñez y de las mujeres. En tanto, Melissa, desde El Salvador, consideró necesario monitorear los sistemas de protección en el país. «Muchos países no están trabajando en poder realizarlo», dijo. «Hay que presionar al Estado, para que asigne los presupuestos».
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