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Pin Parental vulnera interés superior de niñez y adolescencia

Por Anayeli García Martínez
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Ciudad de México. Legislar el Pin Parental, es decir, la posibilidad de que madres y padres de familia eviten que sus descendientes reciban educación sobre salud sexual y reproductiva, vulnera el interés superior de niñas, niños y adolescentes al negarles información científica y laica.

La secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Gabriela Rodríguez, reiteró que el Pin Parental va en contra de la Constitución Política federal que garantiza el derecho a la educación, incluyendo la educación en sexualidad.

Al participar este lunes en un foro virtual, junto con las representantes de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS), Esther Corona Vargas y de Ipas México y Centroamérica, María Antonieta Alcalde, la funcionaria coincidió en que la educación integral en sexualidad es un derecho.

Hasta junio, legisladores de los congresos de Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León y Querétaro, han propuesto modificar sus leyes locales de educación para establecer que las y los tutores de menores de edad tengan la posibilidad de evitar que en las escuelas sus hijas e hijos no reciban ni accedan a contenidos sobre sexualidad o que contravengan sus creencias éticas, morales o religiosas.

Para las agrupaciones civiles estas reformas son un retroceso en los Derechos Humanos de las mujeres y niñas porque podrían incrementar el embarazo infantil y adolescente, la violencia en el noviazgo y el desconocimiento de métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual y del derecho a decidir sobre el cuerpo propio.  

El pasado mes de mayo el Congreso del estado de Aguascalientes reformó la Ley de Educación estatal y la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Aguascalientes para permitir que madres y padres puedan negarse a que sus descendientes reciban información en actividades educativas contrarias a sus creencias morales y a su ideología.

Ante esto, las agencias de Naciones Unidas se pronunciaron el pasado 16 de junio al publicar un comunicado en donde señalaron que si bien las personas adultas como padres, madres, cuidadores o instituciones de protección, tienen la responsabilidad de la crianza y el desarrollo de niñas y niños bajo su tutela, esa responsabilidad no es discrecional ni absoluta, sino que está condicionada a que las y los menores de edad puedan ejercer plena y prioritariamente sus derechos.

Las representaciones de UNICEF, UNESCO, UNFPA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertaron además que la reforma educativa en Aguascalientes abría la puerta para que padres, madres y cuidadores puedan ejercer violencia contra niñas, niños y adolescentes como método de disciplina.

En Aguascalientes, la semana pasada la Comisión Estatal de Derechos Humanos anunció que presentaría una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las reformas aprobadas por el Congreso al considerar que se vulnera el derecho a la educación y la salud sexual de las y los menores de edad.

A su vez, diferentes colectivos promovieron un documento en la plataforma web change.org para pedir que la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra presentará una acción de inconstitucionalidad ante  la Suprema Corte para que el organismo se pronunciara por los derechos de las y los niños.

La propuesta de establecer en las leyes una restricción a la educación sexual se ha extendido en los Congresos del resto del país. Por esa razón, la Secretaría de Gobernación junto con el Sistema Nacional Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se han opuesto a estas reformas públicamente.  

En mayo el Congreso de Nuevo León debatió el Pin Parental, es decir, reformar la Ley de Educación estatal para que los padres de familia eviten que sus hijas e hijos reciban educación sexual. El 29 de mayo la propuesta legislativa fue rechazada al no alcanzar los votos necesarios y ante las críticas de la sociedad civil.

Es por ello que legisladoras que se consideran “providas” y que militan en el Partido Encuentro Social, promotor del Pin Parental, han señalado que el llamado de la Segob es un ataque a la familia. Por ejemplo, la diputada de Chihuahua, Marisela Sáenz, y la diputada de Querétaro, Elsa Méndez, exigieron públicamente a la Segob que no interfiera en los Congresos locales.

Cabe recordar que la Ley General de Educación establece que la educación debe contar con un enfoque de Derechos Humanos y con perspectiva de género, y que la educación sexual y reproductiva debe formar parte de los planes de estudio.

20/AGM/LGL

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