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Represión, la constante en las marchas feministas

Por La Redacción

Ciudad de México. Luego que la tarde de ayer, policías municipales reprimieron con balazos la manifestación convocada por colectivas feministas por el feminicidio de la joven Alexis, ocurrido hace unos días en Cancún, Quintana Roo, Andrés Manuel López Obrador dijo que a quien le toca investigar qué sucedió, quién es el responsable, el autor intelectual y sancionar, es al gobernador Carlos Manuel Joaquín González, y si esto no ocurriera, entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos deberá intervenir.

Cuestionado al respecto en la conferencia mañanera, López Obrador dijo que no se debe utilizar la fuerza, ni armas, ni disparar porque eso son actitudes autoritarias, “no a la represión, es lo que podemos decir”.

Agregó que se trata de un tema de la policía de Quintana Roo y que hay dos versiones, una que tuvo que ver con el gobierno municipal y la otra que fue la policía estatal. En este sentido dijo que hay un mando único, por lo que la policía tiene el control de las policías municipales.

“No debe haber impunidad, no debe haber protección a nadie, pero en el caso de que no se aclaren los hechos y se deslinden responsabilidades y no se castigara a quienes dieron la orden y a quienes actuaron, los afectados deberían de acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, quien deberá abrir el expediente.

Alexis

El pasado 9 de noviembre, la Fiscalía General del estado, informó en un boletín, que inició la carpeta de investigación 11/6/2020 por el delito de feminicidio “en agravio de una persona de 20 años de edad que fue localizada sin vida y con claras huellas de violencia”.

De acuerdo con el comunicado, al lugar llegaron policías de investigación, peritos de diferentes especialidades y personal adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, y precisó que la víctima ya había sido identificada por sus familiares.

Los medios locales informaron que la joven de 20 años de edad, desapareció en Cancún, Quintana Roo, el pasado 7 de noviembre y que fue vista por última vez en Benito Juárez, mientras que sus amigos afirmaron que ella salió de su casa para vender unos productos cerca del Fraccionamiento La Joya.

El Protocolo Alba fue activado por la Fiscalía el 8 de noviembre, un día después de su desaparición; sin embargo, horas más tarde, se informó del hallazgo del cuerpo de una mujer en bolsas, en un fraccionamiento de la región 252 de la ciudad.

Una persona reportó al 911 el hallazgo, y personal de la Fiscalía acudió al lugar y realizar el cotejo de información, por lo que pudo ser identificada por sus familiares.

Desde ese momento, las colectivas feministas que acompañaron a la familia de Alexis convocaron a una concentración este lunes en punto de las 17 horas en las Fiscalías de los municipios de Quintana Roo.

Cabe recordar que en diciembre de 2015, se solicitó la Alerta de Violencia de Género concretamente para los municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y Solidaridad por registrar altos índices de violencia contra mujeres, la cual fue declarada el 7 de julio de 2017 en tres municipios: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a septiembre de 2020, en el estado se cometieron 58 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo nueve se investigan como feminicidio. En tanto la Fiscalía General del estado, registró en el periodo de enero a agosto de este año , la desaparición de 79 mujeres, de las cuales, 59 fueron localizadas con vida, 3 sin vida y 17 continúan pendientes de localizar. 

La concentración

Información de medios locales, precisa que la tarde de ayer, las colectivas feministas se dieron cita en la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo donde leyeron pronunciamientos y reclamaron justicia por el feminicidio de Alexis; en el lugar se reportaron disturbios pero no hubo elementos policiacos. De ahí partieron al Palacio Municipal de Benito Juárez, que se encuentra en Avenida Tulum, y en el camino se fueron sumando más contingentes, por lo que la protesta fue subiendo de tono.

Las puertas del Palacio, según se informó, se encontraban tapiadas con maderas para impedir el paso de las manifestantes; sin embargo, ello no logró que las derribaran para ingresar. Fue ahí cuando iniciaron las detonaciones con arma de fuego al aire y que los policías municipales salieron por los costados del Palacio para dispersar la protesta que ya se encontraba en la plaza central.

La represión dejó como saldo dos personas heridas por bala, se trata de los periodistas Reyna Cecilia Solís y Roberto Becerril, colaboradores de los medios locales “Radio Turquesa” y “La Verdad”, respectivamente. En tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que se atendió a 6 personas en las inmediaciones del palacio del Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún), así como a las 8 personas detenidas en las instalaciones de seguridad pública, mismas que, afirmó, ya se encuentran liberadas.

¿Quién dio la orden?

