Los ataques a los fideicomisos, incluyendo los que se destinan a financiar proyectos de investigación, ciencia, tecnología o cine y el reciente anuncio de que el Conacyt dejará de cubrir los estímulos de sus integrantes que trabajan en universidades privadas, son síntomas de un mal más profundo que la austeridad a ultranza. Denotan un afán de control de las instituciones de educación superior, cuyo fin es promover el pensamiento crítico y formar a profesionistas y especialistas en diversos campos del saber, pero también reflejan una creciente tendencia anti-intelectual, ya manifiesta en el discurso presidencial que erige la lealtad por encima de la experiencia o una supuesta “justicia” por encima de las leyes y el derecho.
Las constantes descalificaciones a quienes critican las decisiones y proyectos presidenciales o la actuación del partido en el poder en las cámaras, la denostación de ONG que durante años colaboraron con el gobierno o suplieron sus deficiencias en relación con mujeres, comunidades indígenas o de Derechos Humanos, entre otras, han contribuido a configurar a especialistas y defensoras como parte de un ente fantástico hambriento de dinero y privilegios, imagen esbozada en el discurso polarizador que ha caracterizado a esta administración y persiste aún bajo la emergencia sanitaria.
No es de extrañar entonces que el reciente embate contra los fideicomisos destinados a la investigación científica haya ido acompañado de una representación de la academia como un grupo de personas perezosas y corruptas, que viven “demasiado bien”, según quién sabe qué criterios. Descalificar a todo un conjunto de grupos diversos que no sólo forman y educan a las futuras generaciones sino dedican años a proyectos de largo alcance para contribuir a la comprensión y solución de problemas nacionales, desde la violencia y la migración hasta el cambio climático y la salud, por sólo mencionar algunos, es irresponsable y dañino tanto para la academia y para la sociedad. ¿Qué mensaje se envía a las jóvenes que aspiran a dedicarse a la ciencia? ¿Cómo promover el amor al estudio y a la investigación, al descubrimiento y a la creación, si la especialización se declara inútil y los especialistas se configuran como fantoches prescindibles?
Integrantes destacadas del CINVESTAV, CIDE, UNAM y otras instituciones, han expuesto ya sólidas razones para preservar los fideicomisos, que el Senado debe escuchar si pretende actuar como cuerpo representativo de la sociedad y sus intereses. Diversos expertos han cuestionado ya la arbitrara gestión del Conacyt y su decisión de cortar fondos a investigadores de universidades privadas, medida que desprecia sus aportes sólo por el contexto en que trabajan- y por tanto, discriminatoria- y quita parte de su ingreso a quienes dependen de éste para desarrollar su trabajo y para vivir.
Además de defender los fideicomisos y la equidad dentro del SNI – que no puede seguir llamándose “nacional” si el Estado decreta que parte de sus integrantes no merece más que un reconocimiento simbólico-, es necesario defender los trabajos de docentes e investigadores que en su mayoría actúan con ética y dedican más tiempo a sus estudiantes y a la investigación de lo que las autoridades parecen creer.
¿Qué hace una profesora-investigadora? Además de preparar y dar clases – a veces cuatro materias por semestre-, corrige trabajos, asesora a estudiantes fuera de clase, evalúa tesis, y en su “tiempo libre” hace investigación. También da conferencias, en general sin pago o sólo simbólico; asiste a congresos para intercambiar hallazgos y actualizarse. Si forma parte del SNI debe publicar artículos en revistas arbitradas, participar en cuerpos académicos, hacer dictámenes y evaluaciones para Conacyt, revistas y otras instancias.
Si prefiere escribir un libro, tendrá que multiplicar las horas del día porque desde hace tiempo la burocracia determinó otros criterios para ganar puntos, y éstos representan ingresos y prestigio. Si prefiere hacer difusión, tendrá que hacerlo después de cumplir con las publicaciones académicas obligadas. Además, tendrá que dedicar varios días a llenar formatos para ser evaluada por el SNI, y su centro de trabajo si éste también lo exige. Lejos estamos de esa imagen de inutilidad y ocio que se desprende del imaginario gubernamental.
La academia tiene problemas, desde luego, forma parte de la sociedad. Hay SNI III acosadores y violentos, no todo mundo es honesto y ético, ha habido desvío de recursos en universidades públicas, hay intereses empresariales en universidades privadas y públicas. Nada de esto justifica tachar de un plumazo la dedicación y aportes de miles de personas cuyo trabajo es imprescindible para el país.
En vez de decretar medidas contrarias al desarrollo de la ciencia y del país, el gobierno debería impulsar la investigación y la educación de calidad. A su vez, el Conacyt debería consultar a la academia para des-burocratizarse y emprender una verdadera democratización de la institución. Democratizar no es abaratar ni imponer una visión monolítica y excluyente; implica pluralidad y diálogo.
20/LMP/LGL
