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COVID profundiza brechas en derechos laborales de mujeres

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Foto tomada de redes sociales

Ciudad de México. La pandemia por COVID-19 profundizó brechas y rezagos en los Derechos Humanos laborales de las mexicanas, quienes históricamente se ocupan en los empleos más precarios, por lo que se requiere transitar a una economía feminista que quite del centro del sistema económico los intereses de las corporaciones y se ponga en su lugar los intereses de las personas. 

Esta fue una de las conclusiones del «Conversatorio sobre Derechos Humanos Laborales», que organizó del lunes 23 de noviembre al viernes 27 el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC) y Fondo Semillas.  

Durante este conversatorio, la investigadora María Eugenia Ita, experta en economía de cuidado, explicó que si bien la participación laboral de las mujeres venía aumentando en México desde 2005 al primer trimestre de 2020 con 44.9 por ciento de ocupación femenina, a partir de abril de este 2020 la cifra disminuyó al 33.4 como consecuencia de la pandemia por COVID-19.

A esto se suma, observó la académica, que la pandemia triplicó el trabajo de las mujeres en el ámbito del hogar, lo que profundiza la alta informalidad, ingresos precarios, explotación y elevadas tasas de desempleo. 

Por su parte, las investigadoras Corina Rodríguez y Flora Partenio, de la Red Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), explicaron entre otros temas que la economía feminista visibiliza las dimensiones que están ocultas en la mirada convencional de la economía, como la importancia del trabajo de cuidado y del hogar para el sistema económico, y permite construir una economía al servicio de las personas y no al servicio de las corporaciones.

Esta perspectiva integra la visibilización de las cadenas globales de cuidado, que se refiere a los trabajos que ocupan mujeres migrantes, quienes pueden laborar gracias a que dejan a sus hijas e hijos al cuidado de otras mujeres en sus países de origen, explicó.

Asimismo, la economía feminista visibiliza la participación de mujeres y las dimensiones de género en las cadenas de valor, como es el caso de maquilas donde se contrata a más mujeres porque se les paga menos y tienen menor tendencia a la sindicalización. Con esto, las empresas buscan tener costos salariales más bajos para incrementar ganancias, detalló la consultora Susana Plascencia, quien recopiló la conclusiones del conversatorio. 

A este contexto se suma la privatización y criminalización de los bienes y servicios básicos para el sostenimiento de la vida, como la educación, lo que conlleva a que las mujeres se endeuden para acceder a estos derechos básicos, por lo que la apuesta de la economía feminista es disputar el conflicto entre el capital y la sostenibilidad de la vida, sacando del centro los intereses del sector privado y poniendo en su lugar los intereses de las personas. 

Frente a este contexto, los trueques solidarios, las redes de contención emocional, así como el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que hacen en sustitución de las ausencias del Estado, son estrategias creativas que ya están desarrollando las trabajadoras para hacer frente al contexto de desigualdad y violación a sus Derechos Humanos laborales, concluyeron las expertas. 

Por otro lado, la sindicalista Rosario Ortiz, de la Red de Mujeres Sindicalistas, recordó que México no ha ratificado el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre violencia y acoso sexual en el mundo del trabajo, lo que es una tarea del Senado de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

La sindicalista precisó que en América Latina sólo tres países (Colombia, Brasil y Argentina) han adoptado normativas específicas sobre el acoso y la violencia en el trabajo; en el caso de México, Chile y Venezuela se han adoptado legislaciones generales. 

No obstante, el derecho a la educación, vivienda digna, a la salud, al trabajo, al desarrollo y a la alimentación son los principales derechos que resultan afectados con la violencia laboral. Por ejemplo, algunas trabajadoras relataron que padecen cáncer y problemas con riñones como consecuencia de la explotación y violencia en sus centros de trabajo. 

20/AJSE/LGL

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