Ciudad de México.- Desde 2018, y especialmente durante la pandemia por COVID-19, las instituciones de salud que atienden a mujeres víctimas de violencia notifican cada vez menos al Ministerio Público sobre estas atenciones, de acuerdo con el nuevo informe de ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Esta información se dio a conocer en el estudio “La violencia feminicida en México: aproximaciones y tendencias”, que presentó ONU Mujeres México, Inmujeres y Conavim el pasado 18 de diciembre, y que analiza los datos contenidos en los certificados de defunción y las estadísticas recabadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Norma Oficial Mexicana para la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM-046-SSA2-2005) establece que las instituciones de salud deben notificar al MP las atenciones de violencia física y violencia sexual.
No obstante, de acuerdo con el estudio, las instituciones de salud públicas y privadas que atienden a mujeres víctimas de lesiones dejaron de dar aviso a los MP.
El número de lesiones por violencia física que fueron atendidas por una institución de salud y luego notificadas a un MP pasó de 7 mil 517 en el primer semestre de 2018 a 3 mil 972 en el primer semestre de 2020. Es decir, se observó un decremento de 47 por ciento en sólo dos años.
En el caso de la violencia sexual, la caída fue de 29.8 por ciento al pasar de 3 mil 438 atenciones notificadas al MP en 2018 a 2 mil 415 en 2020. En la violencia psicológica, el descenso en la notificación fue aún más marcado: de 17 mil 925 a 7 mil 242, es decir, 59.6 por ciento menos avisos al MP.
De acuerdo con el informe, las cifras de atenciones de mujeres por lesiones causadas por violencia física, sexual y psicológica, de las cuales se dio aviso al MP, mes por mes, durante los primeros seis meses de 2020, tuvieron un notable descenso de marzo a abril, cuando inició el confinamiento por la pandemia de la COVID-19, sin que la notificación haya repuntado en los meses siguientes.
“Las disminuciones que se aprecian en los meses de abril, mayo y junio podrían atribuirse a una reducción real de violencia por el confinamiento; sin embargo, otras fuentes no reportan dicha disminución, e incluso registraron un aumento de la violencia en un primer momento. También es posible que haya habido un desplazamiento de la provisión de servicios de atención a la violencia debido a la crisis sanitaria y la consecuente saturación de los servicios de salud, y que esto esté relacionado con el descenso en el porcentaje de aviso al MP en los últimos meses”, explicaron las instituciones.
No obstante, ONU Mujeres, el Inmujeres y Conavim observaron que aún cuando posible que estas cifras reflejen las dificultades enfrentadas por el personal de las instituciones de salud con atribuciones para notificar al MP durante el primer semestre de este año debido a la pandemia de la COVID-19, “se requiere habilitar una estrategia clara, protocolizada, para asistir a las mujeres que están en riesgo al volver a los espacios donde fueron violentadas”.
Para estas dependencias, la notificación que deben hacer las instituciones de salud al MP cada vez que atienden a una mujer víctima de violencia es importante porque no sólo tiene que ver con el acceso a la justicia, sino también con la prevención secundaria que puede ofrecer un servicio de primer contacto para que las mujeres puedan estar protegidas con medidas cautelares para detener y eliminar el riesgo de la escalada de violencia.
A esto se suma que no todas las mujeres que sufren algún tipo de lesión por violencia denuncian los hechos ante alguna autoridad de procuración de justicia. Muchas de quienes sí lo hacen también necesitan atención médica y servicios de urgencia para los casos de violencia sexual, ya que corren el riesgo de adquirir algún tipo de infección sexual, incluido el VIH/ SIDA, o de quedar embarazadas.
Las dependencias dijeron que es necesario contar con protocolos de referencia a los servicios de salud para aquellas mujeres que acuden en primera instancia al MP. Para tener información estadística en esta materia, es necesario desarrollar sistemas de información integrales que permitieran la trazabilidad de los casos.
De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, en 2018 (último año disponible) 77 mil 137 mujeres víctimas con alguna lesión acudieron a levantar una denuncia que quedó registrada en alguna carpeta de investigación abierta. En este mismo año, y por esa misma causa, solo quedaron registradas en las causas penales en primera instancia, 5 mil 716 mujeres víctimas según el CNIJE. Es decir, en ese año, apenas 7.4 por ciento de las víctimas tuvo acceso a un proceso judicial.
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