Entrevistada en un medio nacional, horas más tarde de la represión, la presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún, Mara Lezama Espinosa, negó haber dado la orden de disparar contra las manifestantes y dijo desconocer de dónde había salido esa indicación, no obstante, afirmó que en el estado hay un mando único y quien tiene el control de las fuerzas de seguridad, es el gobierno estatal.

Al mismo tiempo, el gobernador de la entidad, en su cuenta de Twitter, afirmó haber dado instrucciones precisas de no usar armas ni agredir en las marchas que se tenían programadas para el día de ayer.

La Secretaría de Gobernación por su parte, demandó a las autoridades estatales investigar hasta sus últimas consecuencias, la represión y agresión armada contra las feministas.

Exigen claridad

La Red de Feministas Peninsulares, y la Red de la Escuelita Popular Feminista Peninsular, condenaron las agresiones contra las manifestantes pues constituye un gravísimo ataque a la libertad de manifestación, organización ciudadana y la exigencia de justicia, además de la criminalización de la protesta y las posibles violaciones de Derechos Humanos.

Recordaron la obligación del Estado de garantizar la seguridad de las personas que se manifiestan por lo que exhortaron “a las autoridades involucradas realizar un disculpa pública, comprometerse a las reparación de daños de las personas afectadas, así como garantizar la no repetición de estos actos de represión”. 

En tanto, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, recordó al gobierno que las autoridades deben proteger y promover el derecho a la manifestación y que no debe hacerse uso de armas letales en protestas pacíficas así como que la policía debe regirse por principios de uso de fuerza que incluyen la necesidad, proporcionalidad, prevención y rendición de cuentas y pidió investigar y sancionar los ataques contra periodistas que cubrían la manifestación.

Otras organizaciones como la Red Nacional de Defensoras exigió la investigación de la cadena de mando responsable en el ataque armado realizado por la policía contra periodistas, defensoras y familiares de víctimas.

La represión, una constante

Reprimir a las manifestantes que exigen justicia, en su mayoría, por casos de feminicidio, no es nuevo. Hace apenas 3 meses, la policía municipal de León, Guanajuato, detuvo de forma arbitraria a 22 mujeres jóvenes y adolescentes y un hombre, violentó sexualmente a una niña de 17 años de edad y amenazó a las periodistas Melissa Esquivias Espinosa, reportera de Ágora; Alfonsina Ávila Ramírez, de Zona Franca; y Martha Silva Moreno y Brenda Orozco Hernández, de PopLab.

Durante las protestas feministas enmarcadas por la leyenda #JusticiaparaEvelyn, que se realizaron ese 22 de agosto para condenar el abuso sexual cometido una semana antes, el viernes 14, por policías municipales en contra de Evelyn Lizet Valdéz Virgen, los elementos de Seguridad Pública arremetieron con golpes y tocamientos contra las manifestantes que se daban cita de forma pacífica.

Durante esta administración, el gobierno federal ha negado en reiteradas ocasiones que la violencia contra las mujeres esté incrementando y sostiene que el feminicidio es un problema provocado por la política neoliberal que se resolverá con la moral y la Iglesia y ha dejado claro que el tema no es prioridad en los recortes al presupuesto para atender y prevenir la violencia que se tradujeron en recortes a los Refugios para víctimas de violencia, sus hijas e hijos, así como a los Centros de Atención Externa, y a las Casas de la Mujer Indígena que atienden a indígenas víctimas de violencia.

En febrero pasado, feministas se manifestaron afuera de Palacio Nacional durante la conferencia mañanera de AMLO para exigir ser escuchadas y por el atroz feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido el 10 de febrero, cuyas fotos fueron filtradas a la prensa.

En esa ocasión, las manifestantes pidieron una audiencia con López Obrador quien no las recibió y que ante la presión de la prensa, dictó, de forma improvisada, un “decálogo” en contra de la violencia contra las mujeres.

1) Estoy contra de la violencia en todas sus manifestaciones; 2) se debe proteger la vida de hombres y mujeres; 3) es una cobardía agredir a la mujer; 4) es una anacronismo, un acto de brutalidad el machismo; 5) se tiene que respetar a las mujeres; 6) no agresiones a mujeres; 7) no a crímenes de odio contra mujeres; 8) castigo a los responsables de los crímenes contra mujeres; 9) el gobierno se va ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres; 10) garantizar paz y la tranquilidad de las mujeres”.

En lo que va de esta administración, ningún familiar de víctima de feminicidio ha sido recibido por López Obrador, aún cuando en el país cada día, 12 mujeres y niñas son asesinadas.

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20/RED

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