Hace unos días circuló la noticia en Milenio y en MSV que había dos niños, Nico y Mateo, que habían nacido prematuramente producto de un embarazo gemelar contratado por una pareja norteamericana a través de una empresa denominada FERTICARE. Uno de los bebés nació con hidrocefalia, sordera inicial y desprendimiento de retina.
Nacieron en un hospital de Star Médica. Su madre, una mujer en una grave situación de vulnerabilidad, fue abandonada por FERTICARE y la pareja norteamericana. Los niños acabaron en el Hospital General de México donde un médico que estaba involucrado con FERTICARE, presentó una denuncia por abandono de personas a la madre y la abuela, cuando en realidad hay trata y tráfico de niños y no precisamente de la madre y la abuela.
Este tipo de casos abundan en nuestro país y lo más grave es que en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Ciudad de México y del Estado de México se han presentado iniciativas para legalizar la explotación reproductiva de las mujeres pobres. Lo que querría decir que el Gobierno de México no se tendría que preocupar por garantizar oportunidades de trabajo para las mujeres en mayor grado de exclusión, ya que traen integrados los medios de sobrevivencia precarizada en el cuerpo.
Fue por eso y porque el mismo fenómeno se está presentando en muchos países, sobre todo los que están en vías de desarrollo y más aún con la grave recesión económica que ha sembrado la pandemia del COVID-19 en el mundo, que la Coalición Internacional por la Abolición de la Explotación Reproductiva elaboró una propuesta de Convención internacional que fue entregada en La Haya el pasado 12 de octubre y emitieron el siguiente comunicado de prensa:
”La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado prosigue su trabajo sobre la regulación internacional de la gestación subrogada. El grupo de trabajo dedicado a este proyecto legislativo se reunió de nuevo del 12 al 16 de octubre. La Conferencia niega tomar partido a favor o en contra de la práctica, al tiempo que afirma que, dado que existe, sería necesario regular las consecuencias vinculadas a los ‘acuerdos de gestación subrogada de carácter internacional’.
Con esta posición, la Conferencia de La Haya reconoce de facto la aceptabilidad de la subrogación. Además, legitima y fortalece el mercado mundial de niñas y niños recién nacidos generados por esta práctica. Al afirmar que la única solución es regularla a nivel internacional, supone hacer creer que la mera existencia de una práctica la hace inevitable, que lo inevitable significa aceptable y que la aceptación requiere regulación.
Este razonamiento es pernicioso y tan inconsistente como falaz. Sólo regulamos cuando suscribimos fundamentalmente lo que es una práctica. Por ejemplo, la esclavitud existe y persiste a pesar de su abolición y prohibición. Sin embargo, nadie piensa en regularla por considerarla inexorable. El mismo razonamiento es válido para la trata, la venta de niños y niñas o la violencia contra las mujeres. La pena de muerte existe y se practica incluso en Estados democráticos de derecho.
Sin embargo, ninguna organización internacional se está movilizando para regularla a nivel internacional. Todo lo contrario porque todas estas prácticas -esclavitud, trata,venta de niñas y niños, violencia contra las mujeres, pena de muerte- se consideran contrarias a los Derechos Humanos. Y el hecho de que existan no significa que requieran ser reguladas. Cuando una práctica social ataca por su propia naturaleza los Derechos Humanos, nunca se regula para aminorar el daño que provoca. Se lucha por su abolición.
La subrogación viola el principio mismo de la dignidad humana, que es el fundamento de los Derechos Humanos. La mal llamada gestación subrogada se basa en violencia médica, obstétrica, simbólica, económica y psicológica contra las mujeres. Es una práctica que convierte a las mujeres en instrumentos y transforma la vida humana en objeto de contrato. Respetar los Derechos Humanos de las mujeres significa considerarlas seres humanos, no meras «gestantes».
Contrariamente a lo que la Conferencia de La Haya quiere hacernos creer, para respetar los derechos de los niños y las niñas, primero debemos considerarlos como seres humanos, no como objetos que se pueden obtener por encargo y contrato.
La regulación de una práctica que viola los Derechos Humanos desemboca en el debilitamiento y la devaluación de éstos. Para que continúen siendo respetados, la única solución es abolir tales prácticas.
CIAMS, coalición internacional de organizaciones feministas, ha elaborado un proyecto de Convención Internacional para la Abolición de la Gestación por Sustitución.
Y alentamos a los Estados a que se atrevan a luchar contra el mercado de seres humanos, a que se atrevan a rechazar la instrumentalización de las mujeres, de todas las mujeres, en todo el mundo.
La valentía política consiste en no ceder a la propaganda comercial de la industria globalizada de la subrogación. La valentía política es trabajar por la igualdad entre mujeres y hombres y abolir una práctica patriarcal y reaccionaria.
Ahora tiene la palabra nuestro Secretario de Relaciones Exteriores, que ha predicado su compromiso con las mujeres, para apoyar como Estado parte de las Naciones Unidas esta Convención e inclusive hacer suya esta iniciativa.
Ojalá y tenga la sensibilidad la Secretaría de Relaciones Exteriores de defender a las mujeres en mayor grado de exclusión, que son generalmente las que se reclutan para ser usadas como incubadoras y reciben un mínimo porcentaje de lo que cobran las empresas que se dedican a esta industria de explotación reproductiva, también mal llamadas de técnicas de reproducción asistida.
También confiamos en que el secretario Marcelo Ebrard tendrá la altura de miras para no convertir a nuestro país en un destino del turismo internacional reproductivo, como ha venido sucediendo hasta el momento.
Finalmente esperamos el respeto del interés superior de la niñez y a la Convención de los Derechos de la Niñez y sus protocolos adicionales.
20/TUZ/LGL
