Ciudad de México. De enero a noviembre de este año, la Casa de la Mujer Indígena (Cami) “Nellys Palomo Sánchez”, ubicada en el estado de Guerrero, atendió a más de 900 mujeres indígenas, no indígenas y afromexicanas, lo que representa un incremento de 44 por ciento de sus servicios de atención en comparación con 2019.
Sin embargo, a pesar del incremento de la demanda y de su desempeño, el gobierno federal a través de Secretaría de Hacienda redujo su presupuesto al 60 por ciento, como parte de la estrategia para combatir los estragos de la pandemia por COVID-19, dejando de lado la lucha contra la violencia de género en comunidades indígenas y afromexicanas.
En un comunicado, a propósito de la la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, esta Cami pidió al Estado brindar los recursos económicos necesarios para seguir atendiendo a las mujeres Tu´un savi (mixtecas) y Me´phaa (tlapanecas) del estado.
Otro dato proporcionado por la Casa de la Mujer Indígena “Nellys Palomo Sánchez” es que en lo que va del año las parteras tradicionales en la Cami han atendido 55 partos sin ninguna complicación, en comparación a 2019, que se registraron 35.
En este contexto reconoció que el «llamado a mantenernos en confinamiento se creó para mantener segura a la población y evitar que contrajeran COVID-19 pero al Estado se le olvidó cómo mantener a salvo a las mujeres de las violencias generadas por el machismo en los hogares».
“Solicitamos que el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador nos brinde un adecuado acompañamiento ante la situación que estamos pasando y que nos proporcione los recursos económicos que necesitamos para seguir trabajando por la defensa de los derechos de todas las mujeres indígenas, no indígenas y afromexicanas que se encuentran vulnerables”, expusieron.
De acuerdo con la Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 se crea el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, que fusiona dos programas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas: el Programa para el Fortalecimiento Económico de los Pueblos y Comunidades Indígenas y el Programa de Derechos Indígenas. De este programa saldrán recursos para financiar las 35 Cami que hay en el país.
En el documento, la Casa también exigió a las instituciones que realicen acciones afirmativas en favor de la salud de las mujeres y que brinden una atención apegada a Derechos Humanos con perspectiva de género e interculturalidad. Además, convocaron a todas las instituciones del Estado a adoptar medidas urgentes para combatir la violencia feminicida y de género.
La Cami señaló que a la pandemia de COVID-19 se suma la pandemia de feminicidio y violencia de género que acaba diariamente en México con la vida de mujeres y niñas. El informe “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016”, elaborado por la ONU, indica que en ese periodo la entidad guerrerense fue una de las primeras con más casos registrados de mujeres agredidas.
Mientras, datos de la Asociación Estatal Contra la Violencia hacia las Mujeres señalan que en 2020, la violencia feminicida se incrementó hasta cuatro veces más, en comparación a 2019 y principalmente en comunidades indígenas.
